Los valencianos sufren esperas de hasta dos años para obtener el certificado de discapacidad

Esta situación, que se reproduce prácticamente en toda España, ha originado que se ponga en marcha la campaña #EsperaYDesespera, impulsada por Cocemfe nacional y su Movimiento Asociativo, que este martes se iba a escenificar con la organización de colas de los afectados a las puertas de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Sin embargo, las inclemencias meteorológicas han evitado la protesta en la vía pública en Valencia y Castellón, aunque en Alicante sí ha podido celebrarse.

La campaña, organizada con motivo del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ha contado con la participación de representantes de Cocemfe Valencia, Cocemfe CV y sus entidades, y de la participación de personas que actualmente permanecen a la espera de su valoración o de que se renueve el baremo actual, que conjuntamente exigen terminar con esta situación.

El vicepresidente de Cocemfe Valencia, Ezequiel Ruiz, ha explicado las consecuencias de esta situación: «No recibir una valoración o una revisión del grado de discapacidad a tiempo nos perjudica en el empleo, la educación, la accesibilidad, la salud… y también nos impide acceder a prestaciones que compensan la desigualdad de oportunidades. Es un sistema de derechos al que se nos está impidiendo acceder, con las graves consecuencias que esto tiene para nuestra plena inclusión y participación activa en la sociedad», ha denunciado.

En concreto, las entidades han explicado que el tiempo de espera es variable dependiendo de la comunidad autónoma, pero incluso dentro de un mismo territorio o una misma provincia encontramos diferencias notables al respecto. En la provincia de Valencia se puede encontrar un tiempo de espera medio de 18 meses y personas que tardan hasta 28 meses en conseguir tener la valoración, cuando la normativa actual establece este tiempo en tres meses por resultar un procedimiento de emergencia. En Alicante, lo habitual es esperar entre un año y medio y dos; mientras que en Castelló esta tiempo se sitúa entre los seis y los 12 meses.

«En los casos más graves, hay personas que han fallecido antes de tener la resolución y han tenido que estar durante todo ese tiempo de espera sin recibir apoyos en el momento en que más los necesitaban», han denunciado.

Ruiz ha destacado que se trata de un trámite de vital importancia para las personas con discapacidad: «Esa incertidumbre provoca que muchas personas con discapacidad no puedan elaborar su propio plan de vida. En lugar de recibir apoyos en los momentos más complicados, lo que tenemos es una espera que se nos hace infinita. Necesitamos concreción y rapidez en estos trámites y saber si vamos a tener acceso o no a ciertas prestaciones o medidas de apoyo», ha indicado.

El Movimiento Asociativo de Cocemfe hace hincapié en la importancia de concreción y rapidez en estos trámites para saber si las personas con discapacidad van a tener acceso o no a ciertas prestaciones o medidas de apoyo.

A todo esto, se suma el nuevo baremo de discapacidad, cuya espera supera los 20 años. En este sentido, han destacado la urgencia de poner en marcha el nuevo baremo del grado de discapacidad, el cual ha sido consensuado entre organizaciones, como Cocemfe nacional, con el Gobierno y las comunidades autónomas.

«Aunque el nuevo baremo no es ideal, porque no aporta certezas sobre su despliegue y no indica qué elementos va a incorporar frente a los grandes retrasos en la valoración y revisión del grado de discapacidad y frente a la infradotación de recursos en los servicios, que dificulta y condiciona la implantación, es necesario que se ponga en marcha porque incorpora mejoras para el reconocimiento de situaciones vinculadas a la discapacidad orgánica, como la fatiga o el dolor, enfermedades reumatológicas o enfermedades que cursan con brote», han detallado.

Esta denuncia forma parte de la campaña #EsperaYDesespera de Cocemfe nacional y qestá financiada a través de las subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social de la convocatoria del 0,7 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.