B. González
Xàtiva
Martes, 18 de abril 2023
Una de las lecciones que dejó la pandemia y, sobre todo, los tres meses y ocho días de confinamiento, fue la importancia de la libertad y de contar con un espacio más allá de las paredes de un edificio de hormigón. Hizo que los ciudadanos urbanitas miraran y valoraran el medio rural.
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Desde entonces se disparó la demanda de compra de viviendas en pueblos de la Comunitat. Una gran oportunidad para esos pequeños municipios que buscan desesperadamente habitantes para evitar la despoblación y mantener servicios como las escuelas rurales.
Estos pequeños municipios, entre 100 y 300 habitantes, cuentan con un porcentaje alto de viviendas vacías, lo que, a priori, supondría el equilibrio perfecto entre la oferta y la demanda de viviendas. Pero no es tan fácil. La mayoría de esas casas llevan deshabitadas años y su estado de habitabilidad no es el que buscan los inquilinos de fuera, es decir, para llegar y entrar a vivir.
En todos los casos sucede lo mismo. Se trata, en su mayor parte, de viviendas que bien dejaron vecinos que emigraron en el siglo pasado o que murieron y a cuyos herederos no interesa invertir en su mantenimiento.
Es el caso de Vallanca, un municipio de 145 habitantes en la comarca del Rincón de Ademuz. Según explica la alcaldesa, Ruth Sánchez, en el municipio hay 449 viviendas entre los dos núcleos poblacionales ( Vallanca y la aldea de Negrón), la mayor parte de ellas están vacías.
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«En venta hay una docena. El problema es que estas viviendas son segundas residencias o están en ruinas y los propietarios no las arreglan porque la inversión es importante y no hay ayudas para incentivar la rehabilitación de segundas residencias», explica la alcaldesa.
Los ayuntamientos sí que disponen de esas ayudas. Vallanca tiene cuatro viviendas de titularidad municipal alquiladas y con los pocos recursos económicos que dispone también ofrece ayudas a los vecinos para el mantenimiento de los exteriores de las viviendas, «para que así no se deterioren», explica Sánchez.
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Insiste en que hay mucha gente dispuesta a ir a Vallanca a vivir, «hay algunos que ya lo han hecho sin tener ningún arraigo en la zona».
La misma situación se vive en otra comarca de la provincia, la Vall d'Albaida. En Benissuera, un pueblo de 188 habitantes. «Hay muchas familias que nos llaman buscando casa y, con niños, que es lo que necesitamos», explica la alcaldesa, Catia Lopes.
El problema es el mismo, casi la mitad de las viviendas están vacías y una quincena en venta. El precio y la situación en la que se encuentran es lo que impide que la compra se materialice. En los portales inmobiliarios hay casas a la venta por 95.000 euros e incluso algún chalé por 250.000, en este caso sí está para ser habitado.
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«Hay alguna que está en 56.000 euros, pero suelen requerir una inversión para rehabilitarlas y eso frena a los interesados», indica la alcaldesa.
Vicente Úbeda es un vecino de Benissuera que se presta a hacer un recorrido por el pueblo. «La mayoría de las casas habitadas son de personas mayores que viven solas y las que están vacías porque cuando mueren los padres los hijos la ponen a la venta. Pero no es solo el precio que se pida, sino que hay que reformarlas», insiste.
La calle Mayor es la que más viviendas tiene a la venta y se puede comprobar el mal estado de algunas de ellas. Vicente recuerda que hace 14 años hubo un boom de venta por la demanda de ingleses, «se vendieron casas a un buen precio. Muchas vuelven a estar a la venta». No obstante, en el recorrido, va indicando las que tienen nuevos inquilinos. «Esta la ha alquilado una familia de Palma de Mallorca, esta otra la ha comprado una chica de Bulgaria, la otra es de una señora de Gandia que viene a temporadas y esta de unos franceses que viene en vacaciones».
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El Ayuntamiento, con sus limitados recursos, ha podido construir varias viviendas en un solar municipal y está en conversaciones para adquirir una junto a la Casa Consistorial para ofrecer en alquiler social.
Benissuera tiene un término municipal muy pequeño y tampoco tiene posibilidad de crecimiento, de poner en marcha nuevas urbanizaciones.
A 6 kilómetros está Bellús, uno de los pueblos que quiso aprovechar ese deseo pospandemia de querer vivir en un entorno rural, lanzando la campaña 'Vine a viure a Bellús'. «Fue todo un éxito, por la cantidad de gente que llamó, se interesó e incluso vino a ver el pueblo», indica la alcaldesa, Susana Narro.
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Sin embargo, subraya que, a pesar del sobreesfuerzo que supuso, dado que no cuentan con personal, «nos dimos cuenta que solo pudimos lograr que vinieran dos o tres familias y nos hizo pensar en que el problema más profundo a solucionar primero. Hay que hacer una labor pedagógica con los vecinos porque hay muchas casas abandonadas, que necesitan un mantenimiento, además de que no está integrado el concepto de alquiler».
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Al igual que en los otros municipios, la treintena de viviendas que están a la venta en Bellús se trata de casas antiguas, que están cerradas mucho tiempo y «eso no revaloriza la propiedad, porque cuando más tiempo está cerrada, más se deteriora y pierde valor. Cuando viene gente a comprar y ven la vivienda, ven que el precio es casi de solar y se echan atrás», subraya Navarro. Aquí los precios están entre los 40.000 y los 90.000 euros.
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Pero Bellús sí que cuenta con alternativas para aquellas personas que quieran nueva vivienda o construir la suya propia. En este caso la burocracia de los trámites administrativos se lo impide.
A la entrada del municipio hay una promoción de doce viviendas que están terminadas desde hace doce años. Están abandonadas y cada vez más deterioradas porque incluso han sufrido actos vandálicos. Pasaron a ser propiedad de una entidad bancaria por impago del promotor.
La alcaldesa lleva años intentando la posibilidad de que esas viviendas puedan ofrecerse en alquiler. «No tenemos respaldo jurídico ni legal para poder actuar ante esta situación. Hay un vacío legal. Además, esas viviendas aún están inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre del promotor y la entidad no paga nada».
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«En todas estos temas son en los que las administraciones como Diputación y Generalitat deben de actuar si verdaderamente quieren luchar contra la despoblación. Está muy bien que nos pongan un cajero o un punto para aparcamiento de caravanas, pero con esto no abordan el problema desde el fondo», denuncia.
Pero además, el Ayuntamiento ha pedido a la Diputación la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, porque el actual se aprobó en 2011, en pleno boom inmobiliario, «pensando en que íbamos a hacer tres PAI con 400 viviendas». Con la crisis todo quedó en el papel.
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«Hay un interés de poder construir vivienda nueva, pero el PGOU está obsoleto. No sirve que para que una familia pueda construir una vivienda en la ampliación de casco urbano, tengan que pagar los costes de la rotonda de la entrada», explica y asegura que hace ocho meses que lo solicitaron a Diputación y aún no han tenido respuesta.
«Estamos redactando un plan parcial de una unidad de ejecución pequeñita para construir dos viviendas que quieren en el pueblo. Estoy pendiente del informe jurídico de Diputación y lleva desde el verano pasado, casi un año y no se ha emitido informe. Hay dos familias esperando, pero después de este tiempo se lo pueden pensar o les puede surgir una mejor opción en otro lugar. Podemos perder otra oportunidad, por los tiempos y los plazos, por la falta de apoyo técnico», lamenta.
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En la Canal de Navarrés, al límite entre las comarcas de Ayora-Cofrentes y Hoya de Buñol, está Millares. Este municipio recibió el premio 'Pueblo con futuro', por las acciones llevadas a cabo en los últimos años de lucha contra la despoblación. El Ayuntamiento, con recursos propios, adquirió y rehabilitó tres viviendas. Actualmente todas están ocupadas con familias que decidieron irse allí a vivir.
El alcalde, Ricardo Pérez, explica que hay bastantes casas vacías, pero pocas que se venden. «Preguntamos quiénes estaban dispuestos a vender a fin de facilitar los datos a quienes llamaran al Ayuntamiento interesándose por una vivienda, pero fueron muy pocos los que estaban dispuestos», explica e insiste en que la intención del Consistorio es poder ampliar ese servicio de mediación-información para conseguir más habitantes.
De hecho, recientemente se ha trasladado desde Palma de Mallorca una familia que se ha quedado con el servicio de uno de los bares del pueblo. Son los que se han quedado con la última de las tres viviendas en alquiler facilitadas por el Ayuntamiento. Es un ejemplo de que se puede comenzar una nueva vida en los municipios de la Valencia vaciada.
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