Se vende piso con okupa dentro en la Comunitat

Los carteles de «se vende» o «se alquila» colgados de los balcones de las fincas están en peligro de extinción. Ahora, encontrar piso es tan sencillo como meterse en plataformas como Wallapop o Milanuncios. Pero hay precios que llaman la atención. ¿29.000 euros un piso en La Vall d'Uixó? O 50.000 euros un piso en Torrente de 123 metros cuadrados. Como dice el refrán: «Demasiado bueno para ser verdad». Al entrar al anuncio se explica rápido el porqué de estos precios tan económicos. En mayúsculas, la descripción del vendedor reza: «Piso ocupado por persona sin justo título. Debido a su estado ocupacional, este inmueble no admite visitas».

En la Comunitat Valenciana hay decenas de ofertas de pisos muy baratos... pero con okupa incluido. La mayoría de ellos son propiedad de bancos o de fondos de inversión. Pero, ¿cómo se puede comprar una casa okupada? LAS PROVINCIAS se ha puesto en contacto con varias inmobiliarias que ofertan pisos ocupados ilegalmente. El procedimiento es siempre el mismo: el vendedor, en ningún caso, se hace cargo del desalojo. Corre a cuenta del comprador.

Si ya supone un desgaste económico y mental conseguir desalojar a los residentes ilegales si se meten en tu vivienda, ¿vale la pena enfrascarse en un largo y tedioso proceso judicial? Otro de los avisos que hacen estas inmobiliarias es que, evidentemente, el inmueble no se puede visitar, dado que hay personas viviendo en él. Por lo tanto, tampoco se puede tasar. «No nos hacemos responsables de los daños que presente la vivienda porque no podemos asegurar en qué estado se encuentran», avisan.

Otra de las máximas para comprar una vivienda que se encuentra ocupada ilegalmente es que hay que abonar la cantidad al contado. No se puede financiar. Tampoco, pedir una hipoteca. Los precios de los inmuebles de este tipo que se ofertan en la Comunitat oscilan entre los 29.000 y los 114.000 euros. También hay anuncios en el centro de Valencia. Una vivienda en plena calle San Vicente Mártir, de 100 metros cuadrados y cuatro dormitorios se vende por sólo 57.000 euros.

Pero no todo el mundo tiene tanto dinero en el banco. Desde una de las inmobiliarias que están acostumbradas a comerciar con este tipo de inmuebles advierten que disponen de herramientas contra el blanqueo de capitales para asegurar que el dinero tiene una procedencia lícita. Una de las empresas consultadas especifica que, aunque no se hagan cargo del desalojo de las personas que están residiendo en la vivienda de manera ilegal, sí que cuentan con protocolos para asegurarse que el proceso no se realice de manera agresiva o violenta.

Los compradores de este tipo de inmuebles suelen ser inversores que pretendan alquilar o vender la vivienda para sacar beneficios. Pero, sin duda, desalojar okupas no es ningún camino de rosas. El abogado Enric Cano explica que estas viviendas se suelen vender a mitad de su precio de mercado «dado que el comprador no podrá acceder a ella hasta que se produzca el desalojo. Este proceso puede alargarse hasta tres años».

A lo largo de su carrera profesional se ha encontrado con bastantes casos parecidos. Cano explica que el perjuicio que le puede suponer al propietario puede llegar a oscilar entre los 30.000 y los 40.000 euros. Al tratar de primera mano con víctimas que se han visto obligadas a vender sus casas después de que las ocuparan ilegalmente, asegura: «Es una situación muy traumática. En un caso que llevé, el propietario de una casa valorada en 70.000 euros tuvo que acabar vendiéndola por 35.000».

Según ha podido contemplar el abogado, estos casos cada vez proliferan más en la Comunitat. Como una verdadera plaga. Además, el proceso de desalojo se complica cuando los okupas son familias con hijos pequeños. «Las familias que tienen menores y unas condiciones económicas reducidas suelen ir a pedir un informe de vulnerabilidad. Esto alarga bastante el procedimiento y hace que el desalojo sea bastante difícil», comenta el letrado Enric Cano.

La polémica Ley de Vivienda 2023 viene a complicar la situación. En la normativa, aunque se siga contemplando que en caso de que aquellos okupas que entren en una vivienda por la fuerza serán desalojados, entran modificaciones que hacen que este procedimiento se pueda alargar. Bajo el pretexto de proteger a las familias vulnerables, el propietario tendrá que demostrar que el inmueble es usado como vivienda habitual del residente ilegal.

Al aplicar esta condición a los grandes tenedores, es decir, aquellos propietarios que poseen más de cinco viviendas, este trámite se vuelve más farragoso. Deberán acreditar si la parte demandada está en situación de vulnerabilidad. Además, también tendrán que haber iniciado un proceso de arbitraje o intermediación para buscar una alternativa habitacional al residente ilegal antes de pedir el desalojo. Un requisito muy difícil de cumplir.

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