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El TSJ resuelve que no es competente para obligar al Gobierno a limpiar la zona devastada

 

El TSJ resuelve que no es competente para obligar al Gobierno a limpiar la zona devastada

El alto tribunal envía la demanda contra la inacción del Ejecutivo central al Supremo

A. Rallo

Valencia

Miércoles, 6 de noviembre 2024, 19:41

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha decidido que no es competente para obligar al Gobierno a destinar más medios a la Comunitat para eliminar el agua estancada en el área metropolitana y con ello evitar infecciones.

Una sección de lo Contencioso ha estudiado una demanda en la que se exigían las dos medidas anteriores como cautelares urgentes. El escrito pretendía que los magistrados corrigieran la «inacción» del Gobierno de España y que ordenaran esa actuación urgente. No se mencionaba nada del papel ejercido por la Generalitat valenciana ni por los Ayuntamientos implicados en la emergencia.

No ha sido esta una cuestión pacífica, ya que el asunto ha acabado dividiendo a los magistrados de la sección Cuarta de Contencioso, la jurisdicción encargada de resolver los recursos contra actos de la Administración. Se trata de la primera demanda que llega al alto tribunal por este motivo. Y, al parecer, procede de una asociación asturiana.

El TSJ ha resuelto que no es competente para adoptar una decisión en este sentido. Así, deriva el asunto a la Sala de lo Contencioso- Administrativo de Tribunal Supremo para que sean ellos los que diriman el fondo del asunto. Existe una doctrina que mantiene que independientemente de la competencia, el órgano que recibe la demanda puede pronunciarse sobre la adopción de las cautelares. De hecho, la decisión no ha sido unánime. Uno de los magistrados ha optado por un voto particular porque discrepa de sus compañeros.

Se trata de la primera demanda de este tipo. Pero no será la única. El TSJ tendrá trabajo en las próximas semanas, algo similar a lo que ocurrió durante aquellas primeras semanas de la pandemia con la falta de protección de los sanitarios y la denuncia a determinados altos cargos por las medidas para frenar los contagios por la Covid. Una actividad judicial que también fue intensa con las sucesivas declaraciones del Estado de Alarma que los tribunales acabaron tumbando.

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