Vox suspende a Badenas por un contrato vinculado al marido de Bernabé y pone en jaque el acuerdo de gobierno en Valencia

El comité de Garantías de Vox ha tomado la decisión de suspender los derechos como afiliado de Badenas e y de inhabilitarle para desempeñar cargo o función en el partido o en representación de éste hasta la resolución del presente expediente disciplinario.

En este sentido, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, se ha referido a la situación de Juan Manuel Badenas. «Los organismos internos del partido están funcionando. De momento, ha sido suspendido de militancia y se le ha suspendido de su condición de portavoz del Grupo Municipal de la formación en Valencia». También ha garantizado que se respeta «su presunción de inocencia». Sin embargo, «hay una investigación abierta y el partido ha considerado como lo más prudente tomar estas medidas».

«Si al final del procedimiento se determina que no hay ninguna irregularidad, el señor Badenas recuperará sus funciones», ha asegurado Fuster. Pero «si se confirma que hay alguna irregularidad el procedimiento concluirá en la expulsión del partido». Porque «si hay alguien que no ha estado a la altura de lo que debe ser un cargo de Vox, seremos firmes a nivel interno y, por supuesto, acudiremos a la justicia».

La formación que dirige Santiago Abascal investigaba desde la semana pasada la contratación por si se produjo alguna irregularidad tras la publicación de unos audios en The Objective. Según la investigación, Badenas amañó la adjudicación de un contrato a favor del Instituto Mediterráneo de Desarrollo Sostenible (Imedes), la empresa en la que trabaja el marido de Bernabé, Javier Cebrián. Se señalaba a Badenas por supuestamente haber negociado el diseño de las bases del concurso que ganó Imedes.

Horas, por tanto, de mucha tensión en el Ayuntamiento de Valencia. Mientas la alcaldesa, María José Catalá, aseguraba que no tenía constancia de la expulsión, Badenas guardaba silencio. El futuro de Vox en el Consistorio pasa por dos caminos: expulsarle del grupo, y que pase al de no adscritos, o declararse en rebeldía y pasar todos a ese mismo grupo. En este último caso, Vox se quedaría sin representación en el Ayuntamiento.

En cualquier caso, los audios (y el presunto amaño que probarían) ponen en un brete a la alcaldesa, que ahora tendrá que decidir si mantiene el acuerdo de gobierno con un concejal expulsado de su partido. Si decide hacerlo, y empezar a negociar a con dos grupos en lugar de con uno (con Badenas y con Vox), desde Bambú podrían recordarle que ella tenía un acuerdo de gobierno con Vox, y no con un expulsado del partido, por lo que podrían obligarle a renegociar el acuerdo en condiciones, eso sí, menos ventajosas porque pasaría de cuatro a tres ediles. Badenas podría también renunciar al acta y dimitir, pero eso parece poco probable en estos momentos.

Los concejales no adscritos son «aquellos que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que, por cualquier causa, abandonen o sean expulsados de su grupo de procedencia». Depende, por tanto, del grupo municipal decidir su expulsión. José Gosálbez pasará, previsiblemente, a ser portavoz municipal de Vox y, por tanto, segundo teniente de alcalde.

Según el reglamento, el concejal no adscrito «tendrá los derechos que la legislación de régimen local y este reglamento orgánico les reconoce individualmente y contará con los medios materiales, y la posible disponibilidad de personal administrativo, imprescindibles para el cumplimiento de sus funciones corporativas». Eso sí, según el reglamento orgánico del pleno, en ningún caso «tendrá derecho a percibir las asignaciones económicas, fijas y variables, ni a disfrutar de los derechos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y en este reglamento para los grupos políticos municipales».

Además, previsiblemente Badenas perderá representación en los plenos, dado que corresponde a Alcaldía decidir el tiempo que podrá intervenir en cada moción o punto del pleno, pero de forma «proporcional a su importancia numérica en el conjunto de la corporación». Este tiempo «no podrá ser superior al tiempo que corresponde a un grupo municipal ni inferior a un minuto». Badenas tendrá que remitir un escrito a la Alcaldía «solicitando las comisiones del Pleno en las que quieran integrarse con voz y voto». «La Alcaldía, oída la Junta de Portavoces, formulará la correspondiente propuesta, que elevará al Pleno para su aprobación en la primera sesión que este celebre», indica el reglamento.

La participación de los concejales y concejalas no adscritos en las comisiones del Pleno se determinará por el propio órgano plenario municipal atendiendo a criterios de racionalidad, de modo que no se alteren ni la proporcionalidad ni la eficacia en el funcionamiento del órgano, que no podrá sufrir distorsiones. «Si con su presencia se modificara la composición y proporción iniciales de las comisiones, el valor de su voto se ponderará en cada supuesto concreto, en razón del número de concejales y concejalas de tal carácter que se incorporen a cada comisión», explica el reglamento. Conviene recordar que al inicio de mandato ya hubo problemas por la composición de las comisiones al entender PSPV y Compromís que su representatividad estaba mermada.