El TSJ anula la medida del Botánico que discriminaba a los mayores de 65 años que necesitaban un asistente personal

En concreto, se ha anulado la discriminación de las personas mayores de 65 años en la prestación de asistente personal ya que establecía una reducción a 1.825 euros mensuales a partir de esa edad, mientras que las personas más jóvenes recibían 2.350 euros. La sentencia indica expresamente que «la falta de una justificación razonable de la reducción implica su insostenibilidad jurídica y humana por lo que debe ser estimada la impugnación del recurrente».

En otro punto, reconoce el carácter residencial de todas las viviendas de atención a salud mental y elimina la diferenciación que estableció la anterior Consellería por no tener fundamentación jurídica. Este pronunciamiento viene a dar la razón a las movilizaciones y planteamientos llevados a cabo por AERTE desde la aprobación de este decreto y que provocaron el bloqueo del acceso al sistema de salud mental en estos recursos.

La repercusión jurídica de esta anulación es relativa ya que la actual Dirección General de Personas Mayores y Dependencia, dirigida por Beatriz Simón, ya había reconocido esta situación y establecido las herramientas para que las personas pudieran recibir los servicios adecuados a sus necesidades en salud mental.

Por último, apuesta por la profesionalización de los servicios de atención a la dependencia al no permitir equiparar un curso de 50 horas para ser asistente personal, cuando estos deben contar con titulaciones oficiales tanto universitarias como de ciclos formativos, algo que recogía el decreto impugnado y que afectaba de manera directa la calidad del servicio ofrecido a la persona en situación de dependencia.

«Desde agosto de 2022, insistíamos en las situaciones tan injustas que generaba este decreto para las personas usuarias de los servicios. Desde el Botànic se nos acusaba de estar mirando sólo por el interés económico de las entidades. Con esta sentencia ha quedado claro que el posicionamiento de AERTE no sólo era correcto, sino que velaba por las personas que atendemos«, ha señalado José María Toro, presidente de AERTE.

Por su parte la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha celebrado la sentencia del TSJ y al respecto ha destacado que además de modificar lo que indica el alto tribunal pondrá en marcha un plan de choque "para activar, aún más, un sistema de la dependencia que es fundamental para las personas mayores y para las personas más vulnerables".

En ese sentido, Camarero ha destacado en un comunicado que la anulación de estas disposiciones por "falta de justificación razonable e insostenibilidad jurídica y humana", va a permitir al Consell "dar marcha atrás y revertir estas cuestiones". La sentencia del TSJCV elimina la discriminación de las personas mayores en la prestación de asistente personal, apuesta por la profesionalización de los servicios y declara ilegal la regulación sobre las viviendas de atención a salud mental.

Se trata, ha explicado Susana Camarero, de anulaciones de varios preceptos recogidos en un decreto de la anterior Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por el que se modificaba el Decreto del procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas, y que fue recurrido por AERTE.

Por un lado, se ha anulado la discriminación de las personas mayores de 65 años en la prestación de asistente personal en comparación con las personas más jóvenes, ya que la cantidad económica a percibir se reducía en los casos de los más mayores, pasando de 2.350 a 1.825 euros. Esta reducción, según la sentencia, carece de una "justificación razonable" y, por lo tanto, de "sostenibilidad jurídica y humana", y muestra, según la vicepresidente segunda, cómo el gobierno del Botánico "daba la espalda a las personas más mayores, las más vulnerables y que más necesitan de nuestro compromiso y apoyo".