«Un tuit puede doler tanto como una puñalada»

Una grave enfermedad arrebató hace dos años la vida de un niño de 8 años valenciano, repleto de ilusión y sueños. Uno de ellos era convertirse en torero y, por ello, el mundo de la tauromaquia le brindó un sentido homenaje benéfico en la Plaza de Toros de Valencia. Eso le convirtió en foco de insultos y terribles deseos en las redes sociales por parte de antitaurinos. Hubo quien sobrepasó con creces la barrera de lo ideológico, anheló su muerte y lo proclamó, sin tapujos, a los cuatro vientos digitales.

Adrián ya no está para defenderse. Posiblemente tampoco lo hubiera hecho. Su lucha por la vida era más crucial que atender las atrocidades de adultos sin escrúpulos. Su padre, Fernando Hinojosa, es hoy una de esas 11.000 víctimas al año en la Comunitat cuyo daño llega con el mal uso del móvil, internet o las redes sociales.

Una frase del progenitor resume su sentir: «Un tuit puede doler tanto como una puñalada, se lo puedo asegurar», confiesa Fernando a las puertas de un juicio con tres personas acusadas en Valencia, Cataluña y País Vasco.

El procesado valenciano expresó en redes sociales: «Qué gasto más innecesario se está haciendo con el niño este que quiere ser torero», en clara referencia al tratamiento por su enfermedad. «Su vida me importa dos cojones» fue otra de sus frases en un segundo comentario que obra en las actuaciones judiciales. La acusada vasca fue aún más dura: «No voy a ser políticamente correcta. Que se muera. Que se muera ya». El internauta catalán lanzó: «Ójala mate a vuestra madre y se muera».

Todas estas palabras se sumaron al padecimiento de los padres por el delicado estado de salud de su hijo. «Cuando lees algo así sientes mucha rabia, pero también impotencia. Es inexplicable y me cuesta mucho entender tanto odio, y más aún con un niño», valora el padre del menor atacado por los usuarios de redes sociales de internet.

Eduardo tiene ahora el deseo firme de que la justicia actúe de manera «contundente» con los tres encausados gracias a la instrucción de un juzgado de Alzira. La Fiscalía mantiene que los tres sospechosos, actualmente están en libertad provisional, cometieron un delito contra la integridad moral. La acusación pública pide que se les condene a un año de prisión y que indemnicen de forma conjunta a la familia del menor con 9.000 euros «por los perjuicios y daños morales ocasionados».

Para el padre del niño, personado como acusación particular, el año de cárcel que exige la Fiscalía es insuficiente para el daño que padeció con los comentarios. Cabe recordar que el deseo que manifestaron con literalidad dos de los internautas procesados se cumplió en abril de 2017, cuando el niño perdió la vida por su enfermedad.

Para el progenitor y su abogado, los tres cometieron un delito de incitación al odio y merecen pasar tres años en la cárcel por ello, además del pago de una multa de 3.650 euros y una indemnización de 30.000 euros por los daños personales y morales. «Tiene que haber una sentencia ejemplar. Esto tiene que estar bien penado por nuestra Justicia para que en futuras ocasiones no se repita con otras víctimas».

Para Hinojosa, «una cosa es la libertad de expresión y otra bien distinta el libertinaje. La gente no puede ir por ahí diciendo lo que le venga en gana en las redes sociales». Y cita el caso del diestro Victor Barrio, en el que también hay un vecino de Paterna pendiente de juicio por sus comentarios en Facebook. Recientemente, el Tribunal Supremo confirmó la condena a la concejala de Catarroja Daitxu Peris por llamar «asesino» al torero. Se le ha impuesto el pago de 7.000 euros a la familia por una intromisión ilegítima en el derecho al honor.

«Gracias a Dios, casos así están acabando con sentencias condenatorias y ese es el camino. Las personas de bien no tenemos por qué aguantar estas cosas». Hay más voces en la lucha judicial de Hinojosa. Como acusación popular se ha personado la Asociación Nacional de Afectados por Internet y las Nuevas Tecnologías (ANFITEC). Entienden también que contra el niño valenciano hubo delito de odio.

Ser informático no le ha librado a José Luis García de un posible fraude con una compra en internet. Sucedió en marzo. «Busqué ofertas de Play Station 4 y una de las primeras entradas del buscador era una web que resultó ser pirata». Quedó cautivado por los 233 euros que le pedían por la PS4, «más de 100 por debajo de lo normal». «Había varias formas de pago y opté por la transferencia a cuenta porque no llevaba comisión. Al final, me he quedado sin videoconsola y sin el dinero que entregué». Supo que podía tratarse de un engaño «cuando un tipo me llamó y me dijo que cancelara la transferencia y le diera el numero de la VISA. Ahí ya desconfié». Ya nadie respondió más al teléfono y el pedido no llegó. Lo ha denunciado.

Valenciano y residente en Torrent, el empresario Ramón Aznar también tuvo su sobresalto en verano 2018. «Eran vacaciones y no miraba demasiado los movimientos bancarios». En su caso, le llamaron del banco: «Hay una compra sospechosa con cargo a su cuenta en una tienda de electrónica de Albuquerque, en Estados Unidos. ¿Usted está allí?». La víctima se hallaba en Xàbia. «No, imposible», respondió. Tocó anular la tarjeta y se quedó sin ella buena parte del verano. «Se ve que me duplicaron la tarjeta en Valencia y la estaban usando por el mundo, pero yo no sé ni cuando me la clonaron». Confiesa que la usa «con frecuencia en compras 'online' de productos o servicios. Pudo ser en cualquier momento».