Las víctimas invisibles del terrorismo en la Comunitat

Son las víctimas invisibles del terrorismo. O las dobles víctimas, como señala María Jiménez, profesora en la Facultad de Comunicación de Navarra, quien trazó por encargo de Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo) el llamado 'Mapa del terror en Valencia'. Bajo esta denominación se agrupan los crímenes terroristas cometidos en suelo valenciano, una estremecedora cartografía, con acusado protagonismo (aunque no exclusivo) de los pistoleros de ETA. Comisaria de la exposición que pudo verse este verano en la sede de la Universidad Católica, organizada con la colaboración de LAS PROVINCIAS, Jiménez tropezó en su investigación con varios casos que pueblan la historiografía al respecto: asesinatos pendientes de esclarecerse, de cuya autoría intelectual nunca se supo. La fría estadística, la prosa forense propia de los archivos del Ministerio del Interior, tienen sin embargo nombre y apellidos. Por ejemplo, Juan Antonio Pérez Herrero, valenciano de 31 años. Asesinado en 1990 por la explosión de una bomba en el despacho de analistas financieros donde trabajaba. Jamás se supo quién lo mató.

O el caso de Josefina Corresa, asesinada en el atentado contra El Corte Inglés de Pintor Sorolla: ocurrió en 1995 pero más de un cuarto de siglo después Covite recuerda que ni se identificó a los autores intelectuales ni tampoco a los delincuentes materiales. O el asesinato de Antonio Castelló, un vigilante jurado cuya vida liquidó en 1979 se supone que el Grapo, cuya mano criminal se intuye detrás de otro atentado mortal también sin culpable identificado: el de Pedro Gabarri, registrado en Castellón en 1982. En total, Covite tiene anotados doce asesinatos terroristas sin resolver en la Comunitat: sus autores intelectuales nunca fueron puestos a disposición de la Justicia. Ahora, por iniciativa del Grupo Popular en el Europarlamento, las instituciones europeas se han interesado por esa flagrante anomalía. Una delegación visitará España en otoño para conocer sobre el terreno cómo todas esas pérdidas siguen lacerando a sus seres queridos y buscar una explicación a la falta de reparación judicial que sufren todas ellas.

La cifra de vidas cobradas cuyos verdugos no fueron procesados suma once crímenes en la Comunitat, doce añadiendo el caso de Manuel Broseta. Otra doble víctima: sus ejecutores se sentaron en el banquillo. Sí hubo un juicio contra los etarras Narváez Goñi y Alberdi Uranga pero la prueba testifical fue insuficiente para condenarles como sospechosos. La familia tiene un consuelo: los autores intelectuales del crimen (Mújica Garmendia, Álvarez Santacristina y Urrusolo Sistiaga) fueron condenados a 30 años de prisión. Broseta es otra de esas víctimas invisibles, recuerda Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, que clama contra «la impunidad» con que se resuelven tantos casos: «Muchas víctimas son auténticas parias». «No se puede llamar casos resueltos a esos crímenes donde se dicta sentencia sin identificar al autor material», añade. «En la persecución del terrorismo ha habido desidia desde el poder. Las víctimas no han tenido justicia», se lamenta.

Hoy, cuando las víctimas vuelven a sufrir el escarnio derivado del fallido homenaje al etarra Parot, recordamos esos doce duelos que aún persisten.

En la finca de la calle Colón donde una carta bomba mató a Pérez Herrero se observa, como un triste recordatorio de aquel atentado, la huella de la explosión: la parte interior de la marquesina luce los estragos causados por el criminal paquete bomba que estalló justo encima. Un atentado que estremeció a la sociedad valenciana y aún conmueve a los descendientes de la víctima mortal, a los heridos que salvaron la vida aunque quedaron con graves secuelas y a los supervivientes que salieron indemnes. «En este caso», recuerda María Jiménez, «no quedó clara la autoría». Se especuló en un primer momento con que ETA estuviera detrás del crimen, surgió luego la posibilidad de que fuera obra del GRAPO pero… Puntos suspensivos, un enigma sin resolver. Posteriores indagaciones parecen descartar que sus asesinos fueran terroristas etarras; de hecho, el estudioso Florencio Domínguez, una autoridad en la indagación sobre la actividad criminal de ETA, no incluye este caso en su imprescindible volumen 'Voces rotas', donde recopila los atentados cometidos por etarras. Tampoco entre la documentación del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, inaugurado recientemente en Vitoria, figura este caso, adscrito a ese concepto que Jiménez maneja desde que empezó a indagar en ese doloroso periodo de la historia de España: la invisibilidad de las víctimas. Sí que tiene confirmado Jiménez que el Ministerio del Interior incluyó a Pérez Herrero en su listado de víctimas e indemnizó a sus familiares, pero de este gesto administrativo no puede deducirse qué grupo terrorista se oculta detrás de su asesinato. Una laguna que no debe extrañar: como recalca Jiménez, «está documentado que entre el 30 y el 40 por ciento de los asesinatos de ETA están sin resolver».

Un dato escalofriante. Como otro que maneja Covite: nueve de cada diez crímenes etarras carecen de condena para su autor intelectual. «Si tenemos en cuenta que ETA era una organización con una disciplina férrea, jerárquica, cuasi mafiosa, hay que aceptar que la mayoría de sus jefes ordenaron una serie de asesinatos por los que no están condenados», apunta Jiménez. «Las familias se quedaron sin derecho a la justicia», agrega, mientras detecta en esta anomalía un «error de funcionamiento» de la Administración, y añade una consideración humanitaria: «Quienes viven esa situación sienten un vacío tremendo, pero es que además», prosigue, «en la historia del relato, en la lucha por imponer la auténtica verdad de lo que ocurrió, hay otro vacío igual de grande, que sigue sin solventarse». No se le oculta que paliar ese vacío, «saber quién mató a quién» como ella dice, será una proeza homérica. «Pero hasta que no se aclaren esos crímenes, para las familias el duelo no acaba».

Como prueba del complejo entramado de identificación de víctimas y verdugos, instrucción judicial, localización de sospechosos y puesta a disposición de la justicia para su encausamiento y condena sirve un caso antiguo: el asesinato de Pedro Gabarri, fallecido en un atentado en 1982. Su muerte, ocurrida cuando estalló un paquete explosivo en una torre eléctrica en Castellón, se describe en estos términos: «La madrugada del 29 de septiembre de 1982, los GRAPO perpetraron una cadena de ataques terroristas en numerosas ciudades de España. Entre la una y las cinco de la madrugada, una veintena de artefactos explosivos de escasa potencia estallaron» en distintas localidades. La mayoría, colocados en oficinas de la Administración y en empresas hidroeléctricas, apenas provocaron daños materiales. Sin embargo, uno de ellos hirió de muerte a Gabarri, de 60 años, que se encontraba junto a una estación de Hidroeléctrica Española, en la carretera entre Castellón y Almanzora. «La onda expansiva dejó su cuerpo irreconocible. Gabarri era chatarrero y acudía con frecuencia al solar donde tuvo lugar el atentado con la intención de buscar material para revenderlo», añade Covite. ¿Resumen? Una fúnebre evidencia: Gabarri murió porque pasaba por ahí.

El horror explotó el 16 de diciembre de 1995 en El Corte Inglés de Pintor Sorolla en forma de atentado de ETA, que buscaba un nuevo Hipercor. A las 15.02, una bomba estalló en un lavabo del local y segó la vida de Josefina Corresa. También hirió a su marido y a una hija. Corresa, vecina de Sagunto, era auxiliar de clínica: más de un siglo después, ni siquiera se ha celebrado el juicio contra los autores del crimen. Ni quien lo planificó ni quien lo cometió han sido identificados: las investigaciones condujeron hacia la etarra Iratxe Sorzábal, miembro cualificado de la banda criminal (fue una de los tres integrantes de la banda que anunciaron el cese definitivo de la violencia en 2011) pero la causa nunca se concretó. Los asesinos de Josefina (que repartieron siete bombas en ese comercio valenciano) siguen sin sentarse en el banquillo.

El crimen más longevo perpetrado por el terrorismo en la Comunitat acumula 42 años sin ser resuelto. Su víctima, asesinada a manos del GRAPO, se llamaba Antonio Castelló, vigilante jurado en una sucursal del Banco Central en Valencia que fue matado a balazos por un grupo de terroristas el 10 de enero de 1979: los criminales intentaron perpetrar un robo que resultó fallido porque Castelló plantó cara a los asaltantes; uno de ellos, al parecer una mujer, le disparó a quemarropa. Falleció al instante. Los terroristas huyeron con su botín y jamás se supo de ellos. Castelló tenía 33 años, estaba casado y tenía dos hijos. Ese día ni siquiera le tocaba trabajar: estaba sustituyendo a un compañero.

16 de septiembre de 1991. Un grupo de etarras lanza un coche bomba contra el cuartel de la Guardia Civil en Muchamiel. La banda quiere repetir el salvaje atentado de Vic. El vehículo viaja sin conductor, cargado de explosivos, pero algo falla: se empotra contra una sucursal vecina del cuartel, cuyos agentes, sin sospechar nada, llaman a la grúa para su retirada. Francisco Cebrián, empresario a cargo del servicio, encontró la muerte en el acto. Su familia pena desde entonces con el dolor de la ausencia, agigantada por una injusticia: sus asesinos están sin identificar. Con Cebrián fallecieron otras dos víctimas, los policías José Luis Jiménez y Víctor Manuel, trabajadores de ese Ayuntamiento alicantino. También sus seres queridos, cuando se cumplen 30 años del crimen, ignoran quiénes fueron los culpables del atentado. Viven «un duelo eterno», apunta Dolors Montserrat, la eurodiputada del PP que lidera la iniciativa para ayudar a que ese dolor deje ser eterno.