Trece mil valencianos están a la espera de vivienda social o ayudas de acceso

Cuarenta. Es la cifra de resoluciones emitidas hasta mayo por el Síndic de Greuges y referidas al incumplimiento de los protocolos de concesión de viviendas de promoción pública en alquiler por parte de la entonces llamada Conselleria de Obras Públicas, Vivienda y Vertebración del Territorio (y que ahora ha pasado a desgajarse en dos departamentos distintos). Unos escritos en los que afea a la Generalitat que no haga efectivas las medidas contempladas en la ley autonómica, esto es, ayudas para el pago del alquiler o prestaciones de urgencia, además de ofrecer al afectado «un alojamiento concreto».

En su contestación al Síndic, la conselleria -entonces dirigida por la consellera María José Salvador- aseguraba que estaba adoptando medidas para «revertir la situación de insuficiencia de viviendas públicas para atender la demanda existente». Una tarea complicada a tenor de las cifras existentes, ya que actualmente hay 13.305 valencianos inscritos en el Registro de demandantes de viviendas de protección pública o fines sociales, creado a raíz de la aprobación de la Ley por la Función Social de la Vivienda, que impulsó el Consell en la anterior legislatura. Es decir, que hay más de trece mil valencianos que están a la espera de la asignación de uno de los pisos públicos en arrendamiento que son propiedad de la Generalitat o, en su defecto, de acceder a ayudas de la administración autonómica para poder alquilar una vivienda en condiciones, según las cifras facilitadas por la conselleria que dirige el también vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau.

Unos registros que se empezaron a contabilizar en 2017 precisamente para conocer el número real de solicitantes de vivienda en la Comunitat. Entre los requisitos, por ejemplo, acreditar un mínimo de un año de residencia en la Comunitat y que, por sus ingresos, no puedan acceder a una vivienda en condiciones de mercado.

Con anterioridad a esa fecha los datos controlados por la extinta Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) recogían a unos 9.000 valencianos en el listado para conseguir una vivienda social.

De esas más de 13.000 peticiones elevadas a la Generalitat desde hace dos años, y según los datos facilitados por la propia Conselleria de Vivienda, 12.021 peticiones son para alquiler; otras 880, para derecho de superficie; y 404 para la compra de los inmuebles.

Esa cifra, los 13.305 demandantes, es similar al total de viviendas del parque público de la Generalitat, cifrado en 12.676 pisos sociales, a los que habría que sumar los 1.367 que están adscritos a la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha). Estos últimos habitualmente se destinan a personas que no pueden acceder en condiciones normales a una vivienda del mercado libre pero que tampoco se encuentran en situaciones tan precarias como las de los residentes de los pisos sociales. En total, 14.043 inmuebles.

De ellos, más de 8.500 ya están arrendados, según los últimos datos de la conselleria, lo que dificulta dar respuesta a las peticiones de los valencianos que se encuentran en una situación precaria. Porque el resto se encuentran bien ocupadas o bien en proceso de rehabilitación.

En este sentido, fuentes de la conselleria remarcaron que desde la pasada legislatura «la vivienda se ha convertido en una de las grandes prioridades del Consell». De hecho, en la etapa de María José Salvador se invirtieron 29,1 millones para mejorar las condiciones de los pisos sociales -algunos en estado ruinoso- frente a los 4,9 millones de la etapa anterior del PP, indicaron las mismas fuentes.

Por ejemplo, se han reparado ya 1.263 viviendas (856 sociales y otras 407 propias) y actualmente se trabaja en la rehabilitación de otras 35. Además, se adjudicaron 1.414 (945 sociales y 469 propias), según los datos facilitados por este departamento. De esas asignaciones, 99 fueron para personas que habían perdido su casa debido a una ejecución hipotecaria y 112 a víctimas de violencia de género.