El virus congela 28 grandes casos judiciales

La Administración de Justicia nunca ha funcionado de manera eficiente. Es un diagnóstico en el que coinciden todos los protagonistas. Abogados, jueces, fiscales y funcionarios admiten que operan en un sistema que, por atrasos tecnológicos y falta de medios, sobrevive con enormes dificultades. El pasado 4J marcó, de nuevo, el inicio de los plazos judiciales, una reactivación de los motores de un transatlántico con un incierto futuro. «No me gusta lo que estoy viendo. Ya veremos cómo salimos de esta», comentan fuentes judiciales con años de experiencia. Estos más de dos meses de parálisis han supuesto la congelación de los plazos de todas las causas. En algunos de estos asuntos se ha traducido en un retraso evidente con la suspensión de juicios o la cancelación de declaraciones en fase de instrucción. En otros casos, no se han dictado resoluciones porque los plazos no contaban. Era como regalar tiempo a las defensas o acusaciones de cara a preparar la contestación, indican fuentes conocedoras de esta situación.

El futuro resulta especialmente incierto por dos motivos. Por un lado, la cuestión sanitaria, cómo garantizar las medidas de seguridad en la celebración de juicios y comparecencias. El otro es el propio colapso del sistema. ¿Serán capaces los funcionarios, jueces y fiscales de despachar dos meses y medio de trabajo prácticamente paralizado? Y esto se produce, además, en unos juzgados ya de por sí previamente saturados. Es como si a un paciente que ya estaba en la UCI se le suma ahora una infección.

La reanudación puede traer también batalla jurídica entre la posición de la Fiscalía que cree que los plazos de instrucción deben comenzar de nuevo y los abogados que sostienen que eso va en contra de los investigados.

Las últimas informaciones apuntaban a más de 20.000 juicios suspendidos hace aproximadamente un mes. La cifra podría haberse doblado durante las últimas semanas. Obtener un dato exacto es casi misión imposible. Y colocar todas esas vistas en el calendario parece un reto mayúsculo. Al margen de la hecatombe que se producirá en órganos como Familia, Social o Mercantil, la crisis ha impactado de lleno en los casos más mediáticos. Desde la crónica negra, a los asuntos más espinosos del Ayuntamiento de Valencia, los procesos derivados de las aventuras empresariales de Banco de Valencia y Bankia y los grandes sumarios de corrupción que sacuden al PP y PSPV.

Seis meses sin encontrar el cadáver de la joven Marta Calvo. El principal sospechoso Jorge Ignacio P.J. dice que murió accidentalmente tras una noche de droga y sexo y que luego arrojó el cadáver a la basura. Los efectivos policiales han peinado todo el vertedero de Dos Aguas. Pero las labores de búsqueda no han dado resultado. La Guardia Civil ya duda de la versión del único y principal sospechoso. Tiene, además, antecedentes por hechos similares. Puso en riesgo la vida de varias mujeres en las denominadas fiestas blancas, mantener relaciones sexuales con cocaína. Encontrar el cuerpo es importante, aunque no determinante para la imposición de una condena.

Un niño de tres años y un bebé de cinco meses fueron hallados muertos en una casa en el término municipal de Godella. Los padres están presos, aunque falta aclarar el estado mental y el rol de cada uno de los progenitores en estos dos crímenes.

Un crimen atroz. Violada y asesinada con 15 años de edad por un joven vecino de Chella. El juicio con jurado se ha suspendido por el Covid-19. Se celebrará en julio. Las acusaciones piden la prisión permanente revisable.

La supuesta historia de amor entre Maje y Salva terminó con el asesinato del marido de la joven, Antonio Navarro. La conocida como la viuda negra de Patraix se enfrenta a 22 años de cárcel. El autor material de la muerte, en cambio, a 18. Será uno de los juicios más mediáticos de los últimos años por la sangre fría de la acusada y sus dotes manipuladoras. Llevan en prisión desde su arresto.

Seleccionados los 36 candidatos a formar parte del jurado popular que juzgará a la viuda negra de Patraix

Las esperanzas de recuperar los cuatro millones de euros estafados a la EMT desde China son ínfimas. Los delincuentes lograron con la suplantación de la identidad del concejal Giusseppe Grezzi que desde la empresa se transfirieran cuatro millones de euros para la compra de una supuesta mercantil. En Valencia, más que el dinero, se trata de depurar las responsabilidades por la cadena de fallos en la empresa público. La gerencia de la EMT pretende culpar de todo a una trabajadora de la entidad, la única investigada en la causa. Hay pendientes comisiones rogatorias para seguir el rastro del dinero. En la vía administrativa, existe una comisión de investigación cuyas conclusiones se han demorado por la pandemia.

Un nuevo caso de corrupción de la época del PP ha sacudido la Emtre. Las pesquisas apuntan a un funcionario que se beneficiaba de adjudicaciones. La pandemia ha ralentizado la instrucción porque se han suspendido algunos trámites judiciales.

El juicio por el accidente mortal de Viveros es el principal escollo de los próximos meses para el exedil de Fiestas. La vista todavía no tiene fecha. Previsiblemente se retrasará por el atasco del Covid. Los hechos y las consecuencias son de extrema gravedad para el futuro político del joven de Compromís. El edil impuso una empresa para la construcción de las gradas -una mejora que no se había hecho en ninguna edición de los conciertos de la Feria de Julio- y no se respetaron las medidas de seguridad. Fiscalía no ve delito en el concejal. Pero tanto el juez como en su día la Audiencia de Valencia ratificaron la existencia de indicios de criminalidad en Fuset que se concentran en una carta, firmada por el edil, que le convierte de facto en 'promotor' del evento. La misiva suponía la imposición de la empresa en el montaje. El Ayuntamiento, en el caso de una condena, podría verse obligado a pagar parte de la indemnización a la víctima. Será el primer concejal que sea juzgado tras el cambio de Gobierno de 2015. Dejó de ser edil de Fiestas, pero mantiene su acta.

El juez que investigó el accidente de Viveros, durante sus pesquisas sobre el siniestro mortal, descubrió que Fuset, siempre según su criterio, prevaricó al conceder la explotación de unas barras a la empresa que montó las gradas. Esto se hizo al margen de cualquier procedimiento legal. El juzgado mandó este asunto a otro órgano para que se investigara. Tanto la familia como esta vez sí la Fiscalia respaldan la apertura de diligencias. Todavía no se han abierto las previas pese a que se anunciaron antes del Covid. Otro de los asuntos delicados para el cargo de Compromís.

El fiscal apreció prevaricación por el fraccionamiento de contratos en eventos de Expojove y la Batalla de Flores, todos dependientes también de Fuset. La denuncia se amplió, y el cargo de Compromís debe comparecer de nuevo en el juzgado. Un informe municipal confirma las irregularidades y el abuso de los contratos a dedo.

El medio centenar de cargos del PP acusados de blanquear 50.000 euros antes de las elecciones de 2105 llevan cerca de dos años a la espera de que el juez decida cuál es su destino judicial. No quedan diligencias que practicar. No es que el Covid haya retrasado la investigación sino que dilatará el juicio si finalmente el instructor da el paso de procesarlos.

La investigación abierta al cuñado de Rita Barberá, José María Corbín, continúa bajo secreto. El letrado pasó varias semanas en prisión provisional. Está acusado del cobro de comisiones por parte de contratistas habituales del Consistorio de Valencia en la época del PP.

El caso de la F-1 se divide en tres piezas. Por un lado, el aval de la Generalitat a Valmor -causa reaperturada por la Audiencia sólo en este extremo- y donde se está a la espera de un informe de la Generalitat. La compra de Valmor por un euro está archivada, aunque la Abogacía recurrirá. Y, por último, los amaños de los contratos de Circuito Motor. Esta es, sin duda, la investigación con más probabilidades de prosperar en un juicio. También hay otro procedimiento abierto en el Tribunal de Cuentas.

Rafael Blasco fue condenado a otro año más de cárcel por la última pieza del caso Cooperación. Pero la sentencia no concretaba de qué forma devolver el dinero, cuestión casi prioritaria a la cárcel ya que salvo Marc Llinares todos los cabecillas han estado en prisión. La Generalitat anunció recurso para clarificar el pago de las indemnizaciones y pedir más pena para el exconseller y sus colaboradores.

El caso Erial, la investigación que apunta a que Eduardo Zaplana y sus colaboradores cobraron unos 12 millones de euros en comisiones por el amaño de contratos se paralizó fruto de la pandemia. De hecho, las declaraciones previstas de varios de los investigados fueron canceladas por las medidas de seguridad del Covid. La instrucción está lejos de finalizar porque queda por analizar numerosa documentación. También aquí están imputado Olivas, el que fuera jefe de gabinete del presidente, la familia de Zaplana y la exdiputada Elvira Suances, entre otros.

El horizonte del exconseller Serafín Castellano sigue sin estar despejado. El dirigente continúa investigado en la Audiencia Nacional por favorecer al dueño de Avialsa en la contratación del servicio de extinción de incendios a cambio de supuestos regalos.

La pandemia también ha ralentizado la instrucción del caso Alquería, que se encuentra ya en la recta final. Los investigados, entre ellos el expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez, tratan de lograr el archivo de la causa. Pero lo más probable, salvo sorpresa mayúscula, es que el juez siga adelante por las contrataciones ilegales de directivos en Divalterra.

El caso de Francis Puig se ha convertido en la peor pesadilla para el presidente de la Generalitat quien nunca imaginó tener a su hermano imputado por un supuesto fraude en el cobro de subvenciones para el fomento del valenciano. La pandemia ha retrasado la investigación de este asunto que amenaza con convertirse en una macrocausa tras las múltiples ampliaciones de la querella por parte del PP. Además, a las diligencias se han unido las confesiones de una trabajadora de una empresa de los Adell Bover, los socios de Puig en el entramado empresarial para captar subvenciones. Se analizan la duplicidad de facturas, programas subvencionados que no se llegaron a hacer, obtención de ayudas para contratar personal que más tarde no se destinan al objetivo. El listado de irregularidades es extenso.

Trenzano, a un paso del banquillo por dar subvenciones irregulares a Francis Puig

El mayor caso de corrupción de la historia de la Comunitat, 23 millones de euros desviados, está pendiente de una decisión del Tribunal Supremo. El fallo se espera en breve. Está pendiente el ingreso en prisión del exvicepresidente de la Diputación, Enrique Crespo.

Alfonso Rus tiene numerosas vías judiciales abiertas, tantas como derivadas del caso Imelsa, pero cinco años después de la operación policial todavía no hay un pronunciamiento del juzgado para cerrar alguna de las pesquisas. Entre ellas, destacan los zombies de Imelsa y de Ciegsa -personas que cobraban sin ir a trabajar-, el amaño del call center, el cobro de comisiones por la construcción de colegios de Ciegsa, el supuesto blanqueo de capitales en Suramérica y, por último, la financiación ilegal del Olímpic de Xàtiva.

Consuelo Císcar capitaliza los asuntos judiciales de esta temática. Anticorrupción le pide seis años de cárcel por comprar obras de Gerardo Rueda pagadas como si fueran auténticas. Este asunto está ya a la espera de que se señale juicio. La Generalitat y la acusación popular de Acción Cívica también reclaman responsabilidades a la exdirectora del IVAM que se saltó el procedimiento habitual para la adquisición de estas controvertidas piezas. El heredero de Rueda y el que fuera responsable financiero del museo, Juan Carlos Lledó, también se sentarán en la banquillo.

Císcar todavía tiene abierto otro sumario, el que analiza la promoción de la carrera de su hijo, conocido como Rablaci, con los medios propios del recinto cultural. De igual modo, Anticorrupción rastrea otras irregularidades al frente de la institución como diferentes contrataciones.

La juez procesa a Císcar y a su hijo por utilizar el IVAM para promocionar la carrera del artista

Los hechos no revisten una especial trascendencia, pero el eco mediático puede cuestionar la presidencia de Luis Rubiales en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El dirigente se sentará en el banquillo por unas lesiones a una mujer. La víctima es la arquitecta que realizó la reforma de su vivienda en Valencia y con quien mantiene diferentes discrepancias hasta ahora resueltas a favor del deportista. El juicio por estos hechos se ha suspendido por la pandemia. En otro juzgado, Rubiales reclama cuatro años a la misma mujer por coacciones y amenazas.

El futbolista del Levante sigue investigado por su participación en una trama de extorsión a clientes de prostitutas. Está pendiente de resolver una cuestión de competencia presentada por un juez de Teruel ante el Supremo.

José Luis Olivas sigue en el centro del foco judicial. El fogonazo más inminente será la sentencia por la salida de Bankia a Bolsa. La Fiscalía Anticorrupción mantuvo en el juicio que el responsable alteró las cuentas de la entidad para ofrecer una imagen de solvencia. El que se convirtió en el tercer gran banco español terminó siendo rescatado con dinero público.

Piden cuatro años de cárcel para el exconsejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, y los hermanos Eugenio, Enrique, Pedro, Celia y Mercedes Calabuig, propietarios de Aguas de Valencia. La calificación es de 2018, pero todavía no hay señalamiento. Los acusados se embolsaron 66 millones al pagar más Banco de Valencia por las participaciones en una inmobiliaria.

En el caso Aido, la fiscalía ha pedido que procesen a 11 responsables y 22 empresarios por un fraude con ayudas europeas. En Aidico, reclaman cuatro años de cárcel a exmiembros de la entidad por la desaparición de siete millones.

Los negocios de Banco de Valencia en el Caribe mexicano le pueden costar a José Luis Olivas otros seis años de cárcel. La operativa de desfalco ascendió presuntamente a 750 millones de euros. Todavía no se ha abierto juicio por estos hechos.