El exalcalde de La Granja de la Costera acusa al equipo de gobierno de la deuda de la empresa pública por «dejadez» en sus funciones

El exalcalde socialista de la Granja de la Costera, Juan Carlos Garrido, asegura que si el Ayuntamiento tiene una deuda de más de 190.000 euros, por las sentencias que obligan a pagar a tres mercantiles que trabajaron para la empresa pública La Granja Desarrolla, es porque el alcalde, José Miguel Marín, no ha cumplido con sus obligaciones como presidente de la misma y no se ha personado en los litigios para defender los intereses del municipio.

Garrido recuerda que Marín, como establece el artículo 15 de los Estatutos de La Granja Desarrolla, es el presidente del Consejo de Administración, pero "en tres años no ha hecho nada, hasta que ha sido requerido por el Ministerio de Hacienda".

Al respecto, el edil socialista apunta que la primera demanda que interpuso una de las empresas ante un juzgado de Valencia fue ganada por el Ayuntamiento. Esa misma empresa demandó nuevamente al Consistorio esta vez en los juzgados de Xàtiva y el nuevo equipo de Gobierno decidió prescindir de los servicios de la abogada que defendía al Ayuntamiento para contratar a otro letrado "para luego no personarse, con la evidente pérdida de la demanda".

"El actual equipo de gobierno ha creado deudas por dejadez en sus funciones", asegura Garrido, "por no querer defender los intereses del municipio" y precisa que no ha habido voluntad para resolver la situación de la entidad pública, a pesar de que desde el primer momento mostraron su disposición.

"Solicitamos una reunión de la junta general para informar a la nueva corporación de la situación de la empresa y los liquidadores, la abogada y el notario, nos encontramos el día indicado con la puerta del Ayuntamiento cerrada", explica y apunta que hasta en nueve ocasiones se ofrecieron a colaborar presentando los escritos por registro de entrada.

Subraya que no ha sido hasta el pasado mes de diciembre cuando ha convocado la Junta General para destituir a los liquidadores para nombrarse a sí mismo como liquidador y recuerda que si los tres ediles socialistas fueron nombrados como tal en su momento fue por consejo del secretario y notario para "ahorrar dinero al Ayuntamiento".

Insiste en que si Hacienda está reteniendo la participación en los tributos del Estado, unos 90.000 euros, es por no haber atendido a los requerimientos y no haber procedido a terminar con la empresa pública. Cree que si ha acudido al Tribunal de Cuentas y ha sembrado la duda de presuntas irregularidades contables que ya habrían prescrito es para justificar "su dejadez e incompetencia".

Al respecto asegura que de momento no hay ningún pronunciamiento y que no han recibido ninguna citación ni requerimiento y matiza que quien se encargaba de la contabilidad era una asesoría externa que trabaja para el Consistorio, "de la que no tengo por qué dudar de su trabajo".

Garrido señala, no obstante, que el Ayuntamiento tiene solares en el polígono industrial que están valorados en más de 229.000 euros que pueden ser utilizados para solucionar la deuda.

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