Las universidades exigen al Consell que concrete ya la mejora de su financiación

Las universidades públicas de la Comunitat coinciden en el diagnóstico: el futuro pasa por incrementar las transferencias públicas que reciben de la Generalitat, ancladas en los niveles de hace una década, para cumplir el mandato de la sociedad -nuevas habilidades y perfiles laborales- y de los políticos que legislan, como apostar por la formación permanente, potenciar la investigación y la transferencia de conocimiento o reducir la precariedad del profesorado, por citar algunos objetivos de la reforma que prepara el Gobierno. Sin embargo, poco o nada se sabe de las intenciones del Consell, quien tiene la competencia de abrir el grifo inversor que sostiene el sistema, más allá de plazos que no se cumplen. El último habla de junio, cuando se debe conocer el borrador de un modelo que luego se negociará para aplicarse, sin demora, en 2023.

Es una de las principales conclusiones de la jornada 'La Universidad que viene', organizada este miércoles dentro de la campaña Somos Futuro de LAS PROVINCIAS, que durante el mes de mayo se centra en la educación.

En la primera mesa participaron Mavi Mestre, José Capilla y Juan José Ruiz, rectora y rectores de la Universitat, la Politècnica y la Miguel Hernández, junto a Modesto Fabra, vicerrector de Planificación de la Jaume I, y Juan Mora, su homólogo en el área de Investigación de la Universidad de Alicante. Coincidieron en que la mejora es urgente, así como la participación de los equipos económicos de las instituciones en su diseño. A día de hoy se desconoce qué aumento se aplicará y qué criterios se utilizarán para determinar el reparto.

Mestre alertó de que el escenario que dibuja la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) crea «más incertidumbre» a la existente por la falta de información. Por ejemplo se refirió a cuándo se concretará el mandato de subir la inversión al 1% del PIB y si será parejo a la exigencia de reducir la temporalidad del personal al 20%, y aludió a la insistencia del ministerio de avanzar en la formación a lo largo de la vida mediante títulos oficiales cortos, especializados y de reciclaje profesional pensados para colectivos más allá de los universitarios. «Lo compartimos, y lo estamos haciendo, pero a este nivel que se plantea me pregunto quién lo pagará», ejemplificó. La rectora defendió que el futuro modelo debe incluir entre otros criterios el patrimonio o la diversidad de campus, así como actualizar la experimentalidad de los títulos ofertados.

«Debe quedar claro que con la financiación que tenemos obtenemos mejores resultados que universidades de otros países con mayor inversión, lo que se ha conseguido con voluntariedad y esfuerzo», defendió Juan José Ruiz, quien también quiso contextualizar la reivindicación. «No pedimos para nosotros, sino para conseguir mayor desarrollo social», destacó tras aludir al informe del IVIE sobre el impacto del sistema, que por cada euro invertido devuelve 2,8 a la sociedad.

Capilla, por su parte, habló de programas de éxito que impulsan los centros que se sostienen con iniciativa privada porque «con la actual financiación es imposible», aludió a que la misión de la universidad muchas veces pasa desapercibida - «fomentamos el emprendimiento, creamos empresas y favorecemos el bienestar social»- y dijo que aunque el contexto económico no es muy favorable «no puede ser excusa para no sentarse y valorar objetivos y resultados a tener en cuenta».

Modesto Fabra introdujo una idea clave, como es la desaparición del colchón que daban los pagos anuales de la deuda histórica, pues cubrían, precariamente, la infrafinanciación. Han llegado hasta 2022, de ahí la urgencia de que para el próximo año se aplique el nuevo plan: «Confío en que suceda como con los malos estudiantes, que se hará el esfuerzo antes del examen y llegaremos a una solución, al menos transitoria, que nos permita salvar el siguiente presupuesto».

«Es evidente la urgencia y necesidad», dijo Juan Mora. «Quizá no se ve la importancia que tiene, pero las universidades estamos impartiendo títulos a coste cero, sin más plazas de profesorado y a base de implicación. Y desde el punto de vista de la investigación tenemos que pensar que aunque hay grupos que crecen tenemos un infraestructura que necesita actualización y mantenimiento. Sin más fondos seguimos en la precariedad», dijo.

Otros de los temas del debate fueron la importancia de adaptarse al perfil de los nuevos universitarios -con generaciones más digitalizadas- sin dejar de lado la formación de ciudadanos críticos, fomentar competencias más allá del aula como el trabajo en equipo, el liderazgo o la creatividad, íntimamente relacionadas con la vida en los campus y las actividades extralectivas que se ofertan, o la internacionalización.

Respecto al curso obligatorio que plantea la LOSU para los ayudantes doctores, los que inician la carrera docente, con la idea de profundizar en habilidades metodológicas y didácticas, también hubo consenso: no sólo lanza un mensaje equivocado, en el sentido de que se pueda pensar que ahora no están preparados, sino que la formación permanente del profesorado, en técnicas e innovación, es habitual.

En la segunda mesa, con siete representantes de las universidades privadas y los centros adscritos, se incidió en el valor añadido que aportan al sistema en términos de pluralidad y en la necesidad de que las administraciones faciliten la autonomía en la toma de decisiones, ya sea para adaptar la oferta a las nuevas necesidades de la sociedad (como los citados cursos de reciclaje) o para seguir avanzando en términos de internacionalización.

La mesa de las universidades públicas también abordó otra tarea pendiente para el Consell, como es acordar un mapa de titulaciones que permita reordenar la oferta y fijar criterios para la autorización de nuevos estudios. El primero en referirse a ello fue Modesto Fabra, quien señaló que la infrafinanciación del sistema ha dificultado la adaptación de los títulos en los últimos años, así como la falta de un instrumento de planificación «que permita una visión global para ver cómo nos complementamos con una oferta de conjunto que aproveche las potencialidades de cada universidad».

Juan José Ruiz también terció en el debate, al hilo de la autorización del grado de Medicina en la Universidad de Alicante, medida que a su juicio debía vincularse al nuevo modelo de financiación. «¿Estamos planificando bien?» se preguntó. «No tenemos ningún problema con Alicante, pero se anunció sin hacer ninguna mención a la financiación de ese grado, que es el más costoso, y teniendo en cuenta que estamos a diez kilómetros», dijo en referencia a que el título ya lo ofrece, desde hace años, la Miguel Hernández.