Alcaldes valencianos olvidados por el Gobierno trasladan sus quejas por la gestión de la dana a Madrid

La voz de los alcaldes de pueblos afectados por la dana en Madrid. Primeros ediles de varias localidades valencianas han estado en la mañana de este miércoles en el Congreso de los Diputados en Madrid acompañando a la Asociación Juristas Valencianos y representantes de diferentes ámbitos públicos y privados de la sociedad valenciana ️para participar en el seminario 'La población valenciana 100 días después de la dana: la visión del municipalismo y la sociedad civi️l'.

Toño Carratalá, alcalde de Alberic, ha asistido a este acto junto entre otros con alcaldes y concejales de los ayuntamientos de Albal, Tuéjar, Godelleta y Alaquàs, y también Carcaixent entre otros.

Carratalá ha explicado que ha tenido ocasión «de hacer crítica de la actuación política posterior a la catástrofe.️ Los políticos hemos sido la voz de nuestras vecinas y vecinos, o las voces. Cien días después de la desgracia, el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat aún no se han oído hablar, y en estos casos nuestra gente no quiere jugar a política». El primer edil de Alberic ha lamentado que los dos responsables políticos (Pedro Sánchez y Carlos Mazón) no se hayan sentado a dialogar de manera constructiva.

Y es que la no inclusión de hasta 28 municipios afectados ha provocado las críticas de primeros ediles, quienes ven incomprensible esta situación y han pedido que se actúe de manera urgente para mejorar el estado de todos los municipios afectados, hayan sido en mayor o menor medida.

De este modo, pepresentantes de ayuntamientos de la provincia de Valencia afectados por la dana han reclamado este miércoles en el Congreso de los Diputados que se lleven a cabo comisiones de investigación «formadas por técnicos independientes, no por políticos».

Asimismo, han pedido ayuda para poder reabrir los centros educativos que todavía no han recuperado la actividad por los daños que causó el temporal del pasado 29 de octubre, a fin de no perjudicar el futuro académico de los alumnos.

«Insto a las administraciones a que establezcan comisiones de investigación, pero formadas por técnicos independientes, no por políticos», ha demandado la vicealcaldesa de Albal, María José Hernández, para criticar en primera persona que los políticos «arriman el ascua a su sardina» y así no solucionan «nada».

Y ha resaltado que es «prioritario» la reapertura de los centros educativos, para lo que es necesario, ha dicho, ayudas del Gobierno central y de la Generalitat, antes de describir que hay alumnos que están dando clases 'online' o se están desplazando a otros centros, advirtiendo que «hay muchos que están abandonando los estudios».

En la misma línea, la concejala de Alaquàs, Marta Murciano, ha avisado de las consecuencias académicas «nefastas» que para el alumnado tiene no poder ir a clase, como el «retraso» que van a sufrir en el temario, sobre todo aquellos que a final de curso quieran hacer la selectividad.

«La mala gestión de la dana no puede ni debe arrebatar a nuestros alumnados su futuro ni al derecho de la educación, y mucho menos el de cumplir sus sueños», ha resaltado.

Por su parte, el alcalde de Tuéjar, Carlos Tarazón, ha afirmado que los políticos están «quedando muy mal» con esta crisis y ha advertido de que «si la política no sirve, vendrá la antipolítica, los monstruos».

Así que ha pedido que se declaren municipios afectados por la dana todos los que han sido afectados, además de exigir coordinación entre el Estado, la comunidad y los ayuntamientos para la recuperación de la zona.

La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, ha insistido en que se reconozca a aquellos municipios que todavía no lo están como afectados y ha llamado a prevenir mejorando infraestructuras como los barrancos, los ríos las carreteras.

«Ya no solo para la recuperación, sino también para hacer las acciones necesarias para poder prevenir en un futuro, porque todos sabemos que no ha sido la primera ni va a ser la última dana y esto va a volver a ocurrir», ha alertado.

Por su parte, la alcaldesa de Godelleta, Amparo Pardo, ha puesto el foco en las viviendas que hay edificadas junto a barrancos y, por tanto, en zonas inundables, por lo que proceder a una reconstrucción «puede ser peligroso».

Ha señalado que los ayuntamientos tienen la «misión importante» de «evitar reconstruir en zonas que al final se ha demostrado que es peligroso habitar en ellas», añadiendo que las ayudas no sólo tienen que invertirse en edificios de titularidad municipal, sino también en «remodelar y proyectar un futuro mejor para todos los ciudadanos».

Varios de ellos han aprovechado sus intervenciones para solicitar «urgentemente» que se levante la regla de gasto a los ayuntamientos, que están con «la soga al cuello» y al borde del «descalabro económico» al haber tenido que usar muchos fondos para hacer frente a los daños ocasionados por el temporal.

Francisco Pérez, director general del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), ha explicado que el potencial de activos que puede ser afectado por estar en esas zonas inundadas se eleva a 85.900 millones de euros.

Ha estimado que según los cálculos «no menos del 20% de esos 85.000 millones, es decir, no menos de 17.000 millones, han sido destruidos por la dana».

Además, ha incidido en que de los más de 17.000 millones de euros anunciados por el conjunto de las administraciones, por ahora se han pagado 2.325.

«Es necesario mantener el esfuerzo y acelerar la ejecución, y lo tendrá que hacer fundamentalmente el Estado, porque tiene sentido que lo haga en una situación como esta y porque la situación financiera de la Generalitat desde hace muchos años es muy precaria, porque estamos en una situación de infrafinanciación», ha sostenido.

Al respecto, el presidente de la Associació Juristes Valencians, José Ramón Chirivella, ha reprochado que «ahora mismo solamente se han ejecutado 445 millones por parte del Estado después de 100 días y por parte de la Generalitat Valenciana exclusivamente 315, según datos del IVIE.

«Estamos hablando de un nivel absolutamente insatisfactorio de compensación para tantos y tantos valencianos de más de 80 y tantos municipios que están todavía pendientes de recibir no ayudas sino compensaciones por la falta de actuación en su momento por parte del Estado y también de la Generalitat Valenciana», ha expuesto.

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