Vecinos, asociaciones y ayuntamientos respaldan la Ley de Costas valenciana para frenar los deslindes del Gobierno

La normativa valenciana ha recibido más de un centenar de alegaciones y sugerencias durante el mes que ha permanecido expuesta. Según fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, la mayor parte son positivas y respaldan a la Generalitat.

El tema que más se repite en esas alegaciones, como era de prever, es el de los deslindes. Buena parte de esas sugerencias inciden en la necesidad de proteger tanto las playas como las viviendas y los derechos de sus propietarios frente a los efectos de la regresión del mar, y también de las repercusiones del actual reglamento de Costas del ministerio. Para lograr ese objetivo consideran que debe haber una adecuada gestión del litoral valenciano, que tiene que alcanzarse a través de la colaboración entre administraciones.

En el caso de las aportaciones de los consistorios, han abordado también otros aspectos. Han incidido de manera especial en la reforma del Pativel recogida en la ley con el objetivo de «poder conjugar de una forma más efectiva la protección del medio ambiente con la actividad». En cambio, desde algunos colectivos ecologistas se ha abogado por mantener el marco actual.

Una vez finalizada la consulta pública y con las más de cien alegaciones, la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos ya puede seguir adelante en la elaboración del proyecto de referencia para elevarlo a ley.

De esa forma, al desarrollar las competencias autonómicas en materia de Costas, su normativa sería la que regirá sobre la Comunitat. Con ese objetivo ha trabajado durante los últimos meses, para confeccionar un reglamento propio en el que se tengan en cuenta las particularidades del litoral de la región y se puedan conjugar la protección de la franja costera y la actividad.

De hecho, el malestar generado entre vecinos, entidades y ayuntamientos por la aplicación de unos deslindes por parte del Gobierno central que consideraban arbitrarios fue el detonante. La última modificación del reglamento nacional incluyó aspectos como que el dominio público marítimo-terrestre llegaba hasta donde podía alcanzar una ola, aunque fuera una única vez durante un temporal, cuando estaba estipulado en cinco.

Este aspecto ha sido considerado por muchos como muy lesivo para los intereses de los propietarios de viviendas y negocios en primera línea de playa. Uno de los casos en los que los vecinos han alzado su voz y han salido a la calle se encuentra en Les Deveses, en el litoral norte de Dénia. Los trabajos de regeneración de la playa, con zonas que han pasado de no tener arena a contar con 30 metros, no han evitado que los dueños vieran cómo marcaban sus casas dentro del dominio público, lo que significa que dejan de ser los propietarios de sus propias viviendas.

Precisamente en Dénia, según la plataforma Afectados por la Ley de Costas, hay más de 3.600 inmuebles afectados por los deslindes. Ante la indefensión que está provocando esa arbitrariedad, el colectivo decidió llevar ante el Tribunal Supremo el reglamento de la Ley de Costas del Estado.

Y el caso de la capital de la Marina Alta no es único. La política de deslindes también afecta a vecinos de localidades como Tavernes de la Valldigna, Bellreguard, Guardamar del Segura, Moncofa, Nules o Almenara, entre otros.

Ante toda esta indignación, en noviembre del pasado año la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, anunció la intención de la Generalitat de elaborar una ley de costas autonómica para proteger los intereses de la Comunitat y de los habitantes de su litoral.

La región valenciana no es la única que se ha lanzado a desarrollar un proyecto propio. Galicia dio el paso antes y el Gobierno reaccionó. Recurrió la normativa ante el Constitucional al considerar que invadía competencias estatales y están a la espera del dictamen del Alto Tribunal.

La Generalitat también está atenta a ese aspecto. Y ha analizado los argumentos aducidos por el Ejecutivo central para tratar de evitar que la futura ley valenciana corra la misma suerte que la gallega.