Las universidades valencianas deben hacer fijos a más de tres mil profesores para cumplir la nueva ley

Una vez superado el trámite parlamentario queda pendiente la normativa que la tiene que desarrollar, aunque ya se pueden aproximar algunos de los efectos que tendrá en el sistema valenciano. Por ejemplo, en los próximos años los cinco centros públicos (Universitat de València, Politècnica, Alicante, Jaume I y Miguel Hernández) tienen que convertir más de 3.100 plazas ocupadas por profesores temporales en fijas. Además se puede determinar ya cuál será el precio máximo de las carreras: entre 710 y 1.080 euros en la primera matrícula, dependiendo del grado.

En cuanto a plazos, la LOSU empezará a desplegar efectos en veinte días tras su publicación en el BOE, aunque para cuestiones como la estabilización del personal el horizonte máximo es 2030. Eso sí, su entrada en vigor será el pistoletazo de salida para que las universidades empiecen los procesos de modificación de sus estatutos, que son complejos. Es un paso necesario para dar cabida a los cambios que permiten que un profesor sea candidato a rector aunque no tenga la condición de catedrático, o para adaptar sus mandatos a los seis años improrrogables en lugar de los dos consecutivos que se permiten actualmente. También para incluir la nueva -y polémica- función de los claustros, que podrán «analizar y debatir otras temáticas de especial transcendencia» más allá de las puramente universitarias.

Uno de los objetivos de la ley es reducir todo lo posible la temporalidad del personal docente e investigador (PDI), que en el horizonte de 2030 no podrá superar el 8% del total. Será un camino complicado teniendo en cuenta que en las cinco universidades valencianas, con datos del curso 2021-2022, se sitúa en el 34,17%. Los rectores ya han advertido de que la medida, que comparten, implica una elevada inversión que no queda blindada en la nueva ley.

El articulado deja claro que en este cómputo no entran los profesores asociados de Ciencias de la Salud ni los ayudantes doctores. Por tanto, contando a los ayudantes actuales, el resto de asociados y otras figuras menores como colaboradores, sustitutos o visitantes hay 4.107 profesionales temporales para una plantilla de PDI total de 12.020.

Para quedar por debajo del 8% es necesario bajar hasta 961 profesionales, lo que implica estabilizar 3.146 plazas. Lógicamente es una aproximación basada en la foto fija del citado curso, y hay que tener en cuenta que las necesidades docentes pueden variar cada año. Y con ellas, la plantilla necesaria para atenderlas.

La gran mayoría del personal temporal (y precarizado) son los asociados. Y la ley obliga a facilitar la estabilización de las plazas que ocupan como muy tarde a finales de 2024 mediante un concurso de méritos, como sucede con la docencia no universitaria. Pasarán a tener una relación laboral indefinida a tiempo parcial, con una carga máxima de 120 horas lectivas. Se podrán presentar los que ocupen los puestos y también personas externas siempre que tengan una actividad profesional acreditada fuera del ámbito académico.

La idea es evitar el abuso de los llamados falsos asociados, que crecieron al calor de la crisis ante la imposibilidad de las universidades de reponer jubilaciones mientras se mantenían necesidades de docencia que era necesario cubrir.

En cuanto a su precariedad, la cuestión ya es puramente autonómica. El Consell tiene que publicar un decreto que permite igualar su retribución en las cinco universidades, incluyendo incrementos que en el mejor de los casos superan el 30%.

Una vez dado este paso, el más complejo, se tendrá margen temporal para alcanzar el objetivo del 8% con las plazas que queden pendientes. Una de las vías es el nuevo diseño de la carrera académica que permitirá pasar de un contrato predoctoral a profesor titular o permanente en diez años (con seis de ayudante doctor).

Las matrículas que pagan los alumnos por sus estudios no podrán subir más. La LOSU determina que serán fijadas por el Consell «dentro de un marco general de contención o reducción progresiva». Teniendo en cuenta las tasas vigentes, implica que no podrán pasar de los 710 euros para una carrera de experimentalidad 1 (como Derecho) o los 1.080 para otra del nivel 5, como Medicina. Una ingeniería (experimentalidad 4) se mantendrá en 1.040, Matemáticas (3) en 1.021 y Magisterio o ADE (2) en 767. Tras las reducciones aplicadas en los últimos años la Comunitat está en la parte media-baja de la tabla autonómica.

No sucede lo mismo con los másteres oficiales, cuyo precio seguirá en 2.120 euros en la mayoría de los casos, mucho más alto que en otras regiones. Los menos, los que habilitan para ejercer una profesión, se rigen por el precio del crédito de sus grados asociados.

La otra derivada de la LOSU es que con la redacción aprobada se permite mantener estudios oficiales a precios diferenciados. Son pocos pero especialmente caros al incluir en muchos casos estancias internacionales (entre 8.000 y 5.000 euros).

La LOSU insiste en que las universidades «conservarán y protegerán su patrimonio histórico, artístico, cultural y documental, en todas sus variantes, de acuerdo con la legislación aplicable en la materia». No es nada nuevo, pero sí el hecho de que también se indique que será un factor en cuenta a la hora de establecer una financiación singular para ello. En la Comunitat está el ejemplo de la Universitat de València, que cuenta con varias facultades con protección patrimonial, además del edificio de Rectorado, el Lluís Vives o la sede histórica de la Nau. Y siempre ha insistido en que se tenga en cuenta esta peculiaridad en el nuevo plan de financiación plurianual que se está negociando con la conselleria, aunque de momento no se contempla ninguna previsión en este sentido. Y es que no es lo mismo rehabilitar un inmueble normal que un Bien de Relevancia Local.

Existe el compromiso, que no la obligación, de que en 2030 se destine un 1% del PIB en materia universitaria. El problema es que la mayor parte del esfuerzo inversor lo tendrán que asumir las comunidades autónomas. En la valenciana está en fase de negociación el nuevo plan, que por lo que ha trascendido no prevé grandes incrementos, al menos a corto plazo, sino una redistribución de los fondos. Y las reuniones mantenidas ya han generado tensiones. El plazo límite que se han marcado las partes para alcanzar un acuerdo es el 30 de marzo.