Los vaivenes de la política de menores del Consell

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha anunciado esta semana la privatización de la atención a los menores de futuro centro de recepción de la provincia de Valencia -los empleados pertenecen a una entidad privada aunque un funcionario dirigirá la nueva residencia-. Es el último vaivén protagonizado por la titular del departamento, Mónica Oltra, en la gestión de la política de menores durante la legislatura. Siempre defensora de la actuación directa de la administración, ahora ha tenido, en parte, que dar su brazo a torcer.

Gran parte de sus decisiones en esta materia han sido cuestionadas por municipios, trabajadores, tribunales y vecinos. En palabras del portavoz de Política Social del grupo popular en Les Corts, José Juan Zaplana, «ha creado problemas donde no los había, actuando sin consenso y sin escuchar a la calle».

La vicepresidenta del Consell esperaba que el cierre del centro de Monteolivete, ejecutado durante la primavera de 2017, supusiera un antes y después en la gestión de la política de menores. No ha sido así. Cada paso dado en esta materia durante los últimos años ha ido generando agrias polémicas.

Las deficiencias del centro ubicado en Valencia y el descubrimiento de diferentes casos de abusos sexuales y prostitución en los que se vieron envueltos diversos menores, siempre en el exterior de las instalaciones, fueron la puntilla. Igualdad decidió cortar por lo sano y cerrar las instalaciones y trasladar a Buñol a los jóvenes, una medida que contó con la oposición de los trabajadores.

La decisión sirvió, además, para anunciar la puesta en marcha de un nuevo modelo de atención a la infancia basada en la creación de centros con menos plazas que todavía no se ha implementado en su totalidad.

La Conselleria de Igualdad decidió en mayo de 2017 arrebatar el control del centro de menores de Segorbe a las Hermanas Terciarias Capuchinas. Para ello la propia vicepresidenta argumentó que se estaban produciendo «castigos físicos» a los menores, con duchas de agua fría «en noches de invierno» o se les dejaba sin comer durante horas. Oltra ordenó entonces el urgente traslado de los 18 adolescentes del centro. Pero nada de eso fue corroborado por la investigación de la fiscalía y finalmente la Justicia ha archivado el asunto.

Unos meses después, la Conselleria de Igualdad no renovó la concesión de la gestión de la asistencia a menores en dos centros que llevaba la misma orden en Nules y Castellón.

El traslado de los menores desde Monteolivete a Buñol no consiguió acabar con los problemas detectados en las instalaciones de Valencia. A los pocos meses de abrir el nuevo centro de recepción se empezaron a repetir algunas de las situaciones denunciadas: hacinamientos, falta de personal, mal estado de las instalaciones. Precisamente la gestión de este centro ha evidenciado que el nuevo modelo impulsado por Oltra se ha quedado en poco más que palabras.

El aluvión de menores, especialmente de los conocidos como 'menas', no acompañados que suelen proceder de países africanos o de Europa del Este, ha puesto de relieve las carencias que presenta el centro. Sendas inspecciones de la fiscalía, de Trabajo y del Síndic de Greuges pidieron a la conselleria que actuara para corregir la situación. A esta solicitud se unió la de la alcaldesa de Buñol, la socialista Juncal Carrascosa, que reclamó a Oltra soluciones a la problemática.

El último paso se ha dado esta semana con el anuncio del traslado del centro de recepción a Alborache, localidad en la que el PP rechaza su instalación así como la privatización de la atención a los menores.

La vicepresidenta del Consell ha visto también vetada su intención de construir un centro de menores en Paterna. El Ayuntamiento de la localidad suspendió la concesión de licencias para usos asistenciales durante dos años y un juez les ha dado la razón. Desde el consistorio, gobernado por el PSOE, se ha acusado a la conselleria de actuar por imposición y sin tener en cuenta el parecer de la localidad.

La instalación del centro de recepción de menores en Buñol es provisional. Su destino definitivo es Llíria. Pero la pretensión de Igualdad también ha encontrado un fuerte rechazo. De momento, la última palabra la tiene el Tribunal Superior de Justicia ante la suspensión cautelar solicitada por el Partido Popular. La portavoz de esta formación, Reme Mazzolari, explicó a LAS PROVINCIAS que su formación ha impugnado la adjudicación de la obra de rehabilitación del edificio en el que se tiene que ubicar esta infraestructura. «El proceso está viciado. El informe del interventor municipal así lo reconoce», señaló Mazzolari. Además, el proyecto de la Conselleria de Igualdad se ha encontrado con la oposición de parte de la población de Llíria que teme los mismos problemas que se están dando en Buñol.