La Universitat de València se queda sola en la exigencia de usar mascarilla en las aulas

La medida se ha aplicado de manera muy mayoritaria en los centros educativos de la Comunitat. De la red pública la única salvedad ha sido la Universitat de València, donde el equipo de dirección ha seguido la recomendación del comité de seguridad y salud, manteniendo la obligación en espacios cerrados al considerar que no siempre se puede garantizar la distancia de seguridad en las aulas o que su vigencia se prolongará durante poco tiempo, algo menos de un mes hasta el final de las clases. Fuentes del Rectorado han explicado que la decisión tiene base legal en el real decreto estatal que regula la nueva situación al tratarse de un centro de trabajo - las empresas pueden decidir sobre el uso entre sus trabajadores- y al no especificarse cautela alguna referida a los espacios educativos.

La medida no es compartida por el alumnado, como ha quedado patente en la reunión mantenida entre miembros del equipo de dirección y de la Comisión Asesora Estudiantil (CAES), que acoge a todos los representantes estudiantiles. Fuentes de la entidad han explicado que su reivindicación es que el uso sea recomendable pero no obligatorio y que desde el equipo de Mavi Mestre se han expuesto los argumentos que justifican la decisión, aunque con el compromiso de que se valorará su petición.

En este sentido fuentes oficiales han señalado que este miércoles está prevista otra reunión, en este caso con los decanos de los centros, por si «en aras de la convivencia, el diálogo y de las decisiones adoptadas en otros ámbitos educativos se plantea una reconsideración» de la medida.

También han comentado que se ha dado algún caso de alumnos a los que se les ha impedido el acceso por no llevar la protección atendiendo al protocolo vigente, si bien en el Rectorado no tienen constancia de que se haya iniciado algún expediente disciplinario por tal motivo.

La normalidad, por resignación o costumbre, ha marcado la vuelta a las aulas en el campus de Tarongers, con todos los estudiantes cumpliendo las reglas salvo algún despistado que ha sido la excepción.

«Cada persona debería poder decidir, es decir que fuera recomendada, y creo que no tiene encaje legal porque no somos una empresa», explicaba Elisa, estudiante de 4º de Derecho, tras terminar una clase en el pasillo del aulario norte. Su compañera Mar, en cambio, opinaba lo contrario. «Estoy de acuerdo con que se mantenga para no poner en riesgo la salud de nadie», terciaba, mientras que Carmen se posicionaba junto a la primera: «Cada uno debería tener libertad para decidir, teniendo en cuenta que las aulas están ventiladas». Por su parte Paula, de la misma clase, daba una versión algo distinta. «Me parece bien ahora que volvemos de Semana Santa, aunque más adelante deberíamos adaptarnos a la regla general«, explicaba en relación a los picos de incidencia que suelen darse tras los periodos vacacionales.

El resto de universidades consultadas, tanto públicas como privadas, han optado por recomendar su uso, aplicando alguna excepción adicional en algún caso, como sucede con el personal de atención directa al público. Y lo mismo en cuanto a colegios e institutos, que han seguido el protocolo marcado por Educación. Ya en las filas de entrada a las clases se notaba la diferencia respecto a la situación anterior, con muchos rostros descubiertos y mascarillas en las muñecas y codos.

«Se ha notado el cambio, pero aún muchos han venido con mascarilla. En las aulas hay de todo, conforme avance la semana o durante la próxima creo que se notará más. No es sólo el miedo a contagiarse, también influye esa protección que da a los más mayores, que aprovechan para esconderse detrás de la mascarilla», explicaba Begoña Aparicio, directora del Ceip Les Arts de Valencia, en el sentido de que en este tiempo se ha convertido en una buena herramienta para ocultar la timidez.

La misma apreciación trasladan los diferentes directores y docentes consultados en relación a las primeras horas del nuevo escenario. En el caso de los centros concertados y privados, al tratarse de titularidades particulares, han podido decidir sobre el mantenimiento de la protección, aunque fuentes patronales explican que de manera «muy mayoritaria» se ha optado por eliminar la obligación y quedarse con la recomendación.