El cierre perimetral de la Comunitat Valenciana se prorrogará hasta el próximo 9 de enero, pero se relajará en fechas señaladas de las fiestas navideñas, como en Nochebuena y Navidad, Nochevieja y Año Nuevo y el día de Reyes. Lo reiteraba ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, al hablar de «alivios coyunturales en momentos determinados para facilitar la reconexión familiar».
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¿Pero cómo se va a controlar ese levantamiento parcial del cierre perimetral? ¿Cómo acreditará una familia de Teruel, por ejemplo, que se dirija el 24 de diciembre a ver a sus parientes que viven en Valencia para celebrar la Navidad y no va a un apartamento en las playas de Moncófar? ¿O cómo justifica una persona que vive en Valencia que se dirige a pasar el Año Nuevo con unos amigos de un pueblecito de Teruel en lugar de a las pistas de esquí de Valdelinares?
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La cuestión es difícil de resolver. Desde la Conselleria de Sanidad inciden en que dependerá, por un lado, de la buena voluntad del ciudadano y, por otro, de las órdenes que reciban los controles policiales en las carreteras y de la convicción de la explicación que se ofrezca a los agentes de la ley para justificar la ruptura de la restricción perimetral.
Es más, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, reconoció en la Cadena Ser que acreditar que se acude a una celebración familiar «es muy difícil». Barceló indicó que no se han establecido medidas coercitivas concretas e incidió en que la Navidad no puede convertirse «en una cuesta de enero pandémica».
Y a la hora de establecer controles, la consellera aseguró que «tendremos que hacer un ejercicio de buena voluntad». Barceló considera que se trata de un asunto que es «complejo, sobre todo, en personas que no tienen vínculo jurídico. Se entiende que pueden desplazarse».
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La responsable de la sanidad pública valenciana destacó que el cierre perimetral de las autonomías «nos obliga a todos» y que era necesario llegar a un acuerdo entre las autonomías.
Al margen del relajamiento del cierre perimetral, de prorrogar el toque de queda y de limitar a 10 los comensales en las celebraciones de dos núcleos familiares. Sanidad va a aplicar nuevas medidas. «Tomaremos las decisiones en los próximos días. Se reunirá la comisión interdepartamental para tomar las decisiones definitivas», declaró el presidente Puig. «Estamos insertos en la pandemia y, por tanto, las medidas fundamentales y el marco de actuación no va a cambiar», aseguró el jefe del Consell.
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«A pesar de que en momentos determinados pueda haber reuniones de más de seis personas, en los días de Navidad hasta 10, la norma general continúa vigente y hay que limitar al máximo los desplazamientos. Este mes es decisivo», manifestó el presidente del Gobierno valenciano. Sí anunció Puig que hoy finaliza el cierre perimetral de Elda y Petrer y que no se va a renovar, que se han alcanzado los objetivos.
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La polémica sobre el concepto de allegado y cómo se puede demostrar estas navidades que se abandona la comunidad de residencia para visitar a esas personas que uno siente como muy próximas siguió agrandándose ayer. Mientras la inmensa mayoría de los especialistas, académicos y catedráticos insisten en que la fórmula del allegado no tiene ningún respaldo legal porque en el derecho español no es una «figura jurídica», Salvador Illa trató ayer de dar una definición de lo que se entiende en el Ministerio de Sanidad sobre ese allegado: «Una persona que sin tener una relación familiar clásica con otra persona tiene una vinculación sentimental muy determinada».
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Lo que no se atrevió a precisar el titular de Sanidad es cómo los ciudadanos pueden probar ante los agentes de la autoridad que les puedan parar en una autopista o en una estación de trenes o autobuses esa «vinculación sentimental determinada» con una persona residente fuera de su autonomía, con la que no guardan ningún tipo de relación de parentesco, pero a la que consideran más cercana, incluso, que a un pariente de sangre.
Tampoco aclaró Illa cómo hará el Gobierno para comprobar que los ciudadanos no se saltan esas limitaciones de movilidad. «¿Controles? Veremos si es necesario hacer algún tipo de control, pero hay que insistir sobre todo en la responsabilidad de cada uno», expresó. «No es momento de irse de vacaciones, ni de irse un grupo de amigos a otra zona de España», abundó.
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El ministro no llegó a reconocer que el plan presentado por su departamento a las autonomías está plagado de lagunas legales que podrían poner en peligro su aplicación. Sin embargo, sí que pareció disculparse por las inconcreciones que tanto están preocupando a los ciudadanos.
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