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La Universitat de València ha decidido suspender todas las actividades impulsadas por el Centro Ruso tras la invasión de Ucrania. Se trata de una institución que empezó a funcionar en abril de 2019 dedicada a la promoción de la lengua y cultura rusa en la Comunitat.
El centro es fruto de un convenio de cooperación con la Fundación Russkiy Mir, creada por el presidente Vladimir Putin en 2007 y que ha resultado muy polémica en las últimas semanas al estar considerada como un órgano dedicado a la propaganda nacionalista del gobierno ruso.
En este sentido un grupo de profesores y alumnos de la Universitat han pedido formalmente a la rectora Mavi Mestre que ponga fin a este acuerdo con la entidad, alegando que entre sus objetivos está «la reconstitución, reforzamiento y recreación de la comunidad rusa en el espacio y la historia», sobreponiéndose «a las escisiones superadas del siglo XX». El documento también le recuerda que entre los destinatarios de las acciones de la fundación están «los compatriotas en los países de las exrepúblicas rusas y del extranjero». Los firmantes alegan que si estas afirmaciones «no suscitaron alarma alguna» en el momento de entablar relaciones con la fundación «ahora resultan dramáticamente reveladoras».
El cónsul honorario de Ucrania en Valencia, Pablo Gil, también ha reclamado la ruptura acusando a Russkiy Mir de ser «vocera de la propaganda bélica, además de factor sociopolítico de la guerra híbrida».
El convenio sirve para mantener económicamente las actividades del citado centro. Según se desprende de su página web ofrece cursos de ruso, eventos sobre cine, historia o fotografía o recursos bibliográficos. También permitía acceder a una televisión y una revista de la fundación.
El escrito dirigido a Mestre ha sido impulsado por el catedrático de Derecho Constitucional Carlos Flores y por un colectivo de estudiantes ucranianos (Acció UV-Ucrania). Cuenta con el respaldo de la Unió d'Estudiants Valencians (organización mayoritaria en la Facultad de Derecho), del sindicato CSIF, de la Asociación Europea de Estudiantes de Derecho (ELSA) y de una decena de profesores: Vicente Garrido (expresidente del Consell Jurídic Consultiu), José María Llanos (portavoz de Vox en Les Corts), América Brel, Aniceto Masferrer, Roberto Pérez, Valentín Bou, Mariano Vivancos, Félix Crespo, Alfredo Obarrio y Göran Rollnert.
Sobre la petición trasladada en el escrito, fuentes de la institución académica señalan que están en contacto con la Universidad de Granada, donde se ubica otro Centro Ruso (sólo hay dos en España) «para que cualquier decisión de futuro sea coordinada» en relación al convenio.
La denuncia, que llevaría a la finalización inmediata del mismo, implicaría la pérdida de asignaciones económicas para mantener el centro de la Universitat. Además, vence el próximo mes de junio, por lo que no parece probable que se opte por una ruptura anticipada que impida en un futuro retomar la actividad.
El escrito de los profesores y alumnos agradece el posicionamiento contrario a la invasión realizada por la rectora y su equipo de dirección, pero considera que las «condenas verbales hace mucho que dejaron de resultar efectivas». Por ello también reclaman un comunicado por parte del Centro Ruso condenando la invasión de Ucrania, además de la ruptura del acuerdo entre la Facultad de Derecho y la Academia Presidencial Rusa de Economía Nacional y Administración Pública (Ranepa).
De este se desprende la doble titulación internacional que permite a los alumnos obtener la carrera de Ciencias Políticas y de la Administración Pública de la UV y el grado de Gestión Estatal y Municipal, en la especialidad de Política y Derecho, que imparte la citada academia rusa. Lógicamente incluye movilidad de estudiantes entre Valencia y Moscú.
«La simple idea de que los estudiantes de la Universitat se hallen cursando estudios de Ciencias Políticas en una institución bautizada con el nombre del presidente ruso constituye un motivo de sonrojo que no debería prolongarse», dice la misiva.
El pasado viernes la Unión Rusa de Rectores emitió un comunicado en defensa de Putin que también fue apoyado por el máximo responsable de Ranepa, Vladimir Mau, y que contiene proclamas cuanto menos cuestionables. «Ante nuestros ojos están ocurriendo eventos que entusiasman a todos los ciudadanos de Rusia», dice el documento.
«Es muy importante en estos días apoyar a nuestro país, a nuestro ejército que defiende nuestra seguridad, apoyar a nuestro presidente, quien, quizás, tomó la decisión más difícil y dura pero necesaria de su vida», continúa. «Ahora más que nunca debemos demostrar confianza frente a los ataques económicos y de información, unirnos de manera efectiva en torno a nuestro presidente, fortaleciendo con nuestro ejemplo el espíritu optimista y la fe en el poder de la razón entre los jóvenes, infundiendo esperanza en una pronta paz», se dice.
Sobre la suspensión del acuerdo que sustenta el grado internacional fuentes del Rectorado de la Universitat señalan que generaría «inseguridad» y «una situación irregular» entre los alumnos desplazados. No sólo implicaría interrumpir la consecución del título, impidiendo la evaluación de las materias cursadas en la capital rusa, sino que acarrearía problemas administrativos en el sentido de que los permisos de residencia de los participantes están vinculados a la realización de estudios. En cualquier caso de cara al próximo curso se estudiará su continuidad.
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