El juzgado sobresee la causa contra el Ayuntamiento y el alcalde de La Font de la Figuera por presunta prevaricación en un asunto urbanístico

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Xàtiva ha dictado auto de sobreseimiento provisional y, por tanto, el archivo en la causa contra el Ayuntamiento y el alcalde de la Font de Figuera, Vicent Muñoz, interpuesto por el grupo municipal del PP y su portavoz Mª José Penadés, por un presunto delito de prevaricación por no cumplir la resolución dictada en septiembre de 2020 para la demolición de una caseta que se había construido ilegalmente en 2011 en el paraje 'Els Juncarejos'. La denuncia también iba dirigida contra los actuales propietarios de dicha edificación.

El titular del juzgado se acoge para dictar este auto al informe emitido por el Ministerio Fiscal que concluye que "de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha motivado a la formación de la causa".

Según se explica en el informe del Fiscal procedimiento se inicia en 2013 con la apertura de expediente para la restauración de legalidad urbanística contra el propietario de dicha edificación, construida sin licencia en suelo no urbanizable de especial protección paisajística y forestal, por la que se resuelve la demolición de las mismas.

Un informe del arquitecto municipal de septiembre de 2020 concluye que se ha incumplido la orden de demolición y se acuerda la ejecución subsidiaria con unos costes de 5.460 euros con la consiguiente resolución de la alcaldía de incoación de expediente de ejecución. Los nuevos propietarios (la adquieren en marzo de 2020) inician un procedimiento de declaración de situación individualizada de minimización de impacto territorial, como contempla la LOTUC y el expediente de ejecución se suspende, algo que el pleno aprobó sin votos en contra.

Es por ello, que el Fiscal considera que en lo referido a la "falta de actuación en la restauración de la legalidad por el alcalde y la comisión de un posible delito de prevaricación omisiva", el procedimiento se inició y posteriormente se llevó a cabo un procedimiento de minimización que "cumplió con todos los trámites legales, aprobándose en pleno con los correspondientes informes municipales". Concluyendo, por tanto, que "no hay elementos bastantes para estimar que los hechos sean constitutivos de infracción penal".

El Partido Popular de la Font de la Figuera tiene tres días para interponer recurso de Reforma contra este auto.

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