Víctimas de la estafa piramidal en Valencia piden a la juez una orden internacional de detención contra el cabecilla

Los centros educativos son uno de los principales ambientes socializadores para un determinado segmento de edad, en un momento, además, de supuesta estabilidad. Si a esas circunstancias se añaden otros factores, como un elevado nivel de renta, se dan los ingredientes perfectos para que una supuesta estafa de estas características funcione. En el caso archivado, el montante del supuesto fraude no llegaría al millón de euros.

Las diligencias prosiguen en Instrucción 2 donde las víctimas han reclamado que se acuerde una orden de busca y captura internacional contra el supuesto cabecilla y su pareja. Ninguno compareció los días que ambos estaban citados para declarar en el juzgado, el pasado mes de septiembre. Los perjudicados sostienen que la incomparecencia de la pareja esconde su intención de «no regresar a España».

Los afectados, al menos cuatro víctimas son del colegio privado, reclaman que se ordene la entrega de su pasaporte. Ambos tienen la doble nacionalidad, española y venezolana por lo que solicitan que la alerta a la Interpol se establezca sobre las dos identificaciones. El juzgado ha solicitado al fiscal que informe acerca de esta petición. La decisión se espera en breve.

En aquella primera denuncia, la penetración en los círculos de poder se logró a través del socio de supuesto cabecilla, J. A. F. que también figura como querellado en la investigación más reciente, la que dirige Instrucción 2. El otro juzgado, en cambio, decidió archivar la investigación tras la declaración de los imputados. La clave en este tipo de asuntos consiste en determinar si existe una actividad económica real en la empresa bajo sospecha. En ese supuesto, la pérdida del dinero puede deberse a un negocio ruinoso y, por tanto, no existiría actividad delictiva.

Asunto diferente es que se evidencie que la sociedad no se dedica a la actividad que anuncia –compra de material sanitario de China y EE UU para la venta en Venezuela– y todo era una estratagema para captar fondos con la promesa -más tarde incumplida- de ofrecer altas rentabilidades. El disgusto para estos afectados es comprobar cómo su querella fue sobreseída, mientras la de otros perjudicados avanza en el otro juzgado.

Todavía existe esperanza para este grupo de perjudicados. Una de las vías sería presentar una nueva denuncia en el juzgado de Instrucción 2 y sumarla a la veintena de familias que ya buscan el amparo de la Justicia. Otra posibilidad sería solicitar la reapertura de las diligencias en Instrucción 17 aunque en este caso se tendría que argumentar la aparición de nuevos y relevantes indicios –la existencia de otra denuncia contra ellos– para la reapertura del caso.

El plan delictivo se resumía en entregar importantes sumas de capital con el que se constituía «un contrato de cuentas en participación». Con ese dinero, se invertía en la adquisición de productos en el mercado exterior y posteriormente se repartían los beneficios. Hasta que dejaron de repartirse.

Todo apunta a una estafa piramidal. Los inversores reciben los intereses pactados con cargo a nuevas aportaciones que ellos mismos hacen o de nuevos estafados. El sistema sólo funciona si crece continuamente la cantidad de inversores en la pirámide. En caso contrario, se produce el colapso. O bien, en un momento dado, se decide terminar con el negocio y se produce la supuesta fuga.