Agró desvela que el decreto de renovables abre la puerta a expropiaciones de terrenos

Es el caso de Acció Ecologista Agró, que está examinando exhaustivamente este decreto. El representante del colectivo en la comarca, Santiago Gasset, habló de aspectos «peligrosos» que recoge la normativa. El artículo 22 del decreto contempla que el promotor debe acreditar la disponibilidad de al menos un 25% de los terrenos sobre los que se proyecte la central fotovoltaica. «Eso quiere decir que si consigue en propiedad o en alquiler 1 hectárea, puede presentar un proyecto para ocupar 4 hectáreas, lo que supondrá que las otras 3 puedan ser expropiadas si se declaran de utilidad pública», subrayó.

Gasset insistió en que ni las zonas establecidas en los planes generales municipales como suelo no urbanizable de especial protección están libres de ser declaradas de utilidad pública. «Solo se considera incompatible si se dice expresamente en el PGOU y muchos de estos planeamientos cuando se elaboraron y aprobaron no pensaron en las placas solares. Se dice dónde no se puede construir una casa o una industria, pero no un parque solar y a eso se pueden agarrar».

La reunión mantenida este miércoles entre los alcaldes de la Font de la Figuera, Moixent, Vallada y Montesa y representantes del proyecto de la planta fotovoltaica de Almansa, lejos de calmar los ánimos también ha generado casi más preocupación. Los cuatro representantes municipales salieron alertados por lo que «la letra pequeña» del proyecto pudiera conllevar en un futuro y el anuncio de la retirada de las tres plantas de Montesa no soluciona el problema, lo traspasa y en el caso de esta última localidad sufriría un impacto mayor.

De momento, en el municipio mencionado por Akuo Energy donde se trasladaría una de esos parques, Aielo de Malferit, no saben nada. Así lo corroboró el alcalde Juan Rafael Espí a LAS PROVINCIAS. «No tenemos constancia de que se quiera ubicar aquí y ni siquiera se ha planteado el tema. En caso de que llegase la solicitud al consistorio tendríamos que analizarlo en los distintos consejos sectoriales y, sobre todo, ver lo que dice al respecto el Plan General», aseguró.

Desde Unió de Llabradors de la Costera, su portavoz, Ricard Fillol, puso de relieve el conflicto que se está creando entre agricultores. «Entiendo a los que tienen extensiones de tierra de secano con una rentabilidad por debajo de los costes y se ven abocados a coger esos 1.500 euros de alquiler. Pero hay otros minifundistas que han hecho una importante inversión en regadío y sus tierras les dan más que esa renta que les ofrecen», explicó.

Fillol subrayó la rentabilidad que buscan estos promotores, puesto que compran o alquilan el suelo que les resulta más barato. «En Vallada, por ejemplo, hay una gran extensión de terreno industrial el conocido Valpark y no han preguntado por él porque saben que es más costoso», apuntó.