Las voces desde otras catástrofes

Un total de 99 personas fallecieron sumando aquellas cuatro tragedias nacionales. 87 de ellas perdieron la vida en el municipio oscense de Biescas debido a una letal tormenta de 300 metros cúbicos por segundo. El desbordamiento del barranco de Arás arrasó el reconocido camping Las Nieves, donde veraneantes de diversos puntos de España, de Francia y de Países Bajos disfrutaban del verano en el Pirineo aragonés. Después del drama, llegó una batalla judicial que se alargó durante casi diez años.

En Lorca, el 80 por ciento de los vecinos del casco urbano se vieron afectados por el terremoto. Nueve víctimas mortales. Una debacle en la que los damnificados padecieron especialmente las complicaciones burocráticas. Ahora se movilizan para que esas mismas trabas no se reproduzcan en Valencia.

En 2019, a algo más de 200 kilómetros de Valencia, hubo una DANA que sirvió para comprobar la temible versión actual de las gotas frías. En aquella ocasión, la comarca de la Vega Baja sufrió las consecuencias. Fueron tres días de máxima tensión que se cobraron tres víctimas mortales. Viviendas, campos y naves industriales también sufrieron las severas consecuencias. Entonces se abrió un debate sobre la necesidad de intensificar el mantenimiento de los ríos y adaptar las infraestructuras a las nuevas condiciones climatológicas, pero los proyectos presentados siguen en un cajón. Una desidia que alimenta la preocupación de los vecinos, quienes alertan de los actuales riesgos hidrológicos.

El caso más reciente tuvo lugar en La Palma. La isla canaria, mágica por su patrimonio natural y cultural, fue abrasada por una erupción volcánica que sepultó edificaciones, carreteras y cultivos. Los perjudicados siguen esperando 100 millones prometidos por el Gobierno central.

En Valencia, donde el balance supera los 200 fallecidos, toman nota de la experiencia de aquellos que ya fueron golpeados por las catástrofes naturales.

El 7 de agosto de 2016 se inauguró el Parque Memorial del Camping Las Nieves. Un conjunto de tres esculturas instalado en el emplazamiento donde, el mismo día de 1996, una riada arrolló la zona recreativa y causó la muerte de 87 personas. Aquel homenaje fue una iniciativa que nació de Oriol Espinosa, uno de los supervivientes de la catástrofe. Este catalán de ahora 47 años perdió a su madre y mira la desgracia con perspectiva.

«Cada uno vive su situación con una intensidad emocional determinada en función de lo que ha vivido en su propia carne. En mi caso, la experiencia de ser arrastrado por unas aguas bravas y haber perdido también un ser querido. Todo eso te va dando una dimensión que cada uno la va a vivir a su manera. Por lo tanto también la va a tener que superar a su manera. Es el tránsito de muchas emociones que se tienen que ir asentando», comenta desde Granollers. Aquel día, en el camping, había veraneantes españoles, holandeses y franceses.

«Yo estaba con mi hermano, mis padres, un primo y un tío. Era el segundo año que estábamos», comenta. Se trataba de un camping prestigioso en el Pirineo aragonés. El proceso legal «fue largo». Duró casi diez años. Finalmente, la Audiencia Nacional condenó al Estado, del que depende la Confederación Hidrográfica del Ebro, y a la Diputación General de Aragón a indemnizar con 11,26 millones de euros a los perjudicados por los fallecimientos.

«El camping estaba en el cauce del barranco. Teóricamente tenía una infraestructura para desviar las aguas. Cuando se desborda, las aguas van a pasar por el cauce natural. Hubo revuelo y sentó un precedente», explica Oriol. Aquella desgracia sirvió para regular de una forma más exhaustiva la ubicación de los campamentos. Antes del desastre, un funcionario ya había advertido a través de dos informes de los riesgos que implicaba el enclave del Camping Las Nieves.

«Sin embargo, cuando ves que hay pueblos construidos en zonas inundables acabas por no entender nada, pero bueno. Seguramente las cosas se pueden hacer mejor. Las Administraciones no sé si siempre están del todo preparadas. En el caso de Valencia, quizás debería ser una zona que estuviera más preparada y fuera más consciente», lamenta Oriol, quien lanza una mensaje positivo: «Hay que intentar hacerse fuerte. Desde la óptica de casi tres décadas, puedo decir que soy una persona más feliz que triste, más motivada que desmotivada».

Gloria Martín era concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Lorca cuando la tierra tembló. Un terremoto de magnitud 5,1 sembró el pánico en esta localidad de la Región de Murcia el 11 de mayo de 2011. Nueve fallecidos, 324 heridos y casi 1.800 viviendas derribadas. «El protocolo de las medidas antisísmicas para la construcción de edificios es ahora súper riguroso. Hemos aprendido esa lección. En Valencia se tiene que hacer lo mismo a nivel de inundaciones. Es imprescindible. Nosotros no sabemos cuándo pero sabemos que vamos a sufrir otro terremoto. Y en Valencia habrá más inundaciones», advierte la política, sanitaria y portavoz de los afectados.

«Siempre nos queda esa sensación de vivir bajo el miedo cada vez que la tierra tiembla, que es algo muy habitual por aquí. Pero creo que hemos aprendido cosas fundamentales. A ese nivel, los colegios hacen simulacros y las nuevas generaciones ya saben cómo tienen que actuar en caso de seísmo. Y la ciudad está mejor a nivel de infraestructuras. Se han aprovechado las ayudas millonarias de la comunidad autónoma, el Estado y la Unión Europea. Tenemos una ciudad más moderna y con unas calles más anchas», apunta la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Devolución de las Ayudas de los Terremotos de Lorca (PADAT).

Gloria celebra la evolución: «Lo que se ha hecho servirá para proteger vidas en el futuro. Creo que si por desgracia nos pasara hoy, estaríamos más preparados que en 2011». Y se dirige a los ciudadanos de Valencia: «Seguramente saldrán mejor preparados. A nivel urbanístico es fundamental en su caso ver qué se ha fallado, que se establezcan esos planes ante inundaciones... Este tipo de lluvias torrenciales va a ir a más y no podemos cometer los mismos errores».

Desde la experiencia, observa otra clave: «Aquí faltó mucha información. Las ayudas no son a fondo perdido. Son subvenciones públicas. Entonces la gente debe guardar facturas y justificantes de todos los trabajos que hagan porque va a llegar un momento en que la Administración les va a pedir toda esa documentación. Aquí no se dijo nada. Y queremos dar un toque de atención a las Administraciones para que faciliten mucho la burocracia y el procedimiento administrativo de las subvenciones y que adapte el lenguaje técnico y jurídico al lenguaje de la calle».

13 años después, la batalla no ha terminado. «Hay 40 familias que todavía no han cobrado las subvenciones. Creo que hay bastante descoordinación burocrática. Y creo que nos ha perjudicado el hecho de que la comunidad autónoma y el Estado fueran de distinto signo político», lamenta Gloria. Además, recuerda que en Lorca se creó una mesa solidaria para canalizar todo el dinero recaudado en donaciones: «Es importante que eso se ponga en marcha en Valencia. Y tiene que haber mucha transparencia». Sin embargo, el drama se va superando: «A nivel general puedo decir que ya se han cerrado las heridas del terremoto y miramos el futuro con optimismo».

José Francisco Navarro vive en Orihuela, en la pedanía de Media Legua. «Pasamos de tener diez centímetros de agua a un metro y medio en 20 minutos», recuerda. Entre el 12 y el 14 de septiembre de 2019, una DANA dejó imágenes sobrecogedoras en la Vega Baja. «Estaba la alerta, pero no crees que va a llover tanto como luego se da. El problema que tuvimos fue la rambla de Abanilla», añade. Junto a otro vecino, con un tractor de grandes dimensiones, rescató a los decenas de mayores.

«Al ver lo de Valencia se te encoge el corazón», admite José Francisco. Gotas frías de tal envergadura dejan huella: «Ahora dan previsión de lluvia y en las casas nos preparamos. Todas las casas nos hemos hecho portalones de aluminio o madera para que no entre el agua. Es el miedo a que venga otra vez. De todas formas, la gente, de por sí, somos muy confiados». Al mismo tiempo, expresa su indignación por la falta de medidas administrativas: «Las infraestructuras no se mejoran. En esta rambla no se ha hecho nada. Si lloviera, tendríamos el mismo problema. Se hizo el Plan Vega Renhace, que incluye un desvío de la rambla y la limpieza, pero no se ha ejecutado nada. Está todo igual».

En la misma línea se pronuncia Marisol Fernández, de Heredades, una pedanía de Rojales. «Estoy en un núcleo bastante poblado. En la casa tuve suerte y no me entró, se quedó justo. Avisaron y lo moví todo hacia arriba, el tractor también. Los árboles prácticamente no se veían por el agua. Tengo limones. Perdí 300 árboles y después de cinco años me van a echar fruto ahora. El huerto se recuperó a base de mucho trabajo. El ser humano tiene esa capacidad de salir». Se vio abocada a dejar la agricultura ecológica para emprender la tradicional. Y lanza un consejo: «Que la gente asegure la cosecha y la vivienda. En estas situaciones, te sientes respaldada».

Se muestra decepcionada: «Con el cambio climático, habría que darse cuenta de que se necesita embalses para meter toda esa agua, se necesita ver dónde están todos los terraplenes donde el agua va a parar... Deberían darse cuenta los que gobiernan. Deberían preocuparse de tener el río limpio, de que no estuviera roto… Esto va a venir todos los años. Se arregló el río y no se ha hecho nada más. El río está súper sucio y tiene muchísimas cañas. Como venga una riada no sé lo que puede pasar».

Antonio Ángel Hurtado, de Almoradí, tiene una finca «a 100 o 150 metros de donde se produjo la rotura del río Segura». La inundación asoló sus tierras de naranjos: «Las pérdidas rondaron los 300.000 euros y las ayudas, sumando todo, llegarían a 30.000 o 40.000». Está remontando: «Restituí el terreno, lo limpié y volví a hacer labores de nivelación y labranza y en 2021, dos años después, volví a plantar la finca. Ahora tengo limoneros».

Antonio Ángel tomó medidas legales: «A mi juicio se planteó una negligencia en el mantenimiento del río Segura porque no es lo mismo un desbordamiento que una rotura por un mal mantenimiento de las placas de hormigón que estaban sin apoyo. Entonces planteé una demanda a la Confederación Hidrográfica del Segura. Estoy pendiente de que se resuelva. Reclamo los daños que sufrí». Da la voz de alarma: «El cauce del Segura está ciego de cañas y suciedad. Si volviéramos a sufrir otra situación como aquella o parecida a la que ha pasado en Valencia, el río volvería a ser otro desastre».

Continúa en terapia y con medicación. La vida de Fernando Hernández, de 64 años, se desmoronó el 19 de septiembre de 2021, cuando el primer cráter estalló a sólo 300 metros de su hogar. Donde residían él y su madre. La erupción volcánica se prolongó durante 85 días en la isla de La Palma, dejando a 7.800 damnificados según los registros oficiales. «Llegó un momento en que me vi bastante mal. Y sin la ayuda psiquiátrica no hubiese salido», reconoce este vecino canario.

Sufrió, como otros, estrés postraumático. Un trastorno del que están advirtiendo los especialistas en la tragedia acaecida en Valencia. «A pesar de la fortaleza de las personas, necesitarán muchísima ayuda psicológica y psiquiátrica. Han perdido a familiares, amigos y conocidos. Aquí no hubo que lamentar pérdidas personales y ya fue algo terrible. Pero con confianza y luchando primero por sobrevivir y luego por vivir, se puede salir. Se puede volver a empezar», comenta Fernando, quien relata su proceso: «Los dos primeros años fueron mejores psicológicamente, pero después, con el paso del tiempo, empeoré. Fui sintiéndome más abatido, más cansado... Hasta que tuve que buscar ayuda psiquiátrica».

Fernando, jubilado, critica la falta de previsión que existió en La Palma: «Había muchísimos ruidos subterráneos y temblaba constantemente, pero nos habían dicho que el volcán no iba a salir por nuestra zona. No avisaron ni para evacuar. Huimos como conejos asustados al ver la erupción. Nos caían piedras encima». Quedaron patentes ciertas lagunas. «En el plan de emergencias para los riesgos volcánicos de Canarias (PEVOLCA), la zona donde emergió el volcán es de riesgo bajo. Es un plan no actualizado», apunta Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación Tierra Bonita, plataforma de apoyo a los damnificados.

La vivienda de Fernando, como tantas otras, fue devorada por la lava: «Era la casa de mi familia de toda la vida, de mis tatarabuelos. Más que nada son los recuerdos que trae. De los enseres no pudimos sacar nada. La ropa puesta y una camisa más. Era una casa de campo y teníamos animales. Sólo pudimos sacar el perro. En cinco minutos, nos vimos sin nada y en la calle». Ha conseguido recomponerse: «La casa tenía seguro afortunadamente. Se prometió muchísimo en cuanto a las ayudas, pero a nosotros nos ha llegado muy poco. Prácticamente los donativos y poco más. Con el seguro y lo que teníamos ahorrado hemos ido subsistiendo. Espero que en Valencia sea diferente».

Según Francisco, el «40 por ciento» de la viviendas no estaban aseguradas. Pero hay más: «El volcán destruyó casi 3.000 edificaciones, aunque sólo se han aceptado a nivel catastral 1.700». Y da otro dato escalofriante: «De 7.800 afectados que se registraron, a día de hoy sólo 150 han tenido una compensación justa».

Una cuestión, la de las prestaciones, cargada de polémica: «La primera ayuda que llegó fue del Consorcio de Compensación de Seguros, de algo más de 200 millones. Las otras ayudas han sido a cuentagotas. El sistema que arbitró las ayudas era excesivamente burocrático».

La recuperación está resultando lenta. «Hasta este junio había personas en hoteles. Y hay 120 unidades familiares viviendo en contenedores marítimos desechados convertidos en vivienda o viviendas modulares de madera», indica el presidente de Tierra Bonita, especialmente dolido por el panorama de los centros educativos: «De los cuatros colegios afectados no han recuperado ninguno. Dos enterrados, uno cerrado por gases y otro semidestruido. Los niños están en un edificio provisional en el que han construido barracones». También hay déficit de mano de obra: «Las empresas constructoras han hecho convenios con otras constructoras de España para que les cedan plantilla por falta de gente cualificada». Francisco se muestra tajante: «La Administración ha cancelado a los afectados».