Una pareja de visitantes pasa frente a un apartamento turístico en Valencia. J.L. BORT

Valencia, Benidorm, Torrevieja y Elche piden competencias para sancionar apartamentos turísticos

Turismo recibe las solicitudes de cuatro ayuntamientos para reforzar un cuerpo de inspectores que cuenta sólo 11 supervisores para 100.000 pisos de uso vacacional en la Comunitat

Pablo Alcaraz

Valencia

Sábado, 21 de septiembre 2024, 01:00

Una de las medidas estrella recogidas en el decreto aprobado por el Consell para regular los apartamentos turísticos en la Comunitat empieza a coger ... vuelo. La Conselleria de Turismo ha recibido ya la solicitud de cesión de las competencias de inspección, sanción y recaudación sobre las viviendas de uso turístico ilegales por parte de cuatro municipios de la región. Los ayuntamientos de Valencia, Benidorm, Torrevieja y Elche ya han presentado sendos escritos en las instancias del departamento encabezado por la consellera Nuria Montes. Además, también se espera que Alicante formalice su petición tras haber anunciado su intención de hacerse cargo de las potestades otorgadas por la normativa.

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Desde Turismo aseguran que con los municipios que han depositado las solicitudes de cesión de competencias en el registro de la conselleria ya hay una parte «muy importante» del parque de vivienda de uso turístico que será susceptible de ser inspeccionada. Por el momento, el área dirigida por Montes se encuentra en la fase última del proceso de redacción de un convenio marco para que los consistorios beneficiarios puedan firmar los acuerdos y obtener las potestades. Las mismas fuentes deslizan que la rúbrica de estas autorizaciones tendrá lugar «a lo largo de las próximas semanas».

La Conselleria de Turismo recibió el pasado jueves la petición del Ayuntamiento de Valencia de asumir las competencias de sanción inspección y recaudación sobre los apartamentos turísticos de la ciudad. El Consistorio valenciano materializó así el anuncio realizado por la alcaldesa María José Catalá en el debate sobre el estado de la ciudad celebrado el pasado lunes y se sumó a los municipios alicantinos que ya habían solicitado dichas potestades. De hecho, no es casualidad que la provincia de Alicante concentre un mayor número de municipios que han pedido las competencias, ya que la demarcación alicantina cuenta con el 69% de la oferta de apartamentos turísticos de la Comunitat.

Tal y como publicó en exclusiva LAS PROVINCIAS, el actual cuerpo autonómico de inspectores cuenta con apenas 11 efectivos entre las tres provincias para examinar más de 100.000 pisos turísticos en toda la región: cuatro de estos agentes se encuentran en Alicante, tres en Castellón y otros cuatro en Valencia. La consellera de Turismo explicó que el número de supervisores de la Generalitat era «muy pequeño» y que era la misma cifra que se habían encontrado como herencia del Botánico. A su vez, Montes comentó que gracias a la delegación de competencias sobre los municipios se ampliará el número de inspectores.

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Cabe recordar que, bien sean los agentes de Policía Local de cada uno de los municipios o los propios inspectores autonómicos, deberán asegurarse de que se cumplan algunas de las principales novedades introducidas en el nuevo texto legal que se hará efectivo dentro de cinco años. Además, los supervisores también se encargarán de revisar la vigencia de las declaraciones responsables de los propietarios, la prohibición del alquiler de la comercialización por habitaciones así como estar vigilantes a las nuevas condiciones de habitabilidad impuestas sobre los inmuebles.

Otras de las medidas orientadas a favorecer el municipalismo de la nueva regulación de las viviendas turísticas de la Comunitat, reside en que Turismo enviará informes de manera trimestral a cada ayuntamiento que haya querido asumir voluntariamente las potestades delegadas para notificarles los pisos turísticos dados de alta en su municipio para que estos puedan monitorizar la cantidad de inmuebles de arrendamiento vacacional que se han dado de alta en el mercado inmobiliario local.

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Además, el 'decreto Montes', nombre con el que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, bautizó esta nueva norma, estipula la tipificación de multas de carácter «muy grave» que oscilarán entre los 100.000 y los 600.000 euros. Entre este tipo de infracciones se encuentra tener en oferta una vivienda de uso turístico sin licencia ni permisos de actividad o el alquiler turístico por habitaciones.

Financiación

La titular del área de Turismo del ejecutivo valenciano también recordó que los consistorios que quisieran obtener las competencias entrarían a formar parte de un fondo de compensación financiera. Según informaron fuentes de Turismo, el citado recurso ya existe tras haberse puesto en marcha el pasado mes de junio. La partida estaría dotada con hasta cuatro millones de euros provenientes de una línea específica del Fondo de Cooperación Municipal para Municipios Turísticos.

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Según la propia Conselleria, el objetivo de este crédito no finalista era «compensar el esfuerzo financiero en la prestación de servicios y en infraestructuras motivado por la actividad turística». Los importes serán recibidos por 71 municipios turísticos de la región y, en función de su categoría recogida en el Estatuto del Municipio Turístico de la Comunitat, reciben una cantidad u otra. Sin embargo, ahora tras la aprobación del nuevo decreto, el Consell estudia modificar y ampliar la cuantía de estos fondos de cara a los próximos presupuestos para incorporar el coste de las competencias de inspección, sanción y recaudación delegadas en los ayuntamientos.

Los beneficiarios del Fondo de Cooperación Municipal para Municipios Turísticos serían aquellas localidades «que han acreditado el cumplimiento de unos requisitos concretos tanto cuantitativos como cualitativos, y referentes a población turística, plazas de alojamiento turístico, kilómetros de playa litoral o continental, recursos turísticos e importancia del turismo en la economía local». Además, de haber asumido los compromisos incluidos en el Código Ético del Turismo Valenciano así como su contribución al turismo sostenible e inclusivo, con fundamento en el principio de hospitalidad.

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