«Llegué a pensar que me quedaba en la calle»

El desbarajuste entre consumidores e inmobiliarias por la sorpresiva aparición de una norma autonómica que pone más límites a las ventas de VPO se personifica en Rafael G. G. El valenciano de 59 años apalabró por contrato a finales del año pasado la compra de una vivienda de protección oficial. Y cuando ya tenía fecha para la notaría se topó con la nueva ley que concede a la Generalitat el derecho de tanteo y retracto legal. O lo que es lo mismo: «La casa de VPO por la que ya había dado una entrada antes de vender la mía podía acabar en manos de la Administración. Llegué a pensar que me quedaba en la calle».

Rafael fijo su interés en una vivienda VPO de tres habitaciones y 100 metros cuadrados situada en Malilla y con un precio de 140.000 euros. «Como en cualquier operación de este tipo, inicié los trámites, sellé el contrato de arras con el propietario en diciembre y mi gestor pidió la nota autonómica que me autorizaba a la adquisición de la VPO por haber transcurrido el plazo legal de protección».

En su caso se sumaba un factor muy estresante que conocen bien quienes lo han vivido: vendía su casa antigua el 7 de enero para comprar la nueva el día 11. Un jaleo de mil demonios con mudanza y un torbellino de papeleos de por medio. Pero justo con el Año Nuevo entró en vigor la nueva norma autonómica por la que hay que pedir permiso a la Generalitat antes de una transmisión de VPO. Y en el caso interesar el piso a Vivienda, la conselleria tiene preferencia en la adquisición.

«El susto llegó el mismo día 7, horas antes de la venta de mi antigua casa. Me llama el gestor y me dice que ha salido una nueva norma y que hay que esperar a que la Generalitat decida sobre la casa que yo quería comprar». Según revela el valenciano, «sentí mucho estrés, incertidumbre, impotencia...». Y se pregunta: «¿Cómo era posible que la Generalitat me dijera documentalmente que esa VPO estaba libre y, a los pocos días, ya no?».

Rafael tenía por delante ocho días para desalojar su piso recién vendido y comprobó, «con bastante terror», que la ley da a la Generalitat 60 para decidir si le interesa o no la VPO. Todo en el aire. Nuevos peregrinajes al PROP en busca de auxilio. «Al principio había una desinformación total. Allí ni siquiera sabían de la nueva norma. Decían que era cosa de Vivienda y temían un aluvión de quejas. Yo tramité la mía y pedí que si me tenía que ir a un hotel me pagaran los gastos». Eso sí, luego «se volcaron y me ayudaron mucho a agilizar las cosas y en eso estoy agradecido». Al parecer, la estrategia de la conselleria ante el caos y las muchas solicitudes (es obligatorio comunicar la operación a la Generalitat) es renunciar al derecho de tanteo para no bloquear más las operaciones en marcha. «En pocos días me dieron el documento de negativa al tanteo y pude seguir adelante. Después del ajetreo y de cambiar fecha de firma, la Administración no ha querido el piso».