Las universidades tendrán que entregar al PP más de un millón de recibos y facturas

El TSJCV ha instado por segunda vez a Educación a remitir toda la documentación sobre los gastos incluidos entre 2006 y 2014 en las cajas fijas de las universidades públicas. La última providencia data del 30 de octubre y la primera del 21 de julio, y se deben a la petición del grupo popular de ejecutar la sentencia que estima el recurso interpuesto en marzo de 2016. Previamente se había solicitado la información a través de Les Corts, aunque sin éxito. La conselleria alegó no disponer de los datos en virtud de la autonomía financiera de los centros, pero el tribunal defendió en octubre de 2016 que esta no es ilimitada y ordenó facilitarlos.

Fuentes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas explicaron este jueves que están en fase de digitalización de la documentación requerida y que la demora se debe a la gran cantidad de material que deben trasladar a la conselleria para que llegue al PP. Tirando por lo bajo serán más de un millón recibos, facturas y documentos relacionados con cada gasto.

Según la Conselleria de Educación, en cumplimiento de la sentencia se facilitó una relación de las decenas de miles de asientos contables incluidos en todas las cajas fijas, que sirven de provisión de fondos para cubrir gastos inmediatos y de difícil previsión derivados de actividades académicas y de investigación -intercambios, congresos y reuniones- o de reposición de material fungible. Estos conceptos están numerados y hacen referencia a un gasto concreto asociado a una actividad más genérica, como puede ser desplazamientos, locomoción y dietas o mantenimiento.

Sin embargo, la petición popular era mucho más exhaustiva, de ahí que se solicitara al tribunal la ejecución de la sentencia, firme desde febrero de este año, incluyendo todos los detalles, facturas, recibos y documentos relacionados con la tramitación de cada concepto. La demora en disponer de la información llevó a los requerimientos del TSJCV, incluyendo advertencias de sanciones. En el último se informa a la conselleria de que si se «persiste» en el incumplimiento se enfrentará a multas de 1.000 euros por cada 20 días de retraso «así como a la deducción de testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder». Además se solicita el nombre de la persona encargada de ejecutar el fallo.

Desde la conselleria insistieron en que en cuanto se disponga de toda la información se facilitará al grupo popular, y quisieron dejar claro que la demora «sólo responde al enorme volumen de trabajo administrativo que supone, y de ninguna manera a un afán de opacidad». También añadieron que se ha ofrecido a las universidades los medios que precisen para dar cumplimiento a la sentencia.

En el caso de la Universitat, la información facilitada a la conselleria y al grupo popular es pública, pues fue colgada también en su portal de transparencia. Los gastos imputados en sus 36 cajas fijas ascendieron entre 2006 y 2014 a 35,79 millones, un 1% del presupuesto global del periodo, y se registraron 179.967 asientos contables. Fuentes de la universidad señalaron que a cada uno de estos pueden estar vinculados entre cuatro o cinco papeles, ya sean recibos, facturas y de otro tipo, por lo que tienen que aportar, en el peor de los casos, 900.000 documentos distintos. El importe medio asciende a 198 euros -aunque hay algunos que supera los 6.000- y la gran mayoría se deben a dietas, desplazamientos e indemnizaciones. Cabe recordar que la Universitat supone aproximadamente un tercio del sistema público, de ahí que la cifra global supere fácilmente el millón.

Ante la imposibilidad material de entregar la información solicitada en papel se ha optado por el escaneo, y semejante volumen de trabajo obligará a contratar personal de las bolsas -alrededor de una veintena- para no saturar el área de gerencia, añadieron desde la Universitat. Por su parte, fuentes de la Politècnica explicaron que se prevé llegar a 200.000 documentos derivados de 40.000 registros contables.

Fuentes del grupo popular señalaron que el último requerimiento «es una enmienda en toda regla a las trabas y la opacidad de la conselleria a la hora de facilitar los datos» y destacaron que desde que salió la sentencia «han dispuesto de tiempo más que suficiente para entregarlos». Sobre por qué solicitaron información sobre gastos generados durante el mandado del PP, enmarcaron la petición en su labor de control parlamentario y defendieron que se trata de datos nunca conocidos que «ni un diputado o partido» había pedido con anterioridad.

Por otro lado, este jueves se conoció el informe del Tribunal de Cuentas sobre el sector público autonómico que establece que las universidades valencianas fueron las terceras de España que más modificaron su presupuesto inicial, con una variación del 41%. El organismo pidió más rigor en la elaboración de las cuentas.