Valencianos en busca de sus raíces

Una prueba que puede cambiarlo todo, que podría reestructurar por completo el árbol genealógico de una persona y, en algunos casos, hasta su estatus socioeconómico. Los análisis genéticos suponen ya una herramienta básica para determinar la filiación de un determinado sujeto y esclarecer procesos judiciales que, sin ellos, tendrían difícil resolución. Y van en aumento, según apuntan desde el Instituto de Medicina Legal (IML) de Valencia, órgano encargado de llevar a cabo estas pruebas de ADN cuando así lo solicita un juzgado.

Desvelar una determinada filiación abarca desde los casos más mediáticos, como el de Javier Santos, el valenciano que reclama que el cantante Julio Iglesias reconozca su paternidad, a otros, la mayoría, que pasan desapercibidos y que vienen acompañados de, por ejemplo, disputas por un testamento o hijos que proceden, supuestamente, de una infidelidad. Precisamente el caso de Javier adquiere actualidad esta semana, puesto que el jueves se celebrará un nuevo juicio en Valencia. Sobre la mesa, la misma incógnita que en los anteriores procesos de 1992 y 2004: saber si el parecido entre Santos e Iglesias es sólo una ilusión óptica global resultado de la sugestión o, por el contrario, obedece a la relación entre el cantante y la madre de Javier, María Edite Santos, en 1975, cuando lo conoció trabajando como bailarina en una sala de fiestas de Gerona. Las pruebas genéticas -Santos asegura tener la confirmación de que es hermano de uno de los hijos legítimos del cantante- podrían ser relevantes en el proceso que se retoma el jueves.

Pero fuera de los focos, los profesionales del citado instituto trabajan para sacar a la luz, con la mayor fiabilidad posible, las respuestas que reclaman los demandantes. Sólo el pasado año, según los datos proporcionados por el IML a LAS PROVINCIAS, los especialistas del instituto recibieron 67 órdenes de los juzgados de la Comunitat para que desarrollasen una Investigación Biológica de Paternidad (IBP). Tres de ellas procedían de fuera de la autonomía y cinco más «han quedado en propiedad del cliente» -se trata de pruebas que quedan custodiadas y que podrían ser necesarias ante futuras reclamaciones-. Del total de los expedientes abiertos, agregan desde este órgano, en 2018 se informaron 42 casos -de ellos, en 37 de los procesos, las pruebas señalaron que sí existía filiación. También se informaron 21 expedientes de 2017, dieciséis de ellos positivos. Esto se traduce, a grandes rasgos, que al menos el 75% de los casos (tres de cada cuatro) suelen resolverse en la línea de que entre las partes implicadas sí existe relación familiar, normalmente de parentesco entre padre e hijo.

Elvira Garrido-Lestache dirige el citado instituto y apunta a un progresivo cambio de tendencia en los casos de reclamaciones de paternidad. Hasta hace unos diez años, la mayoría de los casos partían de niños que, al crecer, quieren averiguar la identidad de su padre biológico y tienen sospechas de una determinada persona. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la balanza se está equilibrando y cada vez son más los padres que creen que un pequeño (muchas veces hijo de una expareja) podría representar su descendencia biológica.

Pero estos estudios genéticos no sólo sirven para ayudar en la resolución en disputas por la filiación. Procesos en los que es necesario identificar a hijos desaparecidos, desastres masivos en los que urge conocer la identidad de las víctimas -el último, el trágico accidente del metro del 3 de julio de 2006- o casos como la llegada del Aquarius, en los que hay que determinar las conexiones familiares entre adultos y menores, como recuerda el doctor Manuel Velázquez, jefe de sección de Genética, Forense y Criminalística del IML. «Todas las relaciones familiares se pueden determinar con los marcadores normales, pero conforme nos alejamos en esa relación familiar es más difícil emitir un resultado concluyente», explica Velázquez.

Este especialista describe, a grandes rasgos, los pasos que se siguen para acometer uno de estos análisis. «Lo primero es ver si puede existir relación o podemos conocer de forma tajante que no; puesto que en el informe pericial de filiación las exclusiones -resultado negativo- son fiables, pero las inclusiones -resultado positivo- hay de determinarlas de forma más certera». Esto quiere decir que si los análisis iniciales descartan la filiación, ese resultado sí resulta taxativo, mientras que si apuntan lo contrario es necesario desarrollar un estudio estadístico de índice de paternidad en cada marcador de ADN, un análisis en el que con más de dos exclusiones se descartaría la filiación. «Una respuesta cien por cien segura no se puede dar porque se tiene que admitir desde el punto de vista teórico que puede haber otra persona con el mismo perfil, por lo que la prueba genética es un indicio más», añade.

Sin embargo, y pese a este resquicio, la fiabilidad es muy elevada. «Un índice aceptable es el que está por encima de las 100.000 veces más probable de que el sujeto sea el padre frente a cualquier otro hombre de la población», resume este experto. En esta línea, la directora del centro destaca también que, anualmente, se realizan los ejercicios de intercomparación de calidad -contrastar las muestras de manera aleatoria- con otros organismos oficiales, una medida que contribuye más si cabe a garantizar la fiabilidad de las pruebas que se llevan a cabo.

Aunque estos profesionales desconocen lo que hay detrás de cada caso concreto -las pruebas son encargadas de oficio por un juez-, sí apuntan que buena parte de los procesos responden a reclamaciones por problemas con los testamentos (por ejemplo, que aparezca algún posible hijo ilegítimo que reclame parte de los bienes). Parejas que rompen, al cabo del tiempo ella da a luz y él sospecha que podría tratarse de su hijo es otro de los perfiles de casos cada vez más habituales en los que las pruebas de ADN desempeñan un papel relevante.

Y dada la creciente importancia de estos análisis, el equipamiento de los laboratorios va en aumento. «La inversión que ha hecho esta Administración ha sido considerable. Hemos comprado nuevo instrumental como un robot automático de extracción de muestras o un cuantificador de ADN automático», concluyen.

La historia que narra Ana María podría tratarse perfectamente del guión de una película a no ser que, fruto de la casualidad y de su curiosidad, descubriera, según asegura, que es la nieta de Juan March, un conocido empresario y financiero mallorquín. Así se desprende del proceso judicial que terminó con la exhumación del cadáver de March para obtener una muestra que, a la postre, desvelaría que se trata del abuelo de esta vecina de Valencia, siempre según su versión.

El periplo de Gallart arranca hace más de una década. «Cuando murió mi padre adoptivo descubrí cartas que decían que era hija de Juan March, pero mi madre las rompió y me respondía con evasivas. No tenía pruebas, sólo la curiosidad de saber quién soy, aunque no quise remover el pasado», relata. Sin embargo, un comentario delante de su marido reanudó el interés. «Vimos por la tele que iban a subastar objetos de uno de los palacios de March y le dije a mi marido: una parte de eso me corresponde».

Y arrancó la investigación. Ana María, después de contactar con los servicios sociales de Mallorca y de llevar a cabo distintas averiguaciones, descubre que su madre biológica era la cocinera de los March, que fue despedida cuando el embarazo se volvió más evidente, y que tenía una hermana gemela que falleció a los ocho meses. Ella, a los tres años, fue adoptada después de pasar por un hospicio, por lo que todo transcurría con normalidad hasta que descubrió los escritos sobre su ascendencia biológica.

«En las cartas había dudas de que fuera hija del padre o del hijo», puesto que uno de los vástagos de Juan March tiene el mismo nombre, de ahí que no le sorprendiera el resultado de las pruebas forenses. Sin embargo, según lamenta, «como Juan March no era mi padre, sino mi abuelo, el expediente se cerró, por lo que habría que reabrir el caso. En ese momento dije, se acabó. Ya sé quién soy, no les voy a reclamar nada».

Tal y como resalta, «las pruebas de ADN dan un 92% de coincidencia y el forense dijo que, morfológicamente, mi cara y la suya coinciden, que me parezco muchísimo». Pese a ello, a sus 71 años, Ana María ya está satisfecha con el resultado de sus indagaciones y no necesita ya nada más.