La negociación con los presos etarras indigna a las víctimas valencianas

ETA actuó con «violencia extrema» en Euskadi y sus crímenes podrían considerarse «de lesa humanidad», según el Parlamento Europeo, y por este motivo las asociaciones de víctimas del terrorismo reprueban los acercamientos de presos etarras a cárceles vascas o próximas a esa comunidad autónoma. La concesión de beneficios penitenciarios a reclusos con las manos manchadas de sangre ha indignado a las víctimas.

Una investigación de la Guardia Civil ha destapado que el Gobierno socialista, casi desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa en junio de 2018, ha mantenido contactos con el entorno más cercano de Arnaldo Otegi para tratar diferentes cuestiones penitenciarias que afectan a los presos etarras.

Pablo Broseta Dupré, presidente de la Asociación de Amigos de la Fundación Profesor Manuel Broseta, califica de «estrategia política» el acercamiento de presos a cárceles del País Vasco. «Como en cualquiera de las grandes cuestiones que afectan a una gran mayoría se debería alcanzar un acuerdo entre los dos grandes partidos, los que nos representan a una gran mayoría», señala Broseta.

«Medidas como estas no son reversibles, por tanto suponen una injusta imposición a las víctimas, a sus familiares y supervivientes, a la vez que a toda una sociedad que fue ejemplar», afirma Broseta sobre las últimas decisiones del Ministerio del Interior.

«Todos padecimos el horror durante cuarenta y dos años. Sembraron con más de ochocientos cadáveres todo el territorio nacional; atentaron contra todos los estratos sociales, profesionales, económicos y culturales. Todos fuimos víctimas y no parece razonable que quien gobierna tome decisiones de envergadura sin contar con los colectivos de víctimas, y mucho menos sin el necesario y conveniente acuerdo con la oposición», opina el presidente de la asociación.

Manuel Broseta, un catedrático y político avanzado a su tiempo, fue asesinado el 15 de enero de 1992 de un disparo en la nuca. Tres etarras fueron condenados como inductores del atentado, pero la Audiencia Nacional absolvió por falta de pruebas a otros dos terroristas: Juan Jesús Narváez Goñi y su pareja, Itziar Alberdi Uranga. El tribunal sentenció que no existían elementos incriminatorios suficientes para acreditar la participación en el crimen de los dos procesados.

Francisco Zaragoza, presidente de la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (ACFSEVT), coincide con Broseta. «Nos vemos obligados a acatar las decisiones del Gobierno a pesar de no estar de acuerdo», asegura Zaragoza. «No podemos influir y el único derecho que nos queda es el derecho al pataleo. Hay unos acuerdos privados que están cumpliendo y no hay posibilidad de revertirlos por mucho que nos quejemos», sostiene la víctima de ETA.

«En mi caso particular, los etarras que atentaron contra mis compañeros y contra mí cumplieron 28, 25 y 18 años de cárcel. Este último por un error administrativo de la Justicia. Nadie es responsable ni nadie me ha pedido disculpas por el error. El caso es que los asesinos etarras llevan en la calle varios años y aquí no ha pasado nada», añade Zaragoza.

Para Broseta, el Gobierno no puede mantenerse en el poder a cualquier precio. Considera que los beneficios penitenciarios a presos etarras «es una afronta clara a la necesaria reivindicación de memoria y a la merecida exigencia de que el relato de lo sucedido se corresponda con la realidad».

«Hace unas semanas, en el Parlamento Europeo, Margot Friedländer, una de las pocas supervivientes del holocausto nazi dijo que lo que ocurrió, ocurrió, eso no puede cambiarse, pero debemos impedir que vuelva a ocurrir», agrega Broseta.

La opinión de las víctimas del terrorismo parece unánime. Carlos Casañ, hermano de Luis Edmundo Casañ (asesinado a tiros por dos etarras el 4 de marzo de 1991 en Valencia), reprueba también la política de acercamiento de presos.

«Me parece mentira que el señor Marlaska siga en el Gobierno, y siendo víctima del terrorismo, haya tenido el cuajo de que gente del ministerio que se presupone que él dirige, siendo víctima, haya hablado con los representantes de los asesinos etarras presos para su acercamiento y su posterior puesta en libertad», afirma Casañ.

«Es una falta de respeto a las víctimas y una falta de ética. Creo que ya está bien de que nos tomen el pelo. No se puede soportar tanta humillación en memoria de las víctimas», añade con gran indignación.

Francisco Uceda sobrevivió al atentado cometido por ETA la noche del 14 de marzo de 1988 en Álava, cuando ocho granadas lanzadas por la banda terrorista sumieron en el infierno el cuartel de la Guardia civil de Llodio. «Los beneficios penitenciarios y las políticas de acercamientos de los presos de ETA deberían de ser los que dicte la ley, y nunca a cambio de concesiones ni apoyos políticos», asevera Uceda.

También pide que los políticos no olviden «todo el dolor y sufrimiento que las víctimas del terrorismo han vivido» durante la etapa que la banda terrorista asesinó a más de 800 personas y cometió 3.500 atentados. «Los gobiernos de turno y los españoles tienen una deuda y una responsabilidad con todas las víctimas del terrorismo, y por este motivo, les debería de preocupar más el afecto y el bienestar de los buenos que la comodidad de los malos», agrega el guardia civil.

Entre las víctimas del terrorismo hay voces que agradecen la transparencia del Gobierno, como la de Consuelo Ordoñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite). Su hermano fue asesinado por ETA el 23 de enero de 1995. Gregorio Ordoñez, un político del Partido Popular, era diputado del Parlamento Vasco y teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián.

«Nuestra postura sobre los acercamientos de presos ha sido la misma desde el Gobierno de Zapatero. Nunca hemos criticado los acercamientos que han hecho los gobiernos. Rajoy también acercó, pero la diferencia es que cuando lo hace el PP no nos enteramos, y cuando vino este Gobierno, Marlaska empezó a dar toda la información que nunca jamás había dado otro gobierno sobre la política penitenciaria, los terceros grados, los traslados y de todo, o sea que yo estoy muy agradecida», explica Consuelo Ordoñez.

«Yo soy una de las privilegiadas porque dos de asesinos de mi hermano están en la cárcel, pero más de la mitad de las víctimas nunca han tenido a ninguno de sus asesinos en la cárcel. La postura de Covite siempre ha sido una postura coherente: nos da igual dónde cumplan condena los presos de ETA, pero pedimos a Marlaska que los que trasladaran a las cárceles vascas que fueran, por lo menos, los que estuvieran dando un paso para desvincularse de todo lo que significó ETA», asegura Ordoñez.

Sin embargo, después de la transferencia de la gestión penitenciaria al Gobierno vasco, «están acercando a cárceles vascas a todos lo que habían subido ya de Madrid para arriba. Sabía que esto iba a pasar más tarde o más temprano», señala la presidenta de Covite.

Con respecto al informe de la Guardia Civil que está siendo objeto de polémica estos días, Ordoñez afirma que la mayoría de las informaciones que se han publicado son falsas y no se corresponden con el contenido del mismo. «No hay ninguna conversación de ninguno de los investigados con ningún miembro del Gobierno. Cuando Joseba Azkarraga habla en el informe del de Madrid, la Guardia Civil dice acto seguido que no se ha podido precisar la identidad de esa persona de la que habla Azkarraga», añade la hermana del político asesinado.

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