Montesa presenta 700 alegaciones contra la la red de alta tensión que cruzará cuatro municipios de la Costera

Este miércoles se cumplió el plazo para la presentación de alegaciones contra la planta de energía fotovoltaica proyectada en el municipio albaceteño de Almansa. Se trata del segundo de los proyectos que la promotora presenta, tras realizar algunas modificaciones en el primero que contó, al igual que este, con el rechazo de los cuatro municipios de la comarca de la Costera que se verían afectados por el mismo.

Cabe recordar que el proyecto incluye una red de alta tensión para evacuar la energía generada en la planta hasta una subestación en el municipio de Montesa, una línea que 36 kilómetros de longitud con 110 soportes que atravesaría los términos de La Font de la Figuera, Moixent, Vallada y Montesa.

Desde el municipio de Montesa han sido unas 700 las presentadas de manera individual ante la subdelegación del gobierno en Albacete, además de otra más fundamentada en la que se detalla lo que entienden que supondrá unas "graves afecciones negativas para el territorio" durante los más de 30 años de vida útil de las instalaciones.

Entre los motivos alegados para la oposición a este proyecto está la pérdida de más de 1.000 hectáreas de la capacidad agrícola de los terrenos afectados, tanto de secano como de regadío, con el consiguiente perjuicio en la actividad económica agrícola, una de las fundamentales para la comarca.

Uno de los colectivos que más ha estudiado el proyecto y las consecuencias para estos municipios es Montesa Territorio Viu, algo que han expuesto en la alegación de manera pormenorizada. En primer lugar, denuncian que medio centenar de viviendas y segundas residencias, principalmente en los términos de Moixent y Vallada, quedarán a poca distancia, entre 13 y 100 metros de la línea de alta tensión de 400 kilovatios.

"Verán mermada su calidad de vida, su valor, incluso las más próximas a la línea con posibles afecciones a la salud humana y obviando las recomendaciones del artículo 3 de la ley general de Salud Pública", subrayan desde el colectivo.

Asimismo, consideran incompatible que la línea eléctrica transite paralela y con cruzamientos a diferentes alturas con otras líneas existentes, por zonas que, señalan, están protegidas por la Red Natura 2000, provocando "duplicidad y sobrecarga de infraestructura eléctrica y efecto barrera" que perjudica seriamente a la avifauna y especies de la zona. Señalan especialmente los 8,2 kilómetros de la ZEPA Sierra de Martés-Muela de Cortes.

Aseguran desde el colectivo que se incumplen diversas leyes "por no ofrecer alternativas reales, proyectar las instalaciones sobre suelos con diversas figuras de protección, inundables, afecciones a Montes de Utilidad Pública, Paisajes de Relevancia Regional, la Infraestructura Verde o el planeamiento de los municipios afectados, entre otros".

Vuelve a reiterar, además, que la evacuación a la red con conexión a la subestación de Montesa de Red Eléctrica "es contraria a la ley", dado que la integración de renovables en esta subestación no está considerada en la Propuesta de Red de Transporte 2021-2026.

Hablan de irregularidad en la fragmentación del proyecto, tramitando por separado distintas plantas fotovoltaicas que forman parte de uno y que impide una valoración real del impacto y recuerdan que "el fraccionamiento de los proyectos ha recibido sentencias judiciales anulatorias de los proyectos por tribunales españoles y europeos".

Con todo lo expuesto, desde Montesa Territori Viu vuelve a insistir en la necesidad de que se garantice el derecho de los ciudadanos a generar su propia energía en hogares y centros de producción o agrupados en cooperativas o empresas de economía social.

Critican, al respecto, lo que consideran un modelo erróneo que se está imponiendo, el de las macroplantas conectadas a la red de transporte, frente a lo que se está desarrollando en el resto de Europa, "un modelo descentralizado y distribuido, de conexión directa en la red de distribución, sin necesidad de largos km de líneas de evacuación".

Es por ello que, Montesa Territori Viu lamenta el nuevo real decreto ley 6/2022, "que no va en esa dirección" y están a la espera de analizar el nuevo decreto del Consell para la agilización de trámites de instalaciones de energías renovables, aunque no son muy optimistas. "No tenemos demasiadas esperanzas tras las declaraciones del presidente Ximo Puig solicitando al Gobierno del Estado aligerar las regulaciones ambientales y paisajísticas dejándolas en una escala inferior de importancia", manifiestan.

Coinciden con Acció Ecologista-Agró en que las administraciones no deben de olvidar bajo el paraguas de la emergencia climática otra que consideran más importante, la alimentaria. "Es aún más básica que la energética y está muy maltratada social y económicamente, y que hoy, con los problemas de escasez de combustibles y de distribución más los conflictos internacionales, hacen más necesario que nunca fortalecer y asegurar su existencia".

Es por ello que tacha de contradictoria la decisión del Gobierno central de dar luz verde al cultivo de las tierras de barbecho. "Esquilmar la tierra mientras cedemos los terrenos productivos para el negocio de los fondos inversores y grandes compañías", denuncian.

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