Vecinos de Campanar y seguros empiezan los trámites para calcular el coste de la rehabilitación del edificio

Ahora comienza el camino más difícil. Se puede, pero hay que ver cómo. Llega el momento de hablar con las aseguradoras, ver cuánto conceden de indemnización, cuál es el coste de la demolición parcial de los elementos del edificio siniestrado que hay que sanear y luego reponer, qué ayudas estatales se pueden recibir y hasta qué punto sigue la solidaridad de los valencianos, que los afectados continúan reclamando en forma de donativos para sufragar estas labores.

Los propietarios ya han confirmado que se ha iniciado esta labor con las aseguradoras. No sólo ellos. También la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, confirmó el resultado del examen: «Se ha hecho una inspección técnica para garantizar que la estructura estaba lo suficientemente fuerte para abordar esta rehabilitación. La primera edil también ha constatado que los dueños de viviendas «ya están trabajando con las principales aseguradoras en ese proceso».

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Los propietarios son conscientes de que les queda un largo camino por delante. No sólo por los costes de la rehabilitación, sino por un sinfín de cuestiones a llevar a cabo como redactar un proyecto con un arquitecto del proceso, renovar los sistemas de seguridad y calcular qué cantidad de dinero, si finalmente es así, tiene que poner cada propietario de su bolsillo.

La de los propietarios de Aproicam no ha sido el único movimiento que se ha producido en los últimos días. Este lunes, representantes de la Asociación de Residentes Afectados por el Incendio de Campanar (Ardic), es decir los inquilinos sin propiedad de vivienda, se han reunido con el presidente de la Generalitat. Como señalaron desde la entidad, el objetivo del encuentro ha sido plantear a Carlos Mazón «algunas dudas con el decreto de ayudas», así como «algunas propuestas» para mejorar la situación de los afectados.

La cita no acabó con un comunicado del Consell ni de la asociación, que recibió la promesa de la Generalitat de dar una respuesta a lo planteado en un plazo de 24 horas, por lo que los afectados prefieron no comentar nada sobre lo tratado hasta dentro de unos días.