El Consell aprueba ya que los VTC tengan que contratar con una antelación de 15 minutos

El pleno del Consell ha aprobado este viernes el decreto ley que regula el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) en la Comunitat Valenciana y obliga a contratar con una antelación mínima de quince minutos los servicios ofertados a través de plataformas digitales como Uber o Cabify, que advirtieron de que se marcharían de Valencia si prosperaban esas restricciones.

En la rueda de prensa posterior, la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, señaló que esa normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y debe ser convalidada por la Diputación Permanente de Les Corts.

La consellera competente en materia de transportes, la socialista María José Salvador, apuntó que habrá un periodo transitorio de dos meses para adaptarse a esa exigencia de precontratación con quince minutos, similar a la implantada en Cataluña y que, según la patronal Unauto VTC Comunidad Valenciana, pone en peligro 500 empleos y motivará reclamaciones de indemnizaciones por importe de 166 millones de euros.

«No podemos estar permanentemente mirándonos en el espejo de Cataluña», advirtió Salvador a preguntas acerca del impacto de esa medida. Además, remarcó que el decreto ley cuenta con los informes favorables preceptivos de instituciones como la Abogacía General de la Generalitat y viene a sumarse a la regulación de Aragón, País Vasco, Baleares y Cataluña.

Esa normativa también establece que los vehículos de VTC no pueden «circular por la vía pública a la busca de clientela» ni «propiciar la captación» de clientes mediante la geolocalización ni el estacionamiento en vías públicas o lugares de concentración de demanda como aeropuertos, centros comerciales, instalaciones deportivas, paradas de taxis u hospitales.

Con esta regulación, el Consell pretende «garantizar espacios de convivencia entre las VTC y el sector del taxi, espacios de armonización y evitar situaciones de conflicto que generen un perjuicio al usuario, y se hace pensando sobre todo en los usuarios», recalcó Salvador, quien indicó que «el sector de las VTC no está tan regulado, mientras el sector del taxi está sometido a una fuerte regulación». Según datos de la Generalitat, en la Comunitat Valenciana existen 4.695 licencias de taxi y 377 licencias de VTC.

«Somos conscientes de que todas las transformaciones nos llegarán a todos en un mundo globalizado, pero no podemos avanzar en este sentido sin ir de la mano del sector que ha desarrollado tradicionalmente un servicio público, como es el del taxi», subrayó, además de defender que la Abogacía General avala que se regule esta cuestión mediante un decreto ley y «entiende que hay razones de extraordinaria y urgente necesidad» para hacerlo por la vía elegida.

La Generalitat centra su regulación en los servicios que son de su competencia, es decir, los de transporte interurbano que realicen las VTC; mientras que permite que los ayuntamientos regulen, ordenen e intervengan en los servicios urbanos.

Según establece el decreto ley, la prestación del servicio de VTC únicamente podrá realizarse por personas, físicas o jurídicas, que sean titulares de la autorización administrativa correspondiente que expida la Conselleria de Vivienda -por delegación del Estado-, una para cada uno de los vehículos, que están obligados a deberán llevar un distintivo de identificación.

Además de contratarlos con una antelación de 15 minutos, deberá quedar constancia de todos los servicios en el registro de comunicaciones implantado por el Ministro de Fomento desde el pasado 1 de abril, excepto aquellos que deban realizarse de forma inmediata, como consecuencia de urgencias, emergencias y asistencia en carretera.

Según Salvador, esa comunicación obligatoria al registro «servirá para hacer un control telemático» y comprobar que las VTC cumplen la exigencia de que «no pueden prestar más del 20% del servicio fuera de las comunidades autónomas donde tienen la licencia».

La contratación de servicios como los ofertados a través de Uber o Cabify habrá de realizarse siempre por la capacidad total del vehículo sin que, en ningún caso, pueda realizarse una contratación individual o por plazas.

Cada vez que se sustituya uno de los vehículos adscritos a autorizaciones VTC se hará por otro vehículo que utilice como fuente de energía la electricidad, el hidrógeno, los biocarburantes, los combustibles sintéticos y parafínicos, el gas natural y el gas licuado del petróleo. También podrá sustituirse por un vehículo de los denominados híbridos.