Educación tendrá que contratar casi un millar de profesores más tras el varapalo del TSJCV

En la práctica la decisión obligará al departamento a crear cerca de un millar de plazas adicionales en los colegios e institutos públicos, cuyos docentes (seguramente procedentes de las bolsas de interinos) se incorporarán con el ejercicio rodado y con los horarios de grupos y clases ya establecidos.

Más allá del trastorno organizativo, la parte positiva es que supondrán nuevos recursos humanos para las escuelas, por ejemplo para desdoblar clases, facilitar el trabajo de los departamentos de orientación, para docencia compartida o para sacar adelante trabajo burocrático, por recurrir a algunos de los aspectos diferenciales entre las normas del Botánico y las instrucciones que sirvieron para sustituirlos cuando el equipo de Rovira decidió anular las primeras. También hay que tener en cuenta que habrá que pagarlos, por lo que debe generarse la necesaria dotación presupuestaria.

La otra opción pasa, de nuevo, por ganar tiempo, pues las dos resoluciones judiciales facilitadas por el TSJCV señalan que cabe presentar recurso de casación ante el Supremo, lo que sería la última bala de la administración para conseguir el levantamiento de la medida. Educación está estudiando esta opción.

Los acuerdos de plantillas (uno para Infantil y Primaria y otro para Secundaria) se pactaron con los sindicatos docentes a las puertas de las elecciones autonómicas y se firmaron y refrendaron en junio y julio de 2023, tras la cita con las urnas. Estos documentos establecían los criterios para determinar el número de maestros y profesores que precisaban los centros en función de su tamaño (número de unidades o aulas) y sus especificidades. Su aplicación sería progresiva, empezando en el ejercicio 2023-2024 y terminando de desplegar efectos en el actual, el 2024-2025.

En mayo de 2024 el equipo de José Antonio Rovira optó por denunciarlos, esto es, anularlos, al considerar que su tramitación había sido irregular, alegando que no contaban con la suficiente dotación presupuestaria y que se refrendaron cuando el Botánico estaba en funciones, y por tanto, debía limitarse a asuntos de despacho ordinario. Y para el curso actual se dictaron unas instrucciones provisionales con los criterios a tener en cuenta para la confección de las plantillas que sustituían a los acuerdos.

La decisión fue recurrida ante TSJCV por los sindicatos STEPV, CC. OO. PV y UGT PV, que lógicamente defienden la planificación diseñada por el Botánico como firmantes de los acuerdos, y a mediados de septiembre se aceptó la medida cautelar solicitada por los dos primeros, que implica invalidar las instrucciones y volver a los criterios anteriores. En esta resolución judicial, aunque sin entrar en el fondo, en si la denuncia fue ajustada a derecho, la sala ya advertía de que pudo ser extemporánea, es decir, haber llegado antes de tiempo, pues los acuerdos en los que es parte la administración sólo pueden denunciarse transcurrido un año desde su aplicación.

Los autos judiciales facilitados este martes reiteran, según fuentes del TSJCV, «que es evidente la concurrencia de un 'periculum in mora', el daño jurídico que podría derivarse del retraso en el dictado de una resolución definitiva», e incluso «la eventual pérdida de la finalidad legítima de los recursos». Es decir, que cuando llegara la sentencia esta no tuviera efectos en la práctica al haberse terminado el curso 2024-2025 sin disponerse del personal adicional derivado de los criterios botánicos.

Los efectos de la cautelar se materializan en la contratación de 833 profesionales más, cifra que se extrae del informe de la Dirección General de Personal Docente que acompañó el recurso de reposición y que dio a conocer el STEPV. En el documento se detallaban las consecuencias organizativas que tendría la aplicación de los acuerdos del Botánico. Con estas reglas de planificación, los centros de Infantil y Primaria con ocho o más unidades ganarían 183 plazas, quedando las restantes para los de Secundaria. Serían 52 para institutos que fusionan asignaturas en ámbitos, facilitando la presencia de dos docentes en el aula en algunas sesiones; 89 por el incremento de las horas que se tendrían que destinar a coordinadores y equipos directivos para ejercer sus funciones (casi todas con carga burocrática); 119 para los departamentos de orientación; 86 por horas de coordinación en ciclos formativos; 152 para desdoblar aulas de 3º y 4º de la ESO y otras 152 por el incremento de horas destinadas a las tutorías.

Fuentes del STEPV han explicado este martes, tras conocer la última decisión judicial, que se va a solicitar una reunión de urgencia al departamento autonómico para que aplique los acuerdos de 2023, además de exigir «la adjudicación inmediata de las 833 plazas que faltan por cubrir en los centros valencianos».

Desde CC.OO. PV, por su parte, han apelado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para que se cumpla ya la cautelar, pues dijo tras conocerse la primera decisión que su gobierno acataría las resoluciones judiciales.