La Universitat de València carga contra el Consell por frenar inversiones y la creación de grados

La Universitat de València celebró ayer la apertura del curso con una ceremonia condicionada por la pandemia, con aforo reducido, al aire libre, sin la indumentaria tradicional y más corta de lo habitual. No sólo hacía calor, sino que la temperatura fue subiendo, simbólicamente, con el discurrir del acto, de manera proporcional a la carga reivindicativa, que fue mucha.

La institución académica mostró su hartazgo por el retraso de las promesas del Consell, cuando no incumplimientos flagrantes, referidas tanto a la mejora de la financiación del sistema universitario público como al bloqueo del convenio colectivo para el personal laboral, acordado días antes de las elecciones de 2019 y que sigue sin aplicarse.

Todo ello con Carolina Pascual, consellera de Universidades y principal representante del gobierno regional en el acto, sentada en primera fila. También hubo mensajes para el Gobierno, de quien depende la tasa de reposición que impide recuperar las plantillas recortadas durante la anterior crisis económica.

En realidad, el cambio en el modelo de financiación es una reivindicación ya histórica que se remonta a la etapa del PP. Con la llegada de Ximo Puig a la Generalitat se prometió la mejora, implantando un sistema basado en diferentes indicadores acompañado de un incremento de la dotación económica. Tras sucesivos retrasos de los plazos -se habló de tenerlo en 2019-, el último anunciado es 2023. Aunque ha habido reuniones de carácter técnico y se ha nombrado un comité de expertos externo, el hecho de que las universidades desconozcan todavía los criterios a emplear o un borrador sobre los mismos genera desconfianza, que ayer mutó a crítica pública.

Las consecuencias del retraso son varias. Mestre se refirió, por ejemplo, a la imposibilidad de poner en marcha el grado de Veterinaria, que no existe en el sistema público, ante la elevada inversión que requiere la clínica asociada. Y eso que el plan de estudios lleva varios años aprobado.

Además de nuevas infraestructuras -Tarongers carece de salón de actos y necesita otro aulario-, obliga a retrasar la sustitución de equipos que cumplen su vida útil, como pueden ser aparatos de climatización o de laboratorio, y lastra las políticas propias para incentivar la captación de fondos por parte de los grupos de investigación o para aumentar las becas del alumnado.

Para hacerse una idea, la transferencia ordinaria de la Generalitat, la que se paga anualmente, a duras penas cubre la masa salarial de todo el personal. Y una universidad tiene que abrir las puertas todos los días, con los gastos corrientes asociados.

En defensa de la Generalitat hay que decir que se ha incrementado ligeramente, sobre todo en el último ejercicio presupuestario, pero no ha sido suficiente. Ayer, la secretaria general de la Universitat, María Elena Olmos, encargada de la lectura de la memoria del curso pasado, señaló que el aumento no ha servido ni para cubrir la subida del 2% del salario del personal funcionario aprobado por el Gobierno.

En este sentido, otra queja habitual de las universidades es que deben hacer frente a costes derivados de normativas estatales y autonómicas que no se compensan en su totalidad, desde la citada hasta exenciones de tasas a colectivos especiales o complementos retributivos por acumular sexenios de investigación o quinquenios docentes. Es decir, nuevas cargas para una mochila presupuestaria que está llena.

Tras Olmos intervino el vicerrector de Investigación, Carlos Hermenegildo, que centró su discurso en los trabajos científicos relacionados con la pandemia que se han impulsado desde la institución. Y lo cerró señalando que la Universitat suele quedar posicionada en los rankings entre las cinco mejores españolas, «todo ello pese a no ser, de lejos, de las mejor financiadas».

La carga reivindicativa no es ajena a los actos de apertura, al contrario, pero sí es habitual que se reserve para la intervención de la máxima autoridad. Por eso llamaron la atención las píldoras lanzadas ayer antes de que tomara la palabra la rectora.

Mavi Mestre reclamó una financiación, «como mínimo», al nivel del fijado antes de la crisis, y recordó que la subvención ordinaria que reciben es la misma que hace una década.

La rectora continuó señalando que la Universitat es consciente de que la mejora está «estrechamente» ligada a la financiación autonómica, antes de afirmar que «la falta de decisión del gobierno valenciano en este ámbito nos está abocando a un situación extremadamente precaria». También señaló que el Botánico se comprometió a restaurar los niveles de gasto público tras los recortes, y que si bien el compromiso «ha sido claro en sanidad y educación Primaria y Secundaria, las universidades públicas llevan seis años esperando el necesario modelo de financiación».

A continuación instó a la Generalitat a conseguir que el Gobierno autorice el incremento de la masa salarial que frena el convenio colectivo (que incluye mejoras retributivas para los colectivos docentes más precarios) y pidió la supresión de la tasa de reposición. «No nos podemos resignar, no podemos continuar así. No lo merece la sociedad ni la comunidad universitaria. No es tiempo de excusas, es tiempo de actuar», añadió.

Antes de Mestre intervino Pascual, que también aludió a la cuestión. «Sabemos de la infrafinanciación que sufrís y que el actual sistema no da respuesta a las necesidades», dijo, antes de reiterar el compromiso de que el cambio llegará en 2023 y que incluirá los criterios que se deslizan en la futura Ley de Universidades del Gobierno. Además, admitió el retraso -«las cosas no van tan rápido como nos gustaría»- y señaló que el nuevo modelo les «preocupa» y les «ocupa».

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