Zonas castellanohablantes cargan contra la ley Celaá

La modificación del articulado de la futura Lomloe en materia lingüística ha disparado las alarmas en parte de la comunidad educativa. No sólo por lo que supone -los efectos de quitar al castellano la condición de vehicular y facilitar su arrinconamiento tardarán en verse-, sino por el mensaje que se traslada. Basta pensar en las zonas castellanoparlantes de la Comunitat donde se habla, se vive y se aprende de manera muy mayoritaria en español.

LAS PROVINCIAS ha querido recoger reflexiones de familias y docentes residentes en estas comarcas, saber qué les evoca el sentido dado a la disposición adicional de la futura ley que, con la enmienda del PSOE, Unidas Podemos y ERC, ya no recogerá que el castellano es la lengua oficial del Estado ni se le otorgará carácter vehicular. Se teme que dé alas a nuevas políticas de imposición, que se avance hacia un conflicto como el catalán o que enturbie la convivencia.

«Sobre todo genera una sensación de falta de libertad. En esta zona se tiene asumido que si se quiere trabajar en una administración pública hay que conocer la lengua valenciana, y que en el cole se aprende, pero no se acepta que se tengan que impartir determinadas asignaturas en valenciano. Es algo que genera rechazo a los niños y dificulta que los padres puedan ayudarles con sus estudios», explica Carmen Toledo, mujer «preocupada como madre y como ciudadana» residente en Utiel y colaboradora de la asociación estatal Hablamos Español.

Entre sus temores está «la imposición del valenciano» y que el cambio «abra la puerta para tomar decisiones en este sentido». «Que puedan hacer lo que quieran y no escuchen nuestra opinión», dice. «En Catalunya han necesitado treinta años, y aquí ya está calando», añade, en referencia al debate identitario que se asocia con la lengua.

Fernando García, presidente del Ampa del IES Mediterráneo de Torrevieja, recuerda los antecedentes valencianos, la «lucha» contra el decreto de plurilingüismo, tumbado en los tribunales, y las protestas contra la actual ley. «Que yo sepa no se ha modificado la Constitución ni el Estatuto de Autonomía. ¿Cómo van a pretender eliminar el castellano como lengua vehicular? Independientemente de que consideremos que no es acorde a las normas vigentes, se van a encontrar con la oposición de padres, madres y docentes», señala.

«No es una lucha contra la lengua valenciana, que reconocemos, pero todo se tiene que hacer desde la voluntad. No queremos imposiciones de modelos que tienen poco de pedagógicos y mucho de partidarios», añade. También señala que antes del citado decreto había un «statu quo» sobre la lengua cooficial. «Se aceptaba que tuviera unas horas de clase o que los alumnos exentos estuvieran en el aula, cuando la ley no obligaba a ello. Pero el intento de imponer este modelo ha despertado reticencias y rechazo en muchos padres. Ha sido un efecto de acción-reacción», dice.

Miguel Ángel Robles es profesor del IES Tháder de Orihuela y miembro de la plataforma Docentes por la Libertad Lingüística. Aunque habla a título personal cree que el sentir general no será muy distinto a su postura. «Responde a la necesidad aritmética del Gobierno para poder aprobar los presupuestos, y no dudan en secundar los planes de partidos separatistas en su permanente acoso al castellano, que se basa en burdas falacias», reflexiona. «Como considerar que son lenguas propias y el español sólo es oficial, cuando es mayoritario en todos los territorios, o que están minorizadas pero se olvidan de la realidad social», dice.

También recuerda que «actúan como si las lenguas fueran poseedoras de derechos y no las personas», y lamenta que con la enmienda se faciliten los planes de inmersión «que tanto daño hacen a los alumnos más vulnerables, como los que tienen dificultades de aprendizaje, hiperactividad, déficit de atención, trastornos del espectro autista o son inmigrantes, incluso hispanos, que tendrán que estudiar en otra lengua». «La ley va contra la realidad social y contra la igualdad que tanto enuncian», concluye el docente.

Desde Requena, Carlos Barquero, del Ampa del IES Oleana, reconoce que la enmienda le causó sorpresa. «Viendo la dinámica que llevamos en la Comunitat lo primero que te viene a la mente es que es el paso previo a que el castellano desaparezca como lengua de comunicación dentro de las aulas», señala. «Me he criado en una zona castellanoparlante, creo que estas cosas atacan mis derechos. Y facilitan que se señale a gente que no utiliza una lengua cooficial, cuando lo lógico sería que cada uno utilizara la que quisiera. Están levantando muros sin ningún sentido», comenta.

En el mismo municipio vive y trabaja Javier Jordá, que forma parte del Ampa del instituto Número 1. «Pensé que esto es el principio del fin», relata en relación a la polémica enmienda y a las puertas que abre a los gobiernos autonómicos «para que puedan proceder sin tener en cuenta a padres y alumnos que tenemos el español como nuestra lengua materna». «Creo que se están vulnerando completamente nuestros derechos. Es el punto de inflexión a partir del cual sólo nos quedará el derecho a protestar», sentencia.