Hartazgo en la Universitat por el retraso del Consell en la mejora de la financiación

La Universitat de València celebró ayer su acto de apertura del curso, que careció de la solemnidad habitual. Las medidas de seguridad sanitaria impidieron utilizar el Paraninfo, por lo que se organizó en el claustro de La Nau, la sede histórica, con un aforo mínimo y sin lección magistral para acortar la duración.

No hubo birretes, ni existió la procesión académica que abre la ceremonia, en la que mandó la separación, la higiene de manos y el registro de los asistentes para garantizar la trazabilidad en caso de contagio. Hasta el tono reivindicativo, ADN de la universidad centenaria, fue distinto. Existió, pero subió de nivel en relación al prometido modelo de financiación, el aumento de los fondos públicos que aún siguen en niveles de la crisis anterior.

También llamó la atención que se afeara al Consell que las becas de estudios del curso pasado sigan sin resolverse, una demora mayor que en ejercicios previos.

El discurso de la rectora, Mavi Mestre, deslizó el hartazgo de la institución ante la falta de avances. Fue un aviso a navegantes, que entre líneas se podía interpretar así: aunque la pandemia lo trastoca todo, hay deberes inexcusables que no pueden esperar.

«Ha pasado el tiempo de la crisis desencadenada en 2008. Han cambiado los gobiernos, ha pasado el tiempo de los recortes en educación, pero no hemos recuperado los niveles de financiación universitaria previos a la crisis pese a las promesas del gobierno de la Generalitat anterior y actual», dijo la rectora, antes de recordar que siguen «sin tener novedades de un modelo que es necesario ya». En este punto aceptó las palabras de la consellera Carolina Pascual, que había intervenido ya informando de que el comité de expertos creado para su definición retomará las reuniones este mes. Las últimas previsiones hablaban de que a principios de 2020 se conocerían los criterios de reparto. Sin olvidar que en 2017 se prometió que se estarían aplicando en 2019.

Actualmente el sistema público recibe de la Generalitat cerca de 700 millones de euros, una cuantía similar a la de 2009. Desde entonces, la masa salarial ha crecido -los docentes cumplen sexenios y hay otras mejoras externas que se deben atender, como subidas salariales del funcionariado-, o se crean nuevas carreras. Para hacerse una idea, todo el dinero de la Generalitat que recibe la Universitat se va con el pago de las nóminas.

Mestre también aludió a los «excelentes» resultados de la institución, «la primera universidad valenciana de acuerdo con cualquier ranking», y los atribuyó al compromiso de la comunidad académica pese a las restricciones que sufre la actividad investigadora. Con este argumento volvió a la carga. «Comprenderán que la referencia a ese plan de financiación tan esperado y siempre aplazado no sea una expresión reivindicativa sin base», dijo.

La rectora también fue crítica con el retraso en la resolución de las becas de exención de tasas de matrícula, defendiendo que se necesitan «servicios públicos que eviten que nadie se quede atrás». «Es imprescindible que las becas de la Generalitat del curso pasado estén resueltas ya», señaló.

La demora afecta sobre todo a los centros, que son los que recibirán el dinero de la Generalitat, pues a los alumnos que están a la espera de saber si la consiguen se les congelan los pagos de la matrícula. Desde la conselleria destacaron que se resolverán «en breve» y que todos los que cumplan los requisitos dispondrán de la ayuda al haber fondos suficientes (cuatro millones de euros). En cursos anteriores lo habitual era que fueran adjudicadas entre junio y julio.

Buena parte de la intervención de Mestre sirvió para agradecer la labor del personal universitario y del alumnado por el trabajo realizado tras la suspensión de las clases, periodo que valoró de manera positiva en cuanto a resultados. Así, explicó que la tasa de rendimiento durante el segundo cuatrimestre del curso pasado (créditos aprobados sobre los matriculados) creció un 9% respecto al mismo periodo del año anterior. También subió el porcentaje de alumnos presentados, la nota media (7,46 sobre 10) y la tasa de rendimiento (créditos aprobados respecto a los evaluados).

La consellera de Universidades, Carolina Pascual, informó ayer de que la red pública valenciana se repartirá 25,6 millones de euros para hacer frente a los gastos extraordinarios que han asumido las instituciones para adaptarse a la nueva realidad sanitaria, desde equipamientos informáticos hasta elementos de protección.

Pascual, que hizo el anuncio durante su intervención en el acto de apertura de curso de la Universitat, destacó que el criterio para su distribución será el volumen de alumnado «al entender que es el factor decisivo que hace que cada institución tenga que hacer aportaciones extraordinarias para adoptar medidas de prevención». Además señaló que se están acelerando los trámites para que reciban los fondos cuanto antes.

Cabe recordar que se trata de una dotación extraordinaria del Gobierno. Ayer, el ministerio informó tras la Conferencia General de Política Universitaria que la primera remesa, un 20% del fondo total, asciende a 400 millones, siendo las comunidades las encargadas de gestionarlos. En la valenciana sólo llegarán a las universidades públicas.

Por otro lado, la consellera Pascual dijo, en relación al retraso del futuro plan de financiación, que se trata de «una preocupación compartida», y también se refirió a la imposibilidad de poner en marcha el convenio colectivo del personal laboral, del que existe un preacuerdo que recoge diferentes subidas salariales, especialmente para las figuras docentes más precarias. Pascual recordó que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y la actual ley de estabilidad impiden su aplicación, y señaló que el ministro de Universidades Manuel Castells «se ha comprometido a negociar la situación con Hacienda, y me consta que es un tema sobre el que se está trabajando».

Además, consideró que es «un agravio comparativo respecto al resto de España», al ser la valenciana la única región sin disponer de un convenio de este tipo.