El veto del Gobierno a la sanidad privada deja en el aire 28.000 operaciones en la Comunitat

En concreto, el Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS). Es la norma con la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere blindar los centros de salud y hospitales públicos frente a los sistemas de gestión indirecta. La futura ley también pretende restringir los conciertos con la sanidad privada, además de retirar las últimas trabas burocráticas para que cualquier persona, nacional o extranjera, reciba atención en igualdad de condiciones que el resto.

Si la normativa sale adelante (aún tiene que pasar por el Congreso de los Diputados y el Senado, además de recibir las correspondientes alegaciones) derogará de forma expresa la norma de 1997 por la que el Gobierno de José María Aznar posibilitó nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que permitían, por ejemplo, la gestión concertada en la sanidad pública, un sistema que precisamente nació en la Comunitat con la puesta en marcha del hospital de Alzira.

Con la aprobación de la ley, y si no sufre modificaciones, la norma general será la gestión pública y directa de todos los centros y servicios sanitarios. Establece que cualquier gestión indirecta o concierto con empresas privadas debe ser algo «excepcional», complementario y se debe explicar por qué el servicio no es posible desde lo público. Así, Estado y autonomías pactarán los indicadores concretos que autorizarán estas excepciones. En el caso de la Comunitat son tres los departamentos de salud gestionados por empresas privadas (Dénia, Elx-Crevillent y Manises), por lo que la nueva norma será una herramienta para facilitar esta reversión a manos públicas. Al respecto, el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, ya apuntó este miércoles que no ha cambiado la hoja de ruta y aseguró que «serán entidades públicas cuando terminen los contratos». Por tanto, el departamento esperará hasta la fecha acordada para asumir la gestión.

La futura normativa ya ha recibido las críticas de las patronales de la sanidad privada, que creen que convertirá a España en el primer país europeo que impide la contribución de los centros privados a la sostenibilidad del sistema. Ven en la norma un ataque directo a un sector que, según aseguran, absorbió el 30% de las hospitalizaciones durante la pandemia.

El Círculo de la Sanidad también ha mostrado su «preocupación y desconcierto» ante la futura ley. Tal y como destaca el presidente de la entidad, Ángel Puente, «esta nueva norma viene a poner palos en la rueda de un Sistema Nacional de Salud que venía ya muy mellado de los dos últimos años de pandemia y que, no nos equivoquemos, ha podido salir un poco a flote gracias a la colaboración público-privada».

Para el representante de la entidad, la correcta atención de los pacientes, así como una mayor fluidez de las actuales listas de espera son motivos «más que suficientes» para replantearse una norma que «viene en uno de los peores momentos posibles». «El problema no ha acabado, lo tenemos ahora y necesita una solución distinta», afirma Ángel Puente.

«La post-pandemia nos ha dejado unas listas de espera que cada vez se nos agravan más, ya no solo en el ámbito quirúrgico, sino también en el diagnóstico», destaca. Por ello, desde el Círculo de la Sanidad abogan por fomentar y potenciar el trabajo coordinado y cohesionado entre entidades públicas y privadas para que esta situación no siga creciendo y no afecte de forma directa a los ciudadanos «sobre todo, que es lo más preocupante, en el diagnóstico de patologías graves», señala el presidente. «Cuando se llega tarde a detectar una situación así porque no se ha podido ver antes, ya no hay marcha atrás. ¿Cómo le vamos a decir a un paciente que no tiene ya solución para su patología porque hemos tardado demasiado en poder verle? Se debería trabajar en solucionar esta situación, no en incrementarla», asegura.

Por otra parte, el proyecto, una vez se convierta en ley con su debate y aprobación por el Congreso y el Senado, eximirá del copago por los productos ortoprotésicos, como prótesis o sillas de ruedas, y por el uso del transporte sanitario no urgente a los españoles más vulnerables, los seis millones de ciudadanos a los el 1 de enero de 2021 el Gobierno ya liberó de pagar por las medicinas que consumen, porcentaje que abonaban desde que así lo decidió el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Los colectivos que quedarán exentos de copagos si la ley se aprueba en los términos actuales son los pensionistas con rentas inferiores a 5.635 euros o que no pagan IRPF por tener unos ingresos de menos de 11.200 euros anuales; las familias de los menores afectados por una discapacidad del 33% o superior; los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital; y los perceptores de la prestación no contributiva por hijo o menor a su cargo. Se sumarán a los ciudadanos que ya están exentos hoy: los parados sin subsidio ni prestación, los perceptores de pensiones no contributivas y algunos perfiles concretos de enfermos.

El copago ortoprotésico se aplica a todo tipo de prótesis externas, como las de extremidades, articulaciones, cara o boca; a las órtesis (estructuras correctoras) de columna, manos o pies; al calzado ortopédico; a las sillas de ruedas, andadores o bastones; y a otros elementos como los vendajes de compresión o los audífonos, entre otros.

La norma fija como fin la reducción progresiva de los actuales copagos (farmacéuticos y ortoprotésicos) y blinda la sanidad pública y a sus usuarios contra la tentación futura de algún otro responsable político de instaurar nuevos cobros por servicios o productos. Cambia el real decreto ley con el que el Ejecutivo del PP dividió en tres la cartera de servicios sanitarios públicos para poder fijar copagos en alguno de los bloques. Con la reforma, la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) volverá a ser única en toda España, se viva en la autonomía que se viva.

Asimismo, toda persona que se encuentre en España, sea nacional o extranjero, disponga o no de papeles en regla, tiene garantizado por ley el derecho a recibir de forma gratuita, inmediata y sin traba administrativa alguna la atención sanitaria que precise, en idénticas condiciones y con igual alcance que los nacionales. La norma garantiza explícitamente esta atención a los sin papeles, a los españoles que residen en el extranjero pero vienen de visita, a los acogidos a la protección internacional y a las víctimas de trata.

La ley convierte en algo estable la participación directa de los ciudadanos en la evaluación del SNS y en el debate y propuesta de las políticas sanitarias. Lo harán a través de la presencia en el comité consultivo de representantes de las asociaciones de pacientes, de discapacitados y de los colegios profesionales.