Varapalo del juez a Oltra por el traslado de los menores del centro de las monjas de Segorbe

La cascada de decisiones de la Conselleria de Igualdad que terminó en el cierre del centro de acogida de las monjas de Segorbe ya ha tenido sus primeras consecuencias judiciales. El titular del juzgado de Primera Instancia número 7 de Castellón ha dado la razón a la congregación religiosa de las Hermanas Terciarias Capuchinas al dictaminar que la orden de desalojo de los menores fue un acto «contrario a derecho e ilegal», según recoge el fallo.

La sentencia supone un severo correctivo a la actuación de la consellera y vicepresidente Mónica Oltra quien emprendió una cruzada contra las monjas por supuestas irregularidades en las instalaciones y la existencia de un caso de abuso que la Justicia terminó archivando.

La orden de expulsión de los menores fue la causa de la inmediata clausura de las instalaciones. El fallo, adelantado por La Razón, recuerda la inspección que realizaron los técnicos de la Conselleria de Oltra en la que reflejaron una serie de deficiencias y se decretó un plazo para solventar esas carencias. Pero ese expediente nunca contemplaba el cierre de las dependencias, tal y como recoge el juez.

Antes de que concluyera el periodo se decidió sacar a todos los internos que residían en el centro, alrededor de una docena. Es en esta orden administrativa donde el juez subraya los fallos en el procedimiento. Por ejemplo, critica que se obviaran algunos de los requisitos, como reunirse con los menores para conocer su opinión. De hecho, en la sentencia se recogen los testimonios de los afectados, algunos de los cuales fueron trasladados con lágrimas en los ojos.

A lo anterior hay que sumar el trastorno que causó a los afectados, que siguieron escolarizados en Segorbe. Respecto al cierre, medida que no se recogía en el informe de la Conselleria y cuya legalidad no se discute en este procedimiento, fuentes judiciales recuerdan que la decisión no la adoptó la dirección territorial después de escuchar el dictamen de un órgano de control, tal y como recoge la norma, sino que partió directamente de la dirección general.

Este es el primer varapalo a la gestión de Oltra en el centro de Segorbe. La sentencia es consecuencia de una reclamación a las resoluciones administrativas en protección de los menores. Pero puede que no sea el último reproche. Existen otras decisiones que se encuentran recurridas pero, en estos casos, en la vía Contenciosa. Por un lado, el propio cierre del centro, pero también los 15.000 euros que se impusieron de multa y el hecho de que pese a que las Hermanas Terciarias Capuchinas volvieran a ganar el concurso para gestionar las instalaciones, la Conselleria no les derivará ningún menor lo que, en la práctica, les condenaba a la inactividad.

El centro concertado de Segorbe fue clausurado en mayo de 2017 por las presuntas irregularidades y supuestos malos tratos y acoso sexual a una menor. Ni el apoyo de los vecinos (cerca de un millar de personas se manifestaron para apoyar la labor de las religiosas) ni la recogida de más de 7.000 firmas sirvieron para frenar el procedimiento abierto por la Generalitat.

Sin embargo, cinco meses después, la investigación abierta por la fiscalía de Castellón se cerró al no encontrarse «motivos para abrir diligencias de investigación penal». La justicia también absolvió al monitor acusado de un delito de acoso sexual al considerar que no existía prueba de cargo suficiente. El fin de la actividad en La Resurrección también supuso que las religiosas, que llevaban la gestión desde hace tres décadas, iniciasen un ERE de los 17 trabajadores.