Cada universidad decidirá si da por finalizadas ya las clases presenciales

El Ministerio de Universidades y las comunidades no llegaron ayer a un acuerdo sobre la forma de terminar el curso tras la suspensión de las clases presenciales durante la Conferencia General de Política Universitaria, que reúne a representantes ministeriales y a los consejeros de cada autonomía. Pese a la falta de consenso, la postura dominante entre las instituciones académicas es que va a resultar muy complicado volver a las aulas.

El principal acuerdo pasó por emplazar a las partes a una nueva reunión el día 15 -ya se sabrá si se amplía de nuevo el estado de alarma- así como dar autonomía a cada universidad para que proceda como considere adecuado. En clave valenciana, todas las instituciones se están preparando para el escenario de terminar el ejercicio en la modalidad a distancia. Incluso en alguna la decisión está prácticamente tomada, a la espera de qué se decide hoy en el encuentro que los rectores mantendrán con la consellera de Universidades, Carolina Pascual, de donde podría salir un posicionamiento común del sistema autonómico.

En concreto, el departamento que dirige el ministro Manuel Castells dejará que sean las universidades las que en el ejercicio de su autonomía decidan no sólo cómo finalizar las clases, sino cómo hacer los exámenes, incluso si se diera el caso de que las medidas de confinamiento se levantaran. Siempre, como es lógico, atendiendo las decisiones de las autoridades sanitarias.

En el comunicado remitido por el ministerio, más allá de destacar la autonomía universitaria, se consensuó que las prácticas obligatorias, fundamentales para conseguir el título, se flexibilicen, por ejemplo, dejándolas para el verano o para el curso siguiente. Una idea compleja pues puede implicar que haya alumnos que retrasen un año su titulación.

La Universidad de Barcelona, la de Cantabria, la navarra y todas las instituciones públicas andaluzas ya habían anunciado esta semana que concluirían el curso sin clases presenciales, de forma que se impartirían de forma telemática. Sin embargo, el Gobierno vasco se ha desmarcado y expresó ayer su oposición a renunciar a la vuelta al modelo tradicional. También desestimó ejecutar una quita del 50% en las prácticas universitarias –el darlas por superadas con la mitad de los créditos conseguidos–, que era una propuesta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue).

Tanto el ministerio como los gobiernos autonómicos insistieron en que el objetivo es garantizar que nadie pierda el curso escolar. Además, el comunicado del departamento de Castells reconocía que «a la vista de que la evolución de la pandemia es imprevisible los centros están muy condicionados para reanudar la enseñanza presencial». También quedó claro que cualquier decisión que se adopte se debe comunicar a los alumnos y profesores lo antes posible y tiene que contar con todas las garantías.

En clave valenciana, todas las universidades consultadas ayer coincidieron en que se han preparado para el escenario de no retomar la actividad presencial. Eso sí, la decisión está especialmente madura en el caso de la Universidad de Alicante, que prevé terminar con la modalidad a distancia aunque para la evaluación se dan un tiempo de margen para ver la evolución de la pandemia.

En el caso de la Universitat Politècnica, como explicó el vicerrector de Estudios, Eduardo Vendrell, el miércoles se envió una instrucción a todos los docentes para que «de manera definitiva pudieran adaptarse a ese escenario de no presencialidad», si bien recordó que todavía no es del todo oficial a la espera de hablar con el resto de universidades y con la conselleria.

La medida implica que todas las asignaturas han de programar su organización y su evaluación en este sentido. Y deben ser validadas por la comisión académica de cada título. «Es fundamental que los alumnos dispongan de todas las garantías para su formación y evaluación», dijo.

En cuanto a la Universitat de València, la decisión no es definitiva, según explican fuentes del equipo de Mavi Mestre, si bien es cierto que la rectora, en sus reuniones virtuales con decanos, directores de institutos de investigación, estudiantes y sindicatos ha dejado más que abierta la posibilidad. De hecho, la institución estudia la fórmula jurídica que dé validez a las modificaciones de las guías docentes (que se tendrán que aprobar de manera virtual) si finalmente la presencialidad queda descartada.

Por su parte, la Miguel Hernández de Elche informó de que contempla el escenario de acabar con la formación a distancia, mientras que la CEU Cardenal Herrera dispone de un plan de contingencia que permitirá plantear diferentes calendarios para cada titulación o curso y adaptarse a las necesidades de cada alumno.

Por otro lado, la Crue informó ayer de las medidas propuestas al ministerio en la reunión celebrada el pasado lunes sin las comunidades autónomas, basadas en la imposibilidad de volver a la presencialidad. De hecho, el presidente, José Carlos Gómez, lo dio ayer casi por seguro. «Es un hecho que la vuelta a docencia presencial es más que improbable, y las universidades estamos trabajando en una programación que garantice a los estudiantes una formación adecuada y que ninguno vea alterado su desarrollo académico», señaló.