Los veterinarios cierran sus clínicas en protesta por las restricciones en la medicación de los animales

De este modo, secunda así la convocatoria realizada por diversas asociaciones y veterinarios a título particular, que han promovido esta protesta -con el cierre de consultorios, clínicas y hospitales- para «reflejar el malestar existente por la puesta en marcha de la comunicación telemática de prescripciones de antibióticos y por la restrictiva regulación de medicamentos veterinarios».

Al respecto, ha advertido de que el marco normativo «podría repercutir sobre la calidad en la atención sanitaria a los animales», lo que ha hecho «reaccionar» a los veterinarios tras la reciente entrada en vigor, el 2 de enero, del RD 666/2023, que regula la citada obligación de comunicar a través de PRESVET tales recetas. Esta nueva exigencia se justifica en aplicación de la política europea frente a la lucha contra las resistencias antimicrobianas, que reducen la eficacia de los antibióticos.

La presidenta del CVCV, Inmaculada Ibor, ha coincidido en destacar el «compromiso de todos los veterinarios frente a las resistencias, que es un problema de salud pública de primer orden» pero advierte que «la aplicación de este RD y la puesta en marcha de PRESVET para animales de compañía, supone una carga burocrática excesiva que puede encarecer el servicio, ya castigado desde 2012 con un IVA al tipo máximo del 21%».

De ahí, que el CVCV se dirigió ya el pasado 24 de enero por carta al propio ministro de Agricultura, Luis Planas, para reclamar una moratoria en su aplicación, para estudiar su «viabilidad» y una posible «revisión y simplificación» del sistema.

Asimismo, desde la entidad valenciana han recordado que numerosos colegios profesionales como el Colegio de Veterinarios de Madrid, el Consejo de Colegios de Andalucía y el de las Islas Canarias o el Colegio de Zaragoza han realizado también esta reivindicación y han solicitado convocar una Asamblea General Extraordinaria del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España.

Este movimiento responde «al clamor creciente entre el colectivo clínico por los problemas y fallos relativos al uso de esta plataforma, que ya derivaron en una manifestación el pasado 2 de febrero en Barcelona», han señalado.

Así, han criticado que esta herramienta, que debe recoger las prescripciones de antibióticos, sufre «errores frecuentes, no permite su uso de manera ágil ya que solicita datos que el veterinario ha de buscar en otras aplicaciones e incluso obliga a declarar el uso que realiza el tutor del animal, hecho que desconoce el veterinario y,por todo ello, supone una carga burocrática inasumible».

Un sistema que «no es imperativo porque la regulación europea solo obliga a transmitir estas prescripciones -en caso de perros, gatos y hurones- a partir de 2029 y porque, además, ya existe un sistema eficaz que permite la recogida y evaluación de datos sobre venta y uso de antimicrobianos de manera indirecta, no a través de los veterinarios sino de los distribuidores de estos medicamentos».

Es más, el CVCV ha criticado que este RD «obliga al veterinario, en algunos casos, a realizar pruebas adicionales (como son el antibiograma u otras para detectar el agente patógeno)». El CVCV ha advertido de que estas pruebas «cuestionan sin motivo el criterio del profesional, y obligan a justificar en algunos casos innecesariamente prescripciones basadas en la evidencia científica».

De hecho, ha señalado que «la inflexibilidad» normativa podría hacer «imposible» seguir el consenso internacional para el tratamiento de algunas zoonosis, como la leishmaniosis o rickettsiosis, lo que podría llegar a suponer «un problema de salud pública».

Por otra parte, esta regulación fuerza al clínico a recetar conforme a lo indicado en las fichas técnicas de los medicamentos veterinarios, que se encuentran en su gran mayoría «desactualizadas». Para no saltarse la normativa, se abocaría muchas veces al veterinario a prescribir un medicamento que no sería de primera elección o una presentación comercial del mismo cuyo formato «no se ajustaría a las necesidades para tratar al paciente».

De igual manera, insiste en que siendo el servicio veterinario una cuestión también de salud pública -que evita, por ejemplo, la afección a personas de zoonosis animales- no tiene ningún sentido que siga tributando al tipo máximo del 21% y no como antes, a uno reducido.