Un 10% de las viviendas públicas de la Comunitat están ocupadas de forma ilegal

Las ocupaciones ilegales son un problema que causan gran alerta social y que afectan principalmente a viviendas propiedad de bancos y también al parque público.

En la Comunitat Valenciana, un 10% de los inmuebles públicos se encuentran ocupados de forma irregular. Según las cifras de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), encargada de gestionar este servicio, son 1.426 los pisos que en estos momentos están habitados por personas sin autorización de un total de 14.003 que componen el parque público.

Un número muy elevado que preocupa a esta entidad autonómica ya que la demanda de este tipo de soluciones habitacionales no para de crecer y la oferta se ha comprobado que es limitada. Así, estos okupas impiden que se puedan poner en circulación más viviendas para las familias necesitadas.

"Se vulneran los derechos de las personas que están registradas en la lista de demandantes de viviendas y, por tanto, con derecho a acceder a un inmueble", denuncian desde el EVha. Además, impiden la adecuación y rehabilitación de los inmuebles, y suponen un riesgo por falta de seguridad para sus ocupantes y el resto de la comunidad vecinal.

Por provincias, Alicante es la más afectada por este tipo de okupas donde 837 viviendas se encuentran habitadas de forma irregular. En Valencia se registran 541 irregulares y en Castellón tan sólo son 48.

Dado el alto volumen de ocupaciones ilegales en el parque público, la Conselleria de Vivienda ha comenzado un proceso para regularizar esta situación pero que sólo afecta a los moradores anteriores a 2015.

"El Consell no podía seguir ignorando la situación de familias que en legislaturas anteriores convirtieron las viviendas públicas abandonadas en su hogar, ante la pasividad del correspondiente gobierno autonómico que ni recuperó la posesión del inmueble ni regularizó estas ocupaciones", explican desde el departamento de Vivienda.

En este sentido, se elaboró la Resolución de la Dirección General de Vivienda de fecha 4 de abril de 2017 que establece los criterios objetivos y subjetivos para estudiar el proceso de regulación de las viviendas públicas ocupadas sin título.

1.426Viviendas públicas están ocupadas ilegalmente

1.054Inmuebles están en trámites de regularización por el EVha

73%Cumplen requisitos para conseguir un alquiler legal

Entre los criterios objetivos destacan cumplir con las condiciones para ser adjudicatario de una vivienda pública, acreditar una situación de vulnerabilidad y que la vivienda ocupada sea la residencia permanente antes de julio de 2015. Además, deben asumir el pago del alquiler que le corresponda y los gastos de la comunidad y permitir el acceso al inmueble a los técnicos de Evha para comprobar las condiciones de habitabilidad.

La resolución también recoge unos criterios subjetivos en los que deben demostrar buena convivencia con el resto de vecinos del inmueble, así como el arraigo en el barrio. Para ello, Evha recaba información de los servicios sociales municipales sobre la conveniencia de la adjudicación.

En esta situación se encuentran la mayoría de viviendas ocupadas, en concreto 1.054 de las 1.426 están siendo analizadas para su posible regularización. Y es que gran parte de los ocupantes ilegales cumplen con los requisitos para ser adjudicatarios al encontrarse en situación de vulnerabilidad social.

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