Vicente Navarro de Luján: «La batalla contra la concertada no se corresponde con la realidad social»

Vinculado a la institución desde 1971, Vicente Navarro de Luján ya ejerce como nuevo rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera en sustitución de Rosa Visiedo. Cuenta que él tenía otro candidato para el cargo pero que el presidente de la Fundación San Pablo le dijo «Vicente, te toca» y asumió el encargo «como un acto de obediencia y cariño a la institución».

-¿Su gestión va a significarse por una continuidad de lo realizado o va a hacer una revolución?

-Vengo con voluntad de continuidad, entre otras cosas porque he estado estos ocho años de Rosa Visiedo en el equipo (no el oficial pero sí muy cerca), en proyectos y en momentos de dificultad, no tanto por un rechazo social a nuestra oferta educativa sino por temas políticos que hemos superado. Somos una institución bastante apartidista y sigo apostando por una universidad con una formación humanística.

-¿A qué retos va a tener que enfrentarse la universidad?

-Mantener el nivel altísimo de internacionalización que ha experimentado en los últimos años, pues el 33% de nuestros alumnos ya son extranjeros, fundamentalmente de Europa y Asia, y extenderlo a Latinoamérica. Si vienen aquí a estudiar y sacan el título, es válido para toda la Unión Europea. Desde el punto de vista profesional, les abres un extenso mundo laboral. Otro reto es profundizar en el ámbito de la investigación, ya que se ha hecho un gran esfuerzo inversor en instalaciones y equipamientos. En tres años hemos invertido 63 millones en Alfara del Patriarca y en Elche.

-Menciona la investigación. ¿Por qué a una universidad privada le cuesta más impulsar proyectos que a la universidad pública?

-La persona que lleva a sus hijos a una universidad de iniciativa social (nosotros somos una fundación: lo que se genera se invierte en actividad) busca una docencia de calidad, no piensa en la tarea investigadora. Una universidad como la nuestra tiene los recursos que ella misma genera, por lo que no tenemos dotación financiera que venga de los Presupuestos del Estado para investigación, por tanto, si generamos líneas de investigación deben ser autofinanciadas, o con cargo a nuestro superávit o a proyectos suscritos con empresas u otros socios.

-El CEU se ha mostrado siempre muy comprometido con la defensa de la libertad de educación hasta el punto de no sólo participar en la campaña diocesana #YoElijo sino que impulsó #YoLibre. ¿Hay solución para el conflicto político que parece querer perpetuar Educación contra la concertada?

-El artículo 27 de la Constitución establece unos principios claros: universalidad de la educación y libertad de los padres para elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos. También está en la declaración de la ONU y en los tratados internacionales que ha firmado la UE. Eso conlleva la convivencia de dos modelos educativos, uno de titularidad pública y otro de iniciativa social, que no se deben contraponer y que, además, es la única forma de asegurar la efectividad de los padres a elegir. ¿Por qué? Porque si se acabaran los conciertos, los únicos padres que podrían ejercer ese derecho serían los de alto poder adquisitivo, que podrían llevar a sus hijos a un centro privado. Un planteamiento progresista, en realidad, privaría a un buen número de familias a poder elegir el tipo de centro.

-¿De dónde viene ese empecinamiento, esa batalla contra la enseñanza concertada?

-Es una cuestión ideológica que no se corresponde a la realidad social. Es una visión estatalista de la educación de que sólo el Estado debe educar a los ciudadanos cuando el principio de subsidariedad que está en los tratados de la Unión Europea supone lo contrario: el Estado debe cubrir aquellos problemas que la sociedad no resuelva por sí misma. Sin embargo, la ministra Celaá dice que la sociedad debe cubrir los huecos que el estado no cubra. Es lo contrario: el Estado tiene la obligación de respetar las iniciativas sociales que resuelven problemas. Solamente cuando el problema no está resuelto, que es la mentalidad liberal e incluso socialdemócrata de los años 60-70, el Estado debe cubrirlo. Lo hemos visto en Sanidad: un hospital que funciona, muy bien valorado por la comarca y que prestaba una asistencia sanitaria de calidad, se resuelve por razones ideológicas.

-¿Se calmará la situación en esta nueva legislatura?

-No creo. El tema de la enseñanza es ideológico. Hay prejuicios notables, una postura de tendencia totalitaria en la concepción de la educación. Es la sociedad la que va a tener que seguir luchando, como ya ha hecho en otras ocasiones, por el derecho a la libertad de enseñanza y el derecho a la libertad de elección de centro.

-¿No habría que dejar tranquila la educación?

-Por supuesto. El drama que tenemos es que no hemos sido capaces desde 1978 de llegar a un modelo básico educativo, un modelo que sirva para todos.

-¿Qué le preocupa de la actual enseñanza en España?

-Hay un notable abandono de las humanidades. No concibo la universidad sólo como un centro donde se fabrican profesionales, sino como un centro donde se educan personas, se forman personas para la vida social, ciudadana.

-Los tribunales fallaron recientemente a favor de que los alumnos de las universidades privadas pudieran realizar sus prácticas formativas en los centros sanitarios públicos. ¿Capítulo cerrado?

-Sí, solucionado a través de dos vías. Hay una sentencia que nos da la razón pero hemos hablado con la Conselleria de Sanidad para decir que no estamos tanto en pedir la ejecución de la sentencia sino en llegar a un acuerdo de colaboración y que nuestros alumnos, sin más conflicto, puedan desarrollar las prácticas en un centro público, que es como legalmente está previsto en la normativa nacional. Hay plazas suficientes, como quedó demostrado en el procedimiento judicial.

-¿Qué nuevos títulos querría implantar en la institución?

-Eso conlleva un reconocimiento muy lento, farragoso y complejo. Ya lo presentamos y la conselleria no nos lo dio, pero nos gustaría contar con el de Psicología. También el Grado de Deportes, cuya documentación está presentada y pendiente. Lo haríamos con el Villarreal CF y con el Ayuntamiento de Castellón.

-¿Burocracia contra universidad?

-Es terrible. Entiendo que en una universidad pública preocupe el tema presupuestario, pero si el CEU lanza un nuevo título, el riesgo lo asume la institución, ni el Estado ni la comunidad autónoma. No entiendo esas trabas a la creación de nuevas titulaciones. Influyen prejuicios políticos: hacia nosotros nunca hay un prejuicio positivo.

-¿Confía en que mejoren esos trámites con la constitución de una conselleria propia?

-La creación de una Conselleria de Universidades es positivo porque el mundo educativo es muy complejo y extenso y las universidades tienen una serie de especificades, tanto en docencia como en investigación, que requieren de un cuidado aparte.

-Abandonan la órbita de Marzà.

-(Sonríe y toca la madera de la mesa).