Los últimos olvidos de Ribó con el Patrimonio

«Nuestro Consistorio ha sido incapaz ni tan solo de consolidar los restos del horno y vallar su perímetro, independientemente de que el solar sea de titularidad pública o privada. Y también ha sido incapaz de ejercer la acción subsidiaria, a pesar del inminente riesgo de desplome y destrucción del bien». Es el contundente párrafo que el Círculo dirigió en la denuncia presentada ante el Síndic por el estado del horno de cal.

En el barrio de Cruz Cubierta está el que es uno de los elementos más representativos de la Valencia industrial, un horno de cal que data del año 1878. Y no sólo eso: un elemento de aquello que el Gobierno de Ribó se supone que tanto defiende, la memoria democrática. En su entorno se produjeron no pocos fusilamientos en la época de la Guerra Civil.

En su resolución, el Síndic señala que lleva tres años denunciando esta situación ante el Ayuntamiento. Pero «la situación del inmueble ha seguido empeorando y no consta ni siquiera que se ha dirigido a los propietarios alguna orden de ejecución para cumplir con sus obligaciones de conservación y mantenimiento», como lamenta el defensor.

El Síndic insta al Consistorio a «adoptar con urgencia las medidas precautorias que sean necesarias para evitar la destrucción del inmueble, dirigiendo a la propiedad las órdenes de ejecución que procedan e imponiendo, en caso de incumplimiento, las multas coercitivas correspondientes».

La alquería de Ponsa es el segundo de los bienes patrimoniales abandonados por el Gobierno de Ribó. El edificio, en el barrio de la Aguja de Nou Moles, es un Bien de Relevancia Local en manos particulares que arrastra más de dos décadas de intentos de protección. El solar que lo rodea está «continuamente ocupado por vehículos que aparcan de manera ilegal» y dañan los muros del inmueble, como subraya el Círculo por la Defensa del Patrimonio. Además, no son pocas las pintadas en su edificio.

El Síndic es claro ante el Ayuntamiento con la alquería: «Que se acelere la emisión del informe por parte de la Oficina Técnica de Control de Conservación de la Edificación y se dirija a la propiedad la orden de ejecución que proceda para mantener la Alquería de Ponsa en unas adecuadas condiciones de seguridad, adoptando las medidas necesarias para evitar el estacionamiento incontrolado de vehículos junto al referido bien de relevancia local.

Y las taquillas de los Jardines del Real, en el parque de Viveros, son el tercer punto por el que el Síndic castiga la actitud de Ribó. En este caso, por el pegado de carteles en los muros de un escenario protegido, con motivo de la realización de conciertos y otras actividades en el recinto. Eso sin que medie sanción alguna para las empresas que lo hacen. Y con las necesidad de haber tenido que restaurar en varias ocasiones los muros de lugar.

«Si se han producido daños en el muro (desconchados, faltantes, etc...), las reparaciones de los mismos deben ser pagados y costeados por la empresa responsable de haberlos causado, por la colocación ilegal de dichos carteles», dice uno de las denuncias presentadas por el Círculo ante el Síndic. El defensor lamenta que el pasado mes de febrero se solicitó «expresamente al Ayuntamiento que se remitiera un informe por parte del Departamento de Patrimonio Histórico sobre los hechos denunciados, sin haberse enviado hasta el momento ni haberse justificado tampoco su falta de remisión». Caso omiso de Ribó.

El último dictamen se cierra de manera contundente: pedir al Consistorio que se adopten «todas las medidas que sean necesarias para evitar la organización de eventos en el interior de los Jardines del Real-Viveros (bien de relevancia local) sin contar con la autorización previa de todos los servicios municipales competentes, especialmente del Servicio de Patrimonio Histórico, impidiendo la colocación de carteles en los muros de las taquillas exteriores como tablón publicitario, sancionando los incumplimientos que se produzcan y exigiendo la reparación de los daños a los causantes de los mismos».