La vigilancia del monte valenciano, en la cuerda floja

Falta de personal en vigilancia y extinción, posibles recortes horarios, vehículos antiguos y falta de calado de las normas esenciales de autoprotección entre los residentes de urbanizaciones y chalés diseminados por el monte. Estos son, según expertos consultados, los principales problemas y carencias que amenazan hoy a la Comunitat a las puertas de la temporada de calor, aquella en la que, históricamente, se han producido los peores incendios forestales.

La posible eliminación de la vigilancia nocturna de agentes medioambientales, propuesta que según los sindicatos maneja la Conselleria de Medio Ambiente, viene acompañada de «otros muchos problemas», lamentan. Y puntos por definir. Según el departamento autonómico, «hay negociaciones abiertas en el ámbito laboral» de estos profesionales, «no sólo centradas en el horario». Medio Ambiente no quiso ayer valorar esa posible medida que afecta a la vigilancia nocturna porque aún no es un asunto oficial.

Un delegado de Comisiones Obreras asegura que aunque la posible medida no tiene repercusión en salarios o eliminación de personal, «es deseable» una vigilancia de 24 horas. Pero más le preocupa lo relativo a la cantidad actual de agentes medioambientales, los encargados de detectar fuegos junto con las unidades de prevención, o dirigir las primeras tareas de extinción.

«Hoy somos 250 en las tres provincias. Llegó a haber 264, pero hay muchas bajas y jubilaciones sin cubrir». El responsable sindical recuerda el compromiso de Les Corts de crear 80 plazas nuevas en julio de 2017. «Pero no hay partida presupuestaria y no hemos avanzado», denuncia. Pone un ejemplo: «En la Comunidad de Madrid son 220 agentes para un espacio uniprovincial y mucho más reducido». Los sindicatos coinciden en que el numero ideal para la región sería de 350. Es decir, creen que faltan cien más.

Según han calculado los forestales valencianos, dentro de una década se habrá jubilado el 70% de estos profesionales, «la crónica de una muerte anunciada». Como describen, «es un sector envejecido, sin relevo generacional. Hay quien está en el monte tras pasar un infarto, con una rodilla cascada...». Y los vehículos son «de juzgado de guardia». Los hay «hasta con 21 años o 350.000 kilómetros para rodar por pistas o caminos», critican.

Quienes conocen el monte de primera mano coinciden en que cada vez toma más territorio por el abandono de cultivos. Donde antes un fuego se detenía por un terreno trabajado hoy no. «No se trata de eliminar toda la vegetación de arbustos o cortar árboles, el monte está vivo y eso hay que respetarlo. Pero sí hay zonas de especial riesgo en las que convendría activar más cortafuegos, líneas de defensa, parcelar espacios con mucha masa arbustiva o instalar depósitos de agua...».

Según recientes estimaciones de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), hay 164.000 hectáreas de cultivo abandonadas en la región. La organización reclama «políticas más activas en prevención de incendios y que se impliquen ayuntamientos en limpieza de los montes con suficiente dotación de personal para llevarla a cabo».

Tercer problema grave: chalés y urbanizaciones a pocos metros del monte o fundidos con el arbolado. Según los agentes medioambientales, pese al esfuerzo de la Generalitat por concienciar, «los propietarios no cubren la franja de unos 30 metros libre de vegetación para asegurarse una protección en caso de incendio». Los profesionales aseguran que está «contemplado en la Ley Forestal», pero «no pasa de ser un consejo que pocas veces se cumple». Desde su punto de vista, estos trabajos de tala o desbroce «deberían ser costeados por los propietarios, pues serían ellos los beneficiarios de una mayor seguridad en caso de incendio forestal». Además, cuando llega un fuego grave, proteger chalés amenazados por las llamas detrae efectivos de otras zonas y acaba poniendo considerables baches a la extinción.

La falta de personal también afecta a los bomberos forestales de la Generalitat, aunque en menor medida que a los agentes medioambientales. Según Paco Caballero, secretario de Servicios Públicos de UGT y con competencia en emergencias, «de las 900 plazas de bomberos forestales de la Generalitat hay unas 30 sin cubrir». El sindicato ha exigido al director de Gestor Integral de los Servicios de Emergencias que cubra esas vacantes «lo antes posible». Además, para Caballero «hay que avanzar hacia un cuerpo único de emergencias, en vez de brigadas forestales, bomberos forestales, tres consorcios de bomberos... El monte demanda mayor unidad».