El valenciano se estanca tras ocho años de fomento intensivo de su uso

La Dirección General de Política Lingüística ha contratado la elaboración de barómetro que se actualizará cada año, sustituyendo a las encuestas actuales, que tenían una periodicidad plurianual. Y la medida se justifica en parte en los discretos resultados que arrojó la última, presentada a finales de 2022 y realizada entre octubre y diciembre de 2021. Fueron «positivos» en cuanto al conocimiento de la lengua autonómica pero «preocupantes» en relación al uso, en palabras de Rubén Trenzano, responsable de esta área que depende de la Conselleria de Educación. Ahora, con la nueva herramienta de medición se pretende «actuar de manera más rápida y en ámbitos muy específicos con medidas que incentiven y promuevan el valenciano».

En cuanto a la primera oleada del barómetro, el trabajo de campo se ha realizado entre enero y febrero de 2023 y se sustenta en 975 encuestas. El diagnóstico que hace Educación es esperanzador, pues el porcentaje de participantes que dice utilizar el valenciano crece en casi todos los contextos planteados. Eso sí, los compara con los datos de 2021. En cambio si se toma como referencia la encuesta anterior, presentada en 2015 con datos recogidos en noviembre de 2014 , el escenario cambia. Y prácticamente coincide con la vigencia del gobierno del Botánico, lo que da una visión global de cómo han influido sus políticas lingüísticas. Por no hablar de que ambos trabajos se hicieron de manera presencial y en un contexto de normalidad sanitaria, a diferencia de lo sucedido con la muestra de hace dos años.

Para hacer la comparación se ha seguido la misma metodología que la empleada por Educación para defender los incrementos en el uso en 2023 en relación a los datos de 2021. Básicamente se han sumado los porcentajes de personas que dicen utilizar el valenciano siempre, generalmente o con más frecuencia que otra lengua en los diferentes contextos propuestos. Se trata de la misma escala que la utilizada en los estudios previos, lo que permite trazar la evolución.

Eso sí, en la de 2015 no se preguntaba por tantos escenarios de uso. Sólo se coincide en siete, los que lógicamente son objeto de comparación. Y se extrae que la utilización de la lengua autonómica cae en tres y crece en cuatro, sobre todo en el ámbito laboral. En cambio, el castellano gana peso -exactamente porcentaje de personas que dicen usarlo- en seis.

En cuanto al uso personal del valenciano, hay tres contextos susceptibles de enfrentar: el volumen de encuestados que lo utiliza en casa (+1,1% de casos respecto a 2015), entre amigos (-1,4%) y en la calle con personas desconocidas (-3,5%). Los resultados del castellano en estos ámbitos son los siguientes: +4,6%, +1,7% y +5,7% respectivamente.

Respecto al contexto laboral, gana más presencia la lengua autonómica (+2,5% y +1,1% en relaciones entre compañeros y con clientes o proveedores, respectivamente), aunque también lo hace el español (+4,1% y +7,5%). Que las dos crezcan se puede explicar en que se reduce notablemente el porcentaje de los que en 2015 decían utilizar ambas lenguas indistintamente.

Y en relación a los usos públicos, solo hay dos situaciones que se pueden comparar. La lengua utilizada a la hora de comprar en tiendas tradicionales (+4% en el caso del valenciano y -2,9% en el del castellano) y a la que se recurre cuando se acude a centros comerciales e hipermercados (-0,4% menos de valencianohablantes y +2% de castellanoparlantes).

El nuevo barómetro también pregunta por la lengua utilizada a la hora de dirigirse a la administración (local, autonómica o estatal), en los bancos, en el médico o en sedes festivas, entre otras casuísticas, que también formaron parte del estudio de 2021 pero no del de 2015. Con las sucesivas actualizaciones ya se podrán trazar tendencias en estos escenarios.

Desde la llegada del Botánico han sido varias las medidas que han buscado potenciar el uso de la lengua autonómica. El ejemplo más claro es la Ley de Plurilingüismo, que promueve que los centros impartan el 50% de las horas lectivas en valenciano, dejando el castellano en el 25%. También se han puesto en marcha campañas de sensibilización, impulsado normas (cuestionadas en los tribunales) sobre su uso a nivel institucional, se ha creado una oficina de derechos lingüísticos y en última instancia se trabaja en el decreto que debe fijar el requisito para el acceso a la función pública.