El TSJCV tumba el intento de Escola Valenciana de frenar los títulos automáticos de Valenciano

El auto considera que no se cumplen los requisitos necesarios para adoptar una suspensión cautelar, como la existencia de un daño a la parte recurrente que, de no paralizarse la expedición, resultaría irreparable. Por tanto, el procedimiento de homologación continuará en funcionamiento, aunque el proceso judicial debe seguir su curso, pues la sección cuarta de la sala de lo contencioso administrativo tiene que pronunciarse sobre el recurso ordinario, con la sentencia correspondiente que, en los próximos meses, entrará en el fondo de la cuestión.

La homologación permite a los alumnos conseguir certificados oficiales de Valenciano en función de los estudios cursados, oscilando entre un A2 y un C1. Se trata de una escala progresiva (cuanto más alta es la etapa, más elevado el título reconocido) y el único requisito es haber superado la asignatura de Valenciano. El más alto, que equivale al antiguo Mitjà, se obtiene por alcanzar al menos un siete de media en la materia de Bachillerato o en el examen de selectividad. La medida cubre a las próximas promociones y también a las anteriores, exactamente a las que terminaron sus estudios al amparo de la Ley Orgánica de Educación de 2006.

Según recoge el auto, Escola Valencia intentó frenar la expedición alegando que «vulnera lo dispuesto en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas», en el sentido de que no se garantiza el conocimiento del valenciano necesario para reconocer determinado nivel conforme a este estándar europeo.

Los servicios jurídicos de la entidad también planteaban que de no suspenderse «se causarían graves perjuicios a todos aquellos ciudadanos que vayan obteniendo la certificación al adolecer de nulidad por no adecuarse a los parámetros establecidos» en el citado marco común. También se defendía que las certificaciones emanan de una ley (la de libertad educativa) que ha sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad, en referencia al que promovieron los diputados nacionales de Compromís integrados en Sumar, junto a los representantes de esta coalición y de Podemos, Bildu, ERC, Junts y BNG.

La sección cuarta ha considerado que Escola Valenciana no ha acreditado la existencia de un derecho que debe ser objeto de protección hasta que llegue una resolución definitiva, ni tampoco la existencia de un daño de difícil reparación. Por ejemplo, recuerda que no sirve con hacer un planteamiento general de los perjuicios que se ocasionarían, sino que estos deben ser concretados por la parte recurrente. Y además, para poder valorar la cautelar, estas consecuencias negativas concretas deben afectar a quien la pide, es decir, a Escola, que en su recurso sólo habla de supuestos inconvenientes para terceros: los alumnos y la administración.

«La mera expedición de certificados no puede entenderse que ocasionen perjuicio alguno, salvo si se considerasen nulos de pleno derecho, lo que supondría entrar en el fondo del asunto», dice el fallo, en referencia a que este aspecto no se entra a valorar en esta fase del procedimiento (llegará con la futura sentencia).

Además, la sala también destaca que «en todo caso, los perjuicios irreparables deben recaer sobre el favorecido por la suspensión y en este caso, no se produce», en el sentido de que se invocan daños «a los alumnos y a la administración pública», por lo que no se prueba «aun de forma indiciaria qué daños se ocasionarían al peticionario de la medida».

Finalmente, «la mera existencia de un recurso de inconstitucionalidad -contra la ley de libertad educativa- no constituye el objeto de este procedimiento y no produce la suspensión automática», se señala, antes de fallar en contra de la medica cautelar y de condenar en costas a la parte demandante (200 euros).

Desde la Conselleria de Educación se ha realizado una valoración «muy positiva» del auto, pues «remarca que la obtención de los certificados en ningún caso puede suponer un perjuicio para las personas, uno de los motivos por los que se ha procedido a la desestimación», en palabras del director general de Política Lingüística, Ignacio Martínez.

También ha defendido «que fracasa este nuevo intento de Escola Valenciana para boicotear la aplicación de la ley (de libertad educativa) como pasó con el recurso contencioso interpuesto ante el TSJCV, que ya fue inadmitido». Entonces el tribunal basó su postura en que la potestad para impugnar leyes autonómicas está limitado, pues sólo pueden hacerlo 50 diputados o senadores, el Defensor del Pueblo o el presidente del Gobierno a través de un recurso de inconstitucionalidad.

Hasta mediados de este mes se han emitido 56.591 homologaciones en favor de alumnos que terminaron sus estudios en los cursos previos. La gran mayoría se corresponden al C1, el más alto que se puede certificar automáticamente.