El TSJ concluye que el Consell limitó la enseñanza de castellano con su decreto plurilingüe

El Tribunal Superior de Justicia ha dado un nuevo varapalo a la política lingüística del Consell al estimar parcialmente el recurso de la Diputación de Alicante y anular parte del articulado del decreto de plurilingüismo de 2017, la norma ideada por la Conselleria de Educación que fue derogada por iniciativa propia tras la ofensiva judicial planteada desde sectores políticos y educativos y tras anunciar la nueva ley plurilingüe.

La sentencia es llamativa porque afea a la Conselleria que con el sistema ideado, en la práctica, se limitó al máximo la posibilidad de estudiar en castellano en diferentes municipios, contraviniendo la doctrina del Supremo y el Constitucional. También le cuestiona la eliminación de la doble línea (medida justificada en que se segregaba al alumnado) y le advierte de que se limitó la elección de los padres, además de recordar que se han vulnerado preceptos constitucionales.

Incluso pone en tela de juicio cuestiones que se han incluido en la nueva ley de plurilingüismo. El fallo no tiene efectos inmediatos entre las familias, pues el decreto considerado parcialmente ilegal ya no estaba en vigor, pero sí evidencia que desde el punto de vista judicial la norma del Consell no se ajustaba a derecho.