A vueltas con el derecho civil valenciano

Los problemas que surgen en las relaciones humanas generan muchas veces verdaderos dolores de cabeza para la administración y actos tan habituales como bodas, separaciones, herencias o discusiones sobre los hijos necesitan un marco regulatorio para poder desarrollarse. Por ello, existe un código civil nacional que marca el patrón a seguir en todo el Estado pero, además, algunas autonomías pueden añadir modificaciones para adaptarlas a su contexto particular. Este es el caso de Cataluña, Aragón, Navarra, Galicia, País Vasco o Baleares pero también lo fue de la Comunitat Valenciana, que durante años pudo legislar sobre el denominado derecho civil valenciano hasta que la mayor parte de las normas desarrolladas fueron declaradas inconstitucionales. Ahora, tras varios ejercicios de debate político y social sobre la necesidad de recuperar o no estas competencias, la Comunitat se encamina a poder volver a desarrollar el derecho civil valenciano.

Les Corts ha aprobado esta semana una proposición de ley que reclama que se modifique la Constitución para que la autonomía pueda recuperarlo. La medida fue apoyada por la mayor parte de los diputados autonómicos ya que tanto el PP como PSPV, Compromís y Unidas Podemos permitieron que la propuesta saliera adelante sin problemas pero ahora tendrá que superar el trámite del Congreso de los Diputados, que podría durar semanas o alargarse años. El hecho de que se necesite de una reforma constitucional no invita al optimismo ya que cuestiones como la reforma del Estatut se han pospuesto durante casi una década. Pese a ello, es una incógnita cuánto tiempo estará guardada en el cajón de la Mesa del Congreso.

Cuando la propuesta sea ratificada por la Cámara, la Comunitat recuperará la vigencia de las tres normas que fueron anuladas (que hacen referencia a las relaciones familiares, uniones de hecho y matrimonios) pero también abrirá la puerta a que se regulen otros aspectos pendientes como las herencias e incluso nuevas propuestas.

El régimen matrimonial fue la primera cuestión que se reguló en el marco del derecho civil valenciano. En concreto, la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano del año 2007 introdujo en su día avances que ahora reclaman la mayor parte de las parejas como pueden ser la separación de bienes. Este régimen económico matrimonial subsidiario entre los cónyuges era el marco base y no era necesario acudir a un notario para establecerlo frente a otras alternativas.

Otro de los aspectos destacados de esta ley que pudieron disfrutar miles de personas entre 2007 y 2016, ya que aunque fue declarada inconstitucional se mantuvo para los cónyuges de esos ejercicios, fue la libertad que se introdujo en el marco de libertad de pactos o acuerdos dentro de la pareja.

La norma también apostaba por la carta de nupcias, documento en el que se establece la organización económica y personal que esté relacionado con los bienes del matrimonio. Los pactos podían ser a favor de ellos o de sus hijos y pueden ser válidos durante el matrimonio o incluso durante más tiempo. Además, las donaciones por matrimonio fue otro de los puntos novedosos incluidos.

Tras abordar el régimen matrimonial, Les Corts quiso regular las uniones de hecho a través de una ley del mismo nombre que fue aprobada en el año 2012. Que dos personas vivieran juntas sin haber contraído matrimonio era una anomalía hace décadas pero en el siglo XXI ha sido una realidad y una opción por la que cada día apuestan más parejas.

Esta norma también fue considerada una novedad por otorgar derechos que antes eran poco habituales y planteaba cuestiones como que si uno de los miembros fallece y el difunto es el propietario de la casa la pareja pueda quedarse durante un año en el domicilio que compartían pese a que este emplazamiento se haya dejado en herencia a otros familiares que quieran, por ejemplo, vender o poner en alquiler la casa.

Es necesario destacar que la ley de 2012, de la que los valencianos apenas se pudieron beneficiar durante cuatro años, fue anulada por el Tribunal Constitucional. Pero solo en parte. En la actualidad, la Comunitat Valenciana aún cuenta cierto margen de maniobra aunque solo puede hacer normas sobre la forma de las uniones de hecho.

La Ley de Relaciones Familiares de los Hijos e Hijas cuyos Progenitores no Conviven también fue aprobada en el año 2012 y siguió la senda de las otras dos normas, que se consideraban avanzadas y adaptadas a su tiempo al priorizar cuestiones como la custodia compartida.

La ley ponía encima de la mesa la necesidad de que los padres, pese a que no vivieran juntos, tuvieran la misma responsabilidad en sus relaciones con los hijos. La ley se usó durante 5 años y tal y como remarca la Generaltiat, «el resultado fue muy bueno porque aumentó los acuerdos de los padres para compartir el cuidado de sus hijos por igual y hubo menos juicios entre los padres».

Al igual que en los otros dos casos anteriores, el Tribunal Constitucional concluyó que esta ley tampoco cumplía la Constitución porque la Comunitat no podía hacer leyes de derecho civil sobre las relaciones entre padres e hijos.

Pese a todo, esta norma influyó en las decisiones de muchos tribunales españoles y evidenció que, de forma generalizada, lo mejor tanto para los cónyuges como para los hijos era la fórmula de la custodia compartida.

La propuesta de recuperar las competencias para legislar sobre el derecho civil valenciano no solo resucitará las normas anteriores si finalmente se aprueba sino que también abrirá la puerta a crear leyes sobre otras cuestiones como herencias o derechos sucesorios.

Uno de los temas que se quedó en el tintero en su día fue el de regular aspectos de las herencias. Un tema sobre el que se propone dar más facilidades para desheredar a determinados miembros si han existido sucesos destacados pese a seguir manteniendo la importancia de la familia. Otro aspecto que desde varios sectores económicos se pretende atajar es el de la sucesión de pequeñas empresas familiares para agilizar los trámites y fomentar así que sea una determinado heredero el que se haga cargo de ella y no tenga que dividirse.

El derecho foral también puede entrar en el mundo agrícola. Y es que la ley de contratos agrarios del Consell es la única norma que no se considera inconstitucional ya que, a diferencia de las otras más civiles, hoy por hoy se puede debatir en Les Corts. La última modificación introdujo reclamas como la necesidad de que existiera siempre un contrato escrito y un registro de los mismos.