El 9 de noviembre de 1983, el agua arrasó varias de las empresas de la parte alta de Chiva, junto a la vieja N-III. ... A aquella riada se la conoció como la de Textofil, ya que por el terreno quedaron esparcidas centenares de bovinas de hilo de la fábrica textil, santo y señal de la industria en la localidad. Lejos de tomar medidas para contener futuras avenidas, en la zona se desarrolló posteriormente el gran polígono industrial La Pahílla, construido a los pies de la sierra de Chiva, camino de la Serretilla, desembocadura de una maraña de barrancos como los de la Contienda, Rebo, Cañadillas, Trancas y Cutanda. Treinta años después, la dana del 29 de octubre demostró que no sólo es que no se enmendó el error sino que se multiplicó al calor de las administraciones, entre ellas las municipales.
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Los ayuntamientos no han hecho los deberes durante muchos años y han aparcado sus planes de emergencia y antirriadas en favor de otros proyectos que generaran pingües beneficios. De los 80 municipios afectados por la dana el 29 de octubre, al menos 21 no tenían el Plan de Actuación Municipal (PAM) frente al riesgo de inundaciones.
Paiporta ha sido uno de los lugares más afectados por la dana con 45 fallecidos. El municipio, gobernado por Isabel Albalat, debería tener ejecutado un PAMde manera obligatoria porque su nivel de riesgo de inundación es «alto», según consta en el listado oficial de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta de las Emergencias. De la misma manera que tampoco tiene un plan para hacer frente a un posible terremoto o uno genérico territorial sobre emergencias, a pesar de que también tiene la obligación de hacerlo. Desde el Ayuntamiento aseguran que lo están ejecutando pero la realidad es que afrontaron la dana del 29 de octubre sin tenerlo.
Los PAM son fundamentales para una respuesta inmediata a una situación de emergencia como la vivida a finales de octubre, con unas pautas claras de actuación si está en marcha. El escenario 3 –la riada del 29-0 es equivalente a la rotura de una presa– era el que se tendría que haber activado en cada uno de los municipios afectados por la inundación, especialmente porque desde por la mañana se había enviado varios correos electrónicos de alerta de la situación a las localidades ribereñas de la rambla del Poyo. En ese nivel 3, la maniobra pasaba por la reunión activa del Cecopal –gabinete de crisis municipal ejecutor de las medidas–, el alejamiento y evacuación de la población, corte de carreteras y asistencia a evacuados. La mayoría de los ayuntamientos afectados por la dana no ejecutó este protocolo.
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A la falta de planes municipales para hacer frente a las emergencias en sus distintos niveles, se han unido a lo largo de los últimos años los planes urbanísticos desaforados que siempre miraron de perfil a los peligros de las zonas inundables. Para los municipios, engordar la partida de ingresos siempre fue una prioridad para desarrollar infraestructuras que generaran, principalmente, votos. Hubo un tiempo en que un pueblo sin piscina climatizada no era nada.
La exalcaldesa de Aldaia Empar Navarro es una de las víctimas de la dana y ha contado cómo esa tarde tuvo que subir a una planta superior de su vivienda para salvar la vida. Su relato es el de muchos afectados. Navarro, una histórica del socialismo valenciano en l'Horta Sud, aprovechó el testimonio para defender que durante su mandato reclamó en varias ocasiones el desvío del barranco de La Saleta, que se ha llevado la vida de seis de sus convecinos. Una petición que siempre cayó en saco roto.
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En cambio, en su narración no añadió que fue su Ayuntamiento, el cual gobernó entre 1997 y 2011 el que impulsó el centro comercial Bonaire en 2001, en su día el más grande de España, con medio millón de metros cuadrados y con una previsión de visitantes de 25 millones al año a principios de siglo. Navarro, mientras reivindicaba el desvío de La Saleta, permitió la instalación de una gran superficie en el cauce de un barranco.
Una de las personas más combativas para ejecutar obras en la rambla del Poyo y en Pozalet-Saleta ha sido José García Riquelme, el eterno presidente de la Asociación de Empresarios 9 d'Octubre de Quart de Poblet. «Habré asistido a más de trescientas reuniones y habré firmado más de tres mil escritos reclamando mejoras para los cauces. Me he dejado la vida en esto. Al final he sido un ignorante, porque he recibido muchas promesas, he trabajado mucho para que no sucediera lo del 29 de octubre y hay quien incluso me ha tratado de loco», señala con el regusto amargo de haber tenido que vivir una dana como la de octubre y ver que aquello que él proponía y defendía nunca se hizo.
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García Riquelme ha estado cara a cara con la mayoría de los alcaldes, los de antes y los de ahora, que han visto como su territorio ha sido arrasado. «Hubo una reunión de todos los alcaldes afectados por la situación de la rambla del Poyo, a la que asistió González Cepeda como delegado del Gobierno, para poner en marcha un proyecto ya aprobado que nunca se ejecutó», lamenta este empresario que a la falta de previsión de emergencias, al urbanismo expansivo añade el afán partidista de la política frente al interés general.
La diputada socialista Carmen Martínez, alcaldesa de Quart de Poblet entre 1999 y 2023, señalaba en una entrevista en 2003 al ser preguntada por el control de aguas en la zona: «Hasta que el encauzamiento del barranco del Poyo no esté hecho, los problemas con las aguas pluviales continuarán. El Ministerio de Medio Ambiente –en ese momento con gobiernos del PP tanto en España como en la Comunitat– no tiene claro cuándo va a ejecutar ese proyecto que para nosotros es prioritario». Martínez, hoy no repetiría esas mismas declaraciones hacia su Gobierno, del color de su partido, como en otras épocas los alcaldes del PP no tiraron piedras sobre el tejado de la Moncloa.
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El actual alcalde de Aldaia, el socialista Guillermo Luján, ha sido el único que ha dado un paso al frente sin aromas partidistas, para reconocer que el Consell del Botánico, su partido, puso freno el desvío del barranco de La Saleta, al tiempo que ha pedido explicaciones a la CHJ. Antes de la dana, los alcaldes vivieron esposados a sus partidos, priorizaron los votos del urbanismo y aletargaron sus protocolos de emergencia. Después del 29 de octubre, sólo hay que seguir la senda de Luján.
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