La Universitat de València no cambiará su protocolo interno y las mascarillas serán de uso obligatorio en espacios interiores hasta el final del curso. La medida afecta a los estudiantes, el profesorado, los investigadores, el personal de administración y servicios y a cualquier persona externa a la institución.
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La decisión llega después de que los decanos de las diferentes facultades hayan dado su apoyo a la medida preventiva en una reunión mantenida este miércoles con representantes del equipo de dirección.
La cuestión también se ha abordado en el encuentro mantenido entre la Conselleria de Universidades y los vicerrectores de Estudios de las cinco instituciones públicas pese a que el orden del día no lo contemplaba, al centrarse en aspectos puramente académicos.
Desde la administración recuerdan que las instituciones tienen autonomía, y por tanto la decisión sobre las medidas de seguridad son una competencia propia dentro del marco legal establecido, y que se debe respetar la recomendación de los servicios de prevención, que en el caso citado fue la de mantener el protector facial.
El encuentro con los decanos se ha celebrado después de una primera reunión con los representantes de los estudiantes, que a través de la Comisión Asesora Estudiantil (CAES) reclamó que la mascarilla fuera de uso recomendable pero no obligatorio, como ha sucedido en el resto de instituciones académicas de la Comunitat. Durante la reunión el equipo rectoral justificó su decisión, aunque se comprometió a estudiar la petición. De hecho, si los decanos hubieran planteado algún 'pero' podría haberse reconsiderado la decisión, opción que no se ha llegado a contemplar.
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Las mascarilla en interiores será obligatoria hasta el 31 de julio, aunque cabe recordar que la actividad lectiva ordinaria finalizará dentro de un mes, dando paso a los exámenes, que lógicamente se regirán por los mismos parámetros de prevención.
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La resolución de la vicerrectora María Pilar Serra que fundamenta la decisión, a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, cita estudios científicos que acreditan la protección que da la mascarilla en espacios cerrados, «reduciendo no sólo la incidencia de la enfermedad sino también las hospitalizaciones y la mortalidad», reconoce que no es posible mantener la distancia de seguridad en las instalaciones y también dice que los tiempos de exposición (a los aerosoles) superan con creces los 15 minutos recomendados.
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«Es muy poco probable que en todos los espacios se pueda mantener la distancia interpersonal recomendada, en algunos casos por las propias dimensiones y habitualmente por las actividades y dinámicas que se llevan a cabo: atención al público, reuniones entre compañeros, prácticas, clases participativas, dinámicas grupales...», dice el escrito.
Además, aunque reconoce que los indicadores sobre presión asistencial están bajando debido a la cobertura vacunal, alega que «la relajación de las medidas de prevención declaradas por el Ministerio de Sanidad podría hacer que volvieran a aumentar», lo que «pondría en riesgo a toda la comunidad universitaria y especialmente a aquellas personas más vulnerables que tienen una mayor probabilidad de hospitalización y mortalidad».
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Por último, defiende que la condición de persona vulnerable queda en el ámbito estricto de la intimidad (no es conocida por la Universitat), por lo que «las medidas que se adopten deben ser generales y no se deben pautar excepcionalidades en función de la presencia de personas de este colectivo».
Más allá de la enseñanza universitaria, en los niveles previos la postura ha sido similar: recomendación pero no obligación. Los colegios e institutos públicos se deben ceñir al protocolo diseñado por la Conselleria de Educación, mientras que los privados y concertados pueden decidir en base a las recomendaciones de sus comités de prevención de riesgos, aunque la inmensa mayoría ha optado por poner fin a la obligatoriedad.
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En cuanto a la reunión con los vicerrectores de Estudios, desde la conselleria han destacado «la necesidad de cumplir las indicaciones de Sanidad y el real decreto» que flexibiliza el uso de los protectores (que permite que una institución decida cómo proceder en sus puestos de trabajo), «la atención a las recomendaciones de la CRUE», que apuesta por una mayor precaución en caso de no garantizarse la distancia, y el «respeto a la autonomía universitaria y a lo que los servicios de prevención de riesgos laborales de cada universidad determinen».
«Si una universidad, igual que cualquier empresa, considera que no se garantizan las condiciones de seguridad para las personas puede optar por recomendar que se lleven las mascarillas», ha dicho la consellera Carolina Pascual.
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