Las urnas frenan las infraestructuras valencianas

El Boletín Oficial del Estado (BOE) plasmaba hace unos días la fecha que sobrevolaba la actualidad nacional desde hacía semanas: el 10 de noviembre habrá que volver a las urnas para elegir Gobierno. Serán las cuartas elecciones nacionales en apenas cuatro años pero, también, la constatación de una segunda prórroga presupuestaria de las cuentas estatales de 2018, ya que los Presupuestos Generales de 2019 no salieron adelante (lo que llevó a los comicios del pasado abril).

Una situación de bloqueo político y presupuestario que lleva aparejadas consecuencias directas en las inversiones del Estado, ya que algunos proyectos de infraestructuras vuelven a quedarse en el aire (ampliación del by-pass o la V-30) o a desarrollarse al ralentí. En esto último hay ejemplos como la V-21, donde los plazos para que el tercer carril esté acabado en junio del próximo año difícilmente se cumplirán por los retrasos que acumula ya, o del Plan de Cercanías, donde el contrato para redactar la duplicación de vía entre Cullera y Gandia se formalizaba en agosto (se adjudicaba en junio) con un plazo de ejecución de 18 meses.

Ese temor a la ralentización ya fue expresado hace unos días por el conseller de Obras Públicas, Arcadi España, en una cumbre empresarial de reivindicación de los corredores mediterráneo y cantábrico-mediterráneo (donde se incluye la línea ferroviario Sagunto-Zaragoza). España expresaba su confianza en que «la convocatoria electoral no ralentice las licitaciones e inversiones que se están haciendo» en estos dos corredores.

También en ese encuentro el presidente de la CEV, Salvador Navarro, alertaba de las señales de desaceleración económica y se preguntaba si no «deberían acelerarse las infraestructuras que nos harán ser más competitivos». Lo destaca también el presidente de la Federación de Contratistas de Obra Pública (Fecoval), José Luis Santa Isabel: «Se ralentiza la economía y debería apostarse por una inversión estable del Estado que, además, se traduce en empleo, competitividad, trabajo y bienestar. En cambio, se sacan las tijeras y hay un parón en las licitaciones y adjudicaciones».

Santa Isabel lamenta que no haya «voluntad política» de tener una propuesta estable de inversiones, un plan estatal consensuado donde se planifiquen las infraestructuras a largo plazo. «La no existencia de Gobierno y de Presupuestos bloquea cualquier avance», añade Santa Isabel. Un aspecto que también destaca la Cámara de Contratista, donde su director-gerente, Manuel Miñés, resalta, además, «el maltrato continuado» hacia la Comunitat en materia de inversión pública.

«En España la Administración central sigue licitando pero a la Comunitat no llega nada. Y no vale la cantinela de que hay un Gobierno provisional», critica Miñés. Y pone sobre la mesa las últimas cifras de licitación pública, correspondientes al cierre de julio de este año, donde el Ejecutivo central ha invertido 3.900,91 millones entre enero y julio (un 62,63% más que en el mismo periodo de 2018) pero a la Comunitat apenas han llegado 140,97 millones (un 75,38% menos). «En otras palabras, la Comunitat sólo representa el 3,61% de las inversiones del Gobierno», resume.

La ampliación del tramo central del by-pass (entre los enlaces con la CV-32 y la A-3) está pendiente de que se aclare qué sucede con los proyectos constructivos (paso previo para la licitación) debido a la suspensión de pagos de la consultora adjudicataria.

Desde 2009

El proyecto actual se presentó en 2009 aunque hasta 2014 no se reactivaba con la fase de exposición pública. Los fallidos PGE de 2019 apenas contemplaban 100.000 euros.

86

accidentes con víctimas entre agosto de 2018 y agosto 2019. Además, 458 atascos en ese periodo.

288

millones será la inversión para las tres fases del tramo central (22,5 kilómetros).

La ampliación se reactivó hace tres años aunque debería haber estado lista en 2011. Las obras están presupuestadas en 145 millones. La propuesta de Fomento para actuar en el tramo comprendido entre el enlace de la CV-36 y la conexión con la CV-30 (el que concentra mayores retenciones) generó el rechazo de los municipios afectados y de la Conselleria de Obras públicas.

Alegaciones

Se presentaron 36 alegaciones, de las que 22 se presentaron en plazo y otras 14 finalizado ya el periodo previsto.

Municipios afectados

Valencia (Pinedo, La Punta, Horno de Alcedo, La Torre y Castellar), Quart de Poblet, Xirivella, Mislata, Paterna, Manises, Picanya, Paiporta y Sedaví.

100.000

vehículos registra en algunos puntos la IMD (Intensidad Media Diaria).

La duplicación de esta vía figura entre los temas pendientes que tiene el Ministerio de Fomento en la Comunitat. Su proyecto de construcción (94,6 millones) se aprobó en la recta final de la campaña de las elecciones nacionales y autonómicas del pasado abril pero las obras no se han licitado y los Presupuestos Generales del Estado de 2019 -que no se aprobaron- únicamente asignaban 100.000 euros para una actuación que reclaman, entre otros, los empresarios del Polígono Fuente del Jarro.

Las mejoras de capacidad y seguridad de la V-31 fueron objeto de otro nuevo rechazo por parte de la Conselleria de Obras Públicas. En concreto, se presentaron alegaciones al documento inicial de evaluación ambiental remitido por el Ministerio de Fomento a los municipios afectados.

Obras por seguridad

En la V-31 sí que se mejorará en los próximos meses el ramal de incorporación de su conexión con la V-30 sentido puerto.

El 1 de enero de 2020 se levantarán las barreras de la AP-7. Sin embargo, siguen sin conocerse qué enlaces construirá el ministerio para conectar la autopista con los municipios, especialmente en las comarcas de la Marina y la Safor. El Consell, en colaboración con los ayuntamientos, planteó siete enlaces nuevos y tres acondicionamientos de carreteras convencionales. Tampoco se ha vuelto a reunir la comisión conjunta.

220

millones es la inversión prevista para las conexiones con los municipios, según los cálculos de la Generalitat.

Mantenimiento

Los contratos de mantenimiento de la AP-7 una vez se liberalice tampoco se han licitado todavía a pesar de que Fomento recibió autorización para un gasto de 129 millones el pasado agosto.

El bloqueo político tiene una consecuencia directa sobre el transporte metropolitano y los proyectos que la conselleria tiene previstos para mejorar, por ejemplo, la red de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. ¿El motivo? La falta de las ayudas al transporte metropolitano que, aunque recuperadas en 2018, sólo se consiguieron diez millones. Desde Fecoval, José Luis Santa Isabel, destaca la importancia de potenciar una red circular, además de lanzaderas fuera de la ciudad de Valencia y aparcamientos disuasorios.

38

millones prometió el Gobierno de Pedro Sánchez pero finalmente los PGE de 2019 sólo contemplaron diez millones. Tanto el PSPV como Compromís anunciaron una enmienda para elevar esta cantidad pero no se materializó al no aprobarse las cuentas estatales.

Un informe de la Cámara de Contratistas cifraba una inversión de 1.539 millones para 64 actuaciones de áreas como abastecimiento, tratamiento, distribución y regulación en el terreno de las infraestructuras hidráulicas. El grueso de las inversiones corresponde al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (1.282 millones), la Generalitat (234 millones) y ayuntamientos (23 millones.

500

millones. Es la cifra de las obras antirriadas sin ejecutar en la Comunitat. Son trabajos que corresponden tanto a la administración central como a la autonómica y en algunos casos, las de menor entidad, a las corporaciones locales.

A paso tortuga. Así avanza el Plan de Cercanías de la Comunitat, presentado en diciembre de 2017 y que contemplaba 1.436 millones de inversión en la red. La modernización de la C-3, por ejemplo, ha vuelto a la casilla de salida al tener que reelaborarse los proyectos, mientras que la licitación de las instalaciones de seguridad en la línea Xàtiva-Alcoy todavía no se ha resuelto a pesar de haber convocado el concurso en diciembre del año pasado.

Sin reunión

La comisión integrada por la Generalitat y Fomento para abordar los avances en el plan sólo se ha reunido una vez. Fue a finales de noviembre para su constitución.

325

millones contemplaban los PGE de 2019 no aprobadas para inversiones en la red de Cercanías de Valencia.

El tercer carril entre Crevillent-Orihuela-Murcia formaba parte del Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) que quedó paralizado con la moción de censura en junio de 2018. El ministerio lo reactivó en febrero de este año mediante la fórmula del estudio de viabilidad y, cinco meses después, se aprobaba sin más avances hasta ahora. La prolongación en Castellón de la A-7/CV-10 se anunció a comienzos de 2018 y tampoco ha registrado avances.

Tras un final de la anterior legislatura marcado por las licitaciones y adjudicaciones frenadas en el corredor, en mayo se reactivó el ritmo inversor. Sin embargo, hay puntos negros (así los denominaron los empresarios el pasado julio). Por ejemplo: la puesta en servicio de la variante de Vandellós, que permitirá acortar el tiempo de viaje entre Valencia y Barcelona y que sigue sin fecha; el tramo de alta velocidad Monforte-Elche, que debería haber entrado en servicio este verano; o la llegada del AVE regional, para lo que debe completarse el tramo Xàtiva-La Encina. En este caso, el último contrato lleva la finalización de las obras a 2022. También deberá conocerse los planes de Fomento con los estudios informativos del túnel pasante o la doble plataforma entre Valencia y Castellón.

Una de las incógnitas que todavía no ha despejado el departamento que dirige José Luis Ábalos es qué proyectos presentará ante la Unión Europea para obtener financiación en la línea ferroviaria Sagunto-Zaragoza. Es, además, una de las peticiones lanzadas por la plataforma Teruel Existe, que insiste en que el trazado sea de altas prestaciones.

Plan de mejoras

Adif ejecuta actualmente obras de mejora en la conexión ferroviaria, que mantienen cortada la línea entre Sagunto y Zaragoa hasta finales de la próxima semana.

386

millones contempla el plan de modernización que se desarrollará hasta 2023, incluida la electrificación de la línea.

Las obras de ampliación de un tercer carril de la V-21 entre Alboraya y Valencia acumulan todo un expediente de incidencias. A las protestas iniciales de los ayuntamientos de Valencia y Alboraya se sumaron las de ecologistas por la afección sobre la huerta y los derivados del elevado precio fijado en las expropiaciones de terrenos, que no se tuvieron hasta este verano. La actuación debería estar finalizada en junio de 2020 pero los problemas pueden retrasarla, además de la prórroga de los presupuestos.

Carril Bus-VAO

Fomento ha trasladado a la Abogacía del Estado si es posible dedicar el tercer carril a un carril Bus-VAO (vehículos de alta ocupación), tal y como pidió la Generalitat a finales de 2018. Un compromiso que recogió el ministerio pero que ahora ha trasladado a consulta ya que debería realizarse un nuevo modificado en el contrato actual (ya se hizo uno para reducir la afección sobre la huerta).